La ciudad autónoma de Buenos Aires, por su población, tiene un altísimo número de edificios sometidos al régimen legal de la propiedad horizontal y por ende de administradores de consorcios.
Es de público conocimiento -porque se publican las sanciones en el BOCABA- que los administradores de consorcios son multados por la DGDYPC (Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor) de la ciudad, por violaciones comprobadas a la ley 941 CABA (texto vigente).
Esto es así porque entre los administradores, los consorcios y los consorcistas existe una relación de consumo en los términos y alcances de la ley nacional 24240 en su texto vigente, con las reformas del Código Civil y Comercial de la Nación.

Los administradores insisten con estar al margen del régimen de consumidores, para lo cual necesitan de una carrera universitaria y un colegio que los agrupe. De esa forma estarían excluidos conforme la ley vigente
En el fondo lo que pretenden con esta propuesta es tener una caja propia y también liberarse de las sanciones de un ente independiente de carácter estatal, como ocurre ahora, con las multas que adecuadamente aplica la dirección de consumidores de la CABA

Hoy, ante las conocidas dificultades económicas que sobrellevamos estoicamente (pérdida de poder adquisitivo, inflación, desempleo, ajuste tarifario, etc) quiero mirar a los consorcios de propiedad horizontal, que sustancialmente son grupos de familias que comparten un mismo techo y no empresas dedicadas a desarrollar actividades, ni tienen productividad ni ganancia.
Pero sí los consorcios generan gastos, naturalmente. Entre esos gastos aparece el costo laboral, es decir, los sueldos de los Encargados y las cargas sociales. Ese es el costo laboral.

Veamos para mayo 2019 el costo laboral lineal mínimo de un consorcio de 50 unidades funcionales, sin cocheras, de CABA, catalogado como de tercera categoría, que tiene un encargado permanente con vivienda y un ayudante no permanente sin vivienda, ambos de 20 años de antigüedad, que no hacen horas extra.

Por diferentes razones, muchos consorcios rechazan la posibilidad de tener un personal de encargados y optan los propietarios por contratar empresas que se ocupen de la vigilancia o de la limpieza.
Esto tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas está la presencia del gremio de encargados inspeccionando y generando un juicio de apremio (que es un juicio ejecutivo que se inicia ante juzgados laborales) por contribuciones patronales al sindicato, que la consideran impagas por cuanto las pagan las empresas con las que se contrató, a sus respectivos gremios.
La jurisprudencia no ha sido definitoria en el tema y el conflicto sigue en pie.