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Se ordena a la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) la importación de aceite de cannabis, recomendado para una menor con discapacidad

 
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Fecha del Fallo: 10-9-2021
Partes: O., A. C. c/ EN - Mº SALUD DE LA NACION Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986
Tribunal: CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II


 (fallo completo)Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021.- Y VISTOS, Nº 9963/2021 “O., A. C. c/ EN - Mº SALUD DE LA NACION Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986” AUTOS: I.- Que mediante la resolución del 8/7/2021 el Sr. Juez a quo decidió desestimar la medida cautelar peticionada por la actora, en representación de su hija con discapacidad, con el fin de que se ordene a la ANMAT que, de forma inmediata, arbitre los medios necesarios para permitir la importación individual del Aceite de Cannabis HEMP, en la cantidad requerida según lo prescripto por el médico tratante conforme las necesidades y modalidades del tratamiento indicado a la menor, asegurándose hasta la sentencia, que permita el mantenimiento y continuidad de la provisión del producto, conforme los controles y la dinámica propia de los tratamientos ordenados con el mismo por parte de los médicos tratantes. En lo sustancial, el magistrado afirmó que, con los elementos aportados a la causa, no podía tenerse por verificada prima facie la apariencia del buen derecho alegado, pues dedujo que de la lectura preliminar de las actuaciones no se advierte –con la contundencia que exige la adopción de una medida de la naturaleza y alcances de la requerida–, que se verificara una afectación manifiesta e ilegítima de los derechos alegados por la accionante. Desde esa óptica, señaló la esencial provisionalidad de todo pronunciamiento cautelar, que excluye cualquier juicio de certeza, y concluyó que no resultaba posible por el momento considerar acreditada la verosimilitud del derecho que se invocaba, al menos en la medida necesaria como para admitir la tutela pedida. Resaltó las limitaciones que son propias del marco de conocimiento de una medida cautelar, y concluyó que la ausencia del mentado recaudo impedía admitir la tutela pretendida. II.- Que contra esa decisión interpuso la parte actora recurso de apelación el 12/7/2021. e agravió sosteniendo que la resolución que cuestiona presenta una errónea interpretación y aplicación de la ley al caso, frente a claros y evidentes derechos fundamentales de la menor beneficiaria. En este sentido, cuestiona que el Sr. Juez consideró que “la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora no se exhibe con el grado de apariencia que se requiere en el terreno cautelar”, pues -según afirma-, los hechos y derechos empecen esta argumentación, toda vez que frente a cuestiones de salud y que afectan a una menor y discapacitada, la regla desde los precedentes del Cimero Tribunal, es que debe estarse por la tutela jurisdiccional eficaz por sobre todo impedimento de rito, ello conforme el reciente fallo de la CSJN que cita: in re FSA 1845/2017/11CSl “Y.,G.N., en repr. de su hermano F.J.Y. c/ Obra Social de la Policía Federal s/ amparo ley 16.986”, CSJN 04/03/2021. A lo que añade que la decisión implica desconocer la situación de doble vulnerabilidad de la menor beneficiaria, atento lo dispuesto como reglas interpretativas incorporadas por la Ac. 05/2009 (Las “100 Reglas de Brasilia”), que hacen al fin de preservar la salud física y mental de la menor que porta discapacidad, agravado por el riesgo a su salud y vida creado ante el rechazo de la admisibilidad de la tutela pretendida. Desde esa perspectiva, sostiene que la Ley 26.854 hace admisible toda manda cautelar, frente a cuestiones relacionadas con “sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, si se encuentra comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud...” (aplicables conforme los Art 2.2 y reafirmada con la elección del legislador en el Art 10.2). Resalta que, el permiso de importación solicitado, con carácter excepcional e individual, del Aceite de Cannabis Medicinal, para tratamiento de uso compasivo, que es otorgado por la ANMAT a otras personas con discapacidad igualmente afectadas, pone en evidencia la arbitrariedad de la decisión denegatoria, y la contradicción lógica jurídica de su elección en el caso, configurándose así una evidente violación a los principio y derechos constitucionales y convencionales de “Igualdad” y “No Discriminación” (cfr. interpretación de la CIDH, en el caso “Guachalá Chimbo y Otros vs. Ecuador”, sentencia del 26/03/2021). Asimismo, afirma que la resolución del Sr. juez, se aparta de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos, 306:738, donde determinó que “... es