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Por incumplimientos laborales de la empresa de vigilancia el consorcio responde solidariamente

 
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Fecha del Fallo: 25-10-2019
Partes: SANCHEZ DIEGO ANTONIO C/ ACP SEGURIDAD S.A Y OTRO S/ DESPIDO
Tribunal: CNacAp Trabajo salaV


La primera instancia hizo lugar a la demanda en lo principal.Apelan el actor, ACP Seguridad y el consorcio.

SALA

El actor se queja porque considera que debe hacerse extensiva la condena –en forma solidaria- al Consorcio en virtud de lo normado por el artículo 30 RCT. Argumenta, entre otras cosas, que la actividad de vigilancia desarrollada (en conjunto con otras obligaciones a su cargo que enumera en el escrito recursivo, como ser control de personal doméstico, planillas horarias, atención de los porteros eléctricos, etc.) por el trabajador hace a la actividad normal y específica de éste.

En este sentido, la norma del artículo 30 RCT no presupone actuación ilícita alguna, sino que supone la utilización como medio -de otras empresas-, para el logro de fines propios (definición del artículo 5 RCT). Esto es lo que vulgarmente se conoce como tercerización. Para ello se cede una esfera de actuación en la que la empresa contratada es justamente un medio.

El artículo 30 RCT establece dos supuestos de aplicación: a) “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento habilitado a su nombre” y; b) “... o contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito”.

Cualquiera de las dos hipótesis de análisis normativo desestima el análisis de la actividad de la empresa o, en el caso, del Consorcio o de su objeto social. En la primera hipótesis regulada por el legislador no es de aplicación el requerimiento de “la actividad principal y específica”. No se trata de que ésta hipótesis sea vista con mayor disfavor por el legislador sino que, pura y simplemente, “la actividad principal y específica” no está referida a la empresa, sino al establecimiento.

Obvio es decir, que quien cede el establecimiento, cede la actividad principal y específica del mismo. El requisito de la actividad principal y específica, entonces, es de aplicación a la contratación o subcontratación de servicios, no a los supuestos en los cuales lo transferido es la totalidad del establecimiento.

El caso particular de autos es uno de los supuestos en los cuales se contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, entendido este último como establecimiento laboral dentro del cual se enmarcan relaciones de trabajo y que, conforme lo resuelto por los integrantes del consorcio dispusieron la contratación de servicios de seguridad a través de la empresa Acp Seguridad S.A, siendo que las personas que se desempeñan en esa tarea se encuentran comprendidas en la actividad específica del Consorcio (como establecimiento laboral hacia el interior de la relaciones que allí se desenvuelven –art. 6 RCT-) según la norma del art. 7 inciso m) del CCT 589/101 .

Así, mientras lo cedido se mantenga en la esfera de disposición y actuación del principal, no hay dudas de que nos encontramos ante un supuesto del artículo 30 RCT. En consecuencia, la relación sustancial en análisis debe considerarse comprendida en la norma citada. Establecido ello, la ausencia de demostración del control del cumplimiento de las obligaciones exigidas por la norma determina la responsabilidad del apelante en términos del artículo 30 RCT, por lo que los agravios vertidos en estos términos han de recibir favorable acogida.

Respecto a las consecuencias jurídico económicas, debe aclararse que el principal no es deudor sobre el contenido de las obligaciones (que deben ser cumplidas por el acreedor) sino por la falta del cumplimiento por parte de los subcontratistas de los deberes para con el trabajador. Por este motivo el principal si bien no debe confeccionar el certificado de trabajo, sí debe responder por las consecuencias de la omisión. De igual forma este principio es aplicable a las multas dispuestas por los artículos 80 RCT, 2 de la ley 25.323, LNE, rubros indemnizatorios y haberes adeudados donde se responde ante la falta de cumplimiento de la obligación indemnizatorio que genera la aplicación de las multas referidas.

Digo esto porque frente al incumplimiento contractual ocasionado por el empleador, la ley llama a un sujeto para que responda solidariamente por las consecuencias de ese incumplimiento, es decir, al cedente, ya sea en el marco de una acción resarcitoria o de una multa. Por tanto, por las consecuencias del incumplimiento se puede reclamar indistintamente al empleador o al obligado solidario.

Obviamente que las obligaciones que asume el empleador en el contrato (sea por efecto del artículo 29, 30 o del 31 RCT) no son idénticas a las que asume quien ha sido considerado por el legislador como responsable solidario se queja porque considera que debe hacerse extensiva la condena –en forma solidaria- al Consorcio en virtud de lo normado por el artículo 30 RCT.

Argumenta, entre otras cosas, que la actividad de vigilancia desarrollada (en conjunto con otras obligaciones a su cargo que enumera en el escrito recursivo, como ser control de personal doméstico, planillas horarias, atención de los porteros eléctricos, etc.) por el trabajador hace a la actividad normal y específica de éste. En este sentido, la norma del artículo 30 RCT no presupone actuación ilícita alguna, sino que supone la utilización como medio -de otras empresas-, para el logro de fines propios (definición del artículo 5 RCT). Esto es lo que vulgarmente se conoce como tercerización.

Para ello se cede una esfera de actuación en la que la empresa contratada es justamente un medio. El artículo 30 RCT establece dos supuestos de aplicación: a) “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento habilitado a su nombre” y; b) “... o contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito”. Cualquiera de las dos hipótesis de análisis normativo desestima el análisis de la actividad de la empresa o, en el caso, del Consorcio o de su objeto social.

