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CABA-Se instruye a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU N° 241-PEN/21- Decreto N° 130/2021

 
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Publicado en BOCABA: 16-4-2021

La índole de este decreto amerita su publicación completa



 

Buenos Aires, 16 de abril de 2021

VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 235- PEN/21 y 241-PEN/21 y el Expediente Electrónico N° 11616787-GCABA-SSCLTA/21

 y CONSIDERANDO:

Que la educación es un derecho humano básico y fundamental y, por ende, universal, inalienable, e inherente a toda persona humana, el cual contribuye inexorablemente al desarrollo de su igual e inviolable dignidad; Que, este derecho ha sido reconocido en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad, así como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional conforme establece el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Que respecto de los instrumentos del derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció que toda persona tiene derecho a la educación y que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (...)”; Que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a la educación y la obligación de los estados de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza; Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño dispone, en el artículo 28, la necesidad de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y disminuir la deserción escolar y a través del artículo 29, proporciona directrices hacia las cuales estará encaminada la educación del niño, incluyendo el “desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus posibilidades (...)”; Que, por su parte, el Comité de Derechos del Niño sostuvo en relación a los propósitos de la educación, la necesidad de que ésta gire en torno al niño/a, le sea favorable y lo/a habilite; que lo/a preparare para la vida cotidiana, y fortalezca su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos (Observación General N° 1/2001 de dicho Comité); Que asimismo la Constitución de la Ciudad en su artículo 20 garantiza el derecho a la salud, cuya satisfacción se vincula directamente con la educación y la cultura; Que, sin perjuicio de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (coronavirus) para el ciclo lectivo 2021, se articularon acciones con el esfuerzo de toda la comunidad educativa para garantizar la continuidad pedagógica de todos/as los/las estudiantes, de manera presencial; Que no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 241- PEN/2021 ha sustituido el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235- PEN/21, cuyo párrafo final reza “Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”;

Que el Decreto N° 241-PEN/2021 resulta inconstitucional, entre otras razones, por ser violatorio de la autonomía de la Ciudad y palmariamente contrario al principio de razonabilidad, receptado en el artículo 28 de la Constitución Nacional otorgando un trato desigualitario a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al aglomerado denominado AMBA frente al resto del país; Que, la norma dictada por el Estado Nacional – en lo que respecta a las clases y actividades educativas no escolares presenciales - se presenta como un mero argumento dogmático sin evidencias empíricas y sin mencionar el sustento fáctico que justifica el aludido cercenamiento del derecho a la educación presencial y un recorte arbitrario a un segmento poblacional como son los niños, niñas y adolescentes que concurren a los establecimientos educativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, asimismo, resulta violatoria de la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 5°, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías provinciales en tanto estas aseguren la educación primaria y el artículo 129 en cuanto garantiza y establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; Que el cese del dictado de las clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales, produce la extinción del derecho a éstas, cercenando el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes;

Que, en efecto, distintos organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial recomiendan que frente al aumento sostenido de casos positivos de COVID-19, las escuelas deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce dicha decisión en la continuidad pedagógica de los estudiantes; Que si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ajena a la emergencia sanitaria que está atravesando el país y el mundo, como consecuencia de la pandemia conocida como COVID-19, los estudios técnicos revelan que no son las escuelas un factor que incida en la propagación del virus, lo que fue reconocido por las máximas autoridades en materia educativa y de salud del Gobierno Nacional; Que teniendo en cuenta las evidencias científicas, los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el compromiso conjunto de toda la Ciudad, la escuela puede seguir siendo el lugar de encuentro, cuidado y seguro, para que se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el compromiso de no dejar a nadie atrás; Que, asimismo, el cierre de escuelas va más allá de la pérdida de aprendizajes básicos, pues hay cada vez más evidencia de los efectos que ha tenido sobre la ansiedad, la depresión y un daño considerable para la salud mental y el bienestar de los niños;

Que, atento la responsabilidad indelegable que tiene la Ciudad de garantizar la obligatoriedad de la educación, y el derecho a la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, resulta necesario promover sin dilaciones la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional; Que el artículo 6º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional;

Que atento a lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se instruya a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover acción judicial contra el Estado Nacional a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241-PEN/21, del 15 de abril de 2021 y se solicite una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada.

Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1°.- Instrúyese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241-PEN/21, del 15 de abril de 2021 y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada.

Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

® Liga del Consorcista

Tags: CABA, pedido de inconstitucionalidad,

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