Para empezar a hablar del tema, hay que hacer un poco de historia. En los años de gobierno del difunto ex presidente Juan Domingo Perón, el déficit de vivienda, a la vez que la necesidad de acabar con los "conventillos", impulsó una medida que beneficiaba a los entonces inquilinos: congelamiento de alquileres, prórroga ilimitada de los plazos pactados y suspensión de las ejecuciones por desalojo. Todo ello mediante leyes llamadas "de emergencia locativa".

Esa medida perjudicaba enormemente a los propietarios, pues con el tiempo, los precios de los alquileres, depreciados año a año por la inflación, no llegaron a alcanzar siquiera para pagar los impuestos de las propiedades alquiladas. Tener una propiedad alquilada era francamente ruinoso.

Fue entonces que, como un paliativo, se generalizó el criterio de incluir en la redacción de los contratos de locación, la exigencia del pago de impuestos y de expensas a cargo de los inquilinos como obligaciones anexas al precio del alquiler.

Lo que no se entiende y resulta completamente injusto e irracional, es que hoy, a más de cuarenta años de derogadas aquellas leyes de emergencia locativa, se le siga cargando alegremente al inquilino con obligaciones que corresponden al propietario, como son los impuestos y las expensas.
Piénsese que en su enorme mayoría, los inquilinos son asalariados y, obviamente, ganan un sueldo fijo. Por dicho motivo, la ley debiera garantizar que el precio de la locación sea determinado y no variable. Es una razón de elemental justicia.