En la primera hipótesis regulada por el legislador no es de aplicación el requerimiento de “la actividad principal y específica”. No se trata de que ésta hipótesis sea vista con mayor disfavor por el legislador sino que, pura y simplemente, “la actividad principal y específica” no está referida a la empresa, sino al establecimiento. Obvio es decir, que quien cede el establecimiento, cede la actividad principal y específica del mismo.

El requisito de la actividad principal y específica, entonces, es de aplicación a la contratación o subcontratación de servicios, no a los supuestos en los cuales lo transferido es la totalidad del establecimiento. El caso particular de autos es uno de los supuestos en los cuales se contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, entendido este último como establecimiento laboral dentro del cual se enmarcan relaciones de trabajo y que, conforme lo resuelto por los integrantes del consorcio dispusieron la contratación de servicios de seguridad a través de la empresa Acp Seguridad S.A, siendo que las personas que se desempeñan en esa tarea se encuentran comprendidas en la actividad específica del Consorcio (como establecimiento laboral hacia el interior de la relaciones que allí se desenvuelven –art. 6 RCT-) según la norma del art. 7 inciso m) del CCT 589/101 .

Así, mientras lo cedido se mantenga en la esfera de disposición y actuación del principal, no hay dudas de que nos encontramos ante un supuesto del artículo 30 RCT. En consecuencia, la relación sustancial en análisis debe considerarse comprendida en la norma citada. Establecido ello, la ausencia de demostración del control del cumplimiento de las obligaciones exigidas por la norma determina la responsabilidad del apelante en términos del artículo 30 RCT, por lo que los agravios vertidos en estos términos han de recibir favorable acogida. Respecto a las consecuencias jurídico económicas, debe aclararse que el principal no es deudor sobre el contenido de las obligaciones (que deben ser cumplidas por el acreedor) sino por la falta del cumplimiento por parte de los subcontratistas de los deberes para con el trabajador.

Por este motivo el principal si bien no debe confeccionar el certificado de trabajo, sí debe responder por las consecuencias de la omisión. De igual forma este principio es aplicable a las multas dispuestas por los artículos 80 RCT, 2 de la ley 25.323, LNE, rubros indemnizatorios y haberes adeudados donde se responde ante la falta de cumplimiento de la obligación indemnizatoria que genera la aplicación de las multas referidas. .....frente al incumplimiento contractual ocasionado por el empleador, la ley llama a un sujeto para que responda solidariamente por las consecuencias de ese incumplimiento, es decir, al cedente, ya sea en el marco de una acción resarcitoria o de una multa. Por tanto, por las consecuencias del incumplimiento se puede reclamar indistintamente al empleador o al obligado solidario.

Obviamente que las obligaciones que asume el empleador en el contrato (sea por efecto del artículo 29, 30 o del 31 RCT) no son idénticas a las que asume quien ha sido considerado por el legislador como responsable solidario.....el personal...con jornada de ocho horas diarias de lunes a Sábado hasta las 13 hs. de este último día, con la misión y función de vigilar el edificio, especialmente en cuanto a la gente que ingresa o egresa y el funcionamiento de los servicios centrales, con la obligación en este último supuesto de dar aviso inmediato al designado por el administrador en caso de detectarse fallas o emergencias. Obligaciones y derechos los ejerce el empleador mediante otros dependientes o agentes a su servicio, inclusive la obligación de registrar la relación laboral que es habitualmente encomendada a contadores.

La diferencia radica simplemente en que no es lo mismo la obligación contractual que la obligación resarcitoria emergente del incumplimiento contractual. Lo que se presta a confusión en origen es la obligación contractual de hacer (que no es solidaria) con la solidaridad que resulta del incumplimiento de las obligaciones laborales que pueden dar lugar a acciones resarcitorias o a multas. Por todos los fundamentos expuestos, propicio modificar la sentencia de grado en este tramo y extender la condena –en forma solidaria- al Consorcio de Propietarios Rosales 2793, decisión que torna inoficioso el tratamiento del agravio esgrimido por éste último...

 

DISIDENCIA Adhiero ..... con excepción de lo sugerido en relación a la responsabilidad del consorcio demandado en los términos del art. 30 de la LCT, tópico en el cual considero que debe confirmarse la sentencia dictada en la anterior instancia. En efecto, como es sabido, para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, en los términos del art. 30 citado es menester que aquella contrate o subcontrate “trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento (…)”, por lo que parece claro que la norma comprende los casos en que un empresario encomienda a terceros la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento (cfr., art. 6 LCT), y si bien comprende también a las actividades que pudieran ser calificadas de accesorias, lo concreto es que deben estar integradas permanentemente al establecimiento. Supuesto que no se da en la causa en tanto que la seguridad constituye una labor accesoria y escindible del giro específico propio del establecimiento donde se presta, cuyo funcionamiento no se vería afectado por la ausencia de dicho servicio, de lo que se sigue que las tareas contratadas no forman parte del objeto propio y específico del consorcio ni pueden considerarse inescindiblemente integradas al establecimiento, por lo que el caso de autos el consorcio demandado no debe responder solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT.

Por otra parte que no se desprende de las constancias de autos que las tareas de vigilancia hubiesen sido prestadas por el actor en forma habitual y exclusiva donde el consorcio se hubiere aprovechado únicamente del resultado del trabajo efectuado por el reclamante a poco que se aprecie que tal como señaló la Sra. Juez de la instancia anterior el accionante aceptó otros destinos....el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y modificarla ... extendiendo la condena en forma solidaria al Consorcio de Propietarios Rosales

® Liga del Consorcista

Tags: laboral, Solidaridad Laboral,

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