La demandada procedió a disolver una vinculación laboral invocando para ello un abandono de tareas, sin reparar que el trabajador emplazado se encontraba atravesando un proceso de deterioro en su salud psicofísica, que estaba en su conocimiento y, en virtud de ello, bien pudo, en caso de abrigar alguna duda al respecto, recurrir a las facultades que el legislador ha previsto a fin de despejar cualquier enigma al respecto.
En efecto, bien pudo la demandada recurrir a la facultad que le otorga el art. 210 de la LCT, en consonancia con las facultades de organización a las que refiere el art. 64 del mismo plexo legal, y enviar un control médico al domicilio del demandante, previo a disponer la extinción del vínculo que lo ligaba con el actor, nada menos que desde hacía 25 años...…el silencio del trabajador frente al emplazamiento patronal, impide a mi ver, considerar que hubiere mediado en el caso un accionar discriminatorio al proceder del modo en que lo hizo la empresa, máxime si se tiene presente que –tal como lo expuso el propio actor en su demanda– la afección por adicción que padece el dependiente estaba en conocimiento de la empresa desde hacía más de tres años antes del distracto, razón por la cual, calificar la conducta asumida durante tanto tiempo después como un acto “discriminatorio” o contrario a la “solidaridad social” resultaría -en el caso- también injusto.”