misión de este Tribunal afianzar una pauta jurisprudencial que contribuya a fortalecer la seguridad jurídica y de tal modo evite situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales, máxime si las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación al fin último al que éstos se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho”, por lo que, dice, deben admitirse las medidas injustamente desechadas en la decisión apelada. Como corolario, destaca que, atento lo expresado precedentemente y habida cuenta la evolución del plexo normativo que recepta necesarios criterios de adecuación, conforme las incorporaciones de los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes, en especial a las de rito, resultan admisibles, todas las medidas precautorias de personas vulnerables frente a una cuestión de salud (ver cita de FASSI - YÁÑEZ, “Código Procesal comentado”, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13, y PODETTI, “Tratado de las medidas cautelares”, pág. 77, nº 19). Por último, mantuvo la reserva del caso federal, en virtud de requerir, la presente demanda, la interpretación de normas de carácter constitucional de los arts. 14, 16, 18, 32 y 75 inc. 22 y 23. III.- Que a su turno, el Ministerio Público de la Defensa, mediante el dictamen agregado en autos, asumió la intervención, en los términos del art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, en protección de los derechos de la niña R. I. C., nacida el 26 de septiembre de 2007, y adhirió al planteo recursivo interpuesto por la actora. IV.- Que corresponde precisar, según surge del escrito de inicio, que la actora promovió la presente acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, contra el Estado Nacional - Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentación y Tecnología –ANMAT–, a fin de que ordene arbitrar los medios necesarios para la importación, dentro del régimen de excepción, del producto Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil MAX 10 de 10.000 mg de CBD en 236 ML. El RSHO - MAX 10 (en adelante “HEMP”), en la cantidad requerida por los médicos tratantes de la menor con discapacidad R. I. C., conforme a sus necesidades vitales y modalidades del tratamiento indicado con motivo del diagnóstico de Epilepsia refractaria, debiendo a su vez la demandada tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para evitar los perjuicios (graves e irreparables) y garantizar la continuidad de la importación dentro del régimen de excepción del producto objeto de la provisión ordenado a favor de las necesidades vitales de la Beneficiaria, a fin de permitir procurar oportunamente la cobertura total e integral de las necesidades de salud en favor de aquélla, de conformidad con las Leyes 22.431, 24.901, y 27.350. Asimismo, solicitó que se decrete en forma urgente la medida cautelar innovativa y autosatisfactiva, habida cuenta el estado de vulnerabilidad de la Paciente, Menor y Discapacitada, conforme “Las 100 Reglas de Brasilia” (Ac. 05/2009 CSJN), que habilitan la tutela jurisdiccional inmediata y que hacen al fin de preservar la salud física y mental del menor atento el riesgo creado ante el rechazo de la admisibilidad de la importación con carácter excepcional del Aceite de Cannabis Medicinal, por parte de la ANMAT. V.- Que, en este contexto y a efectos de analizar el recaudo concerniente a la verosimilitud en el derecho, en cuanto al marco normativo conviene comenzar puntualizando que la ley 27.350 tiene por finalidad establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados; y con tal propósito se creó en la órbita del Ministerio de Salud, el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (art. 2º, decreto reglamentario 738/2017), en adelante, el Programa, al cual se le encomendó la misión de orientar, entre otras acciones, la de promover el desarrollo de evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de salud que no abordan los tratamientos médicos convencionales; como así también, acciones tendientes a la comprobación de eficacia terapéutica, efectos adversos, seguridad y limitaciones del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Ello, a fin de velar por el cuidado de la población en su conjunto ajustándose a normas internacionales, y atendiendo a los lineamientos de la OMS. El art. 7° de la citada ley establece que la ANMAT permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el Programa y cuenten con la indicación médica pertinente. Además, el art. 7º del decreto reglamentario señala que aquellos pacientes no inscriptos en el Programa y que tuvieran como prescripción médica el uso de aceite de cannabis y sus derivados para las patologías indicadas en el Programa, lo pueden adquirir bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud de acceso de excepción de medicamentos que determine la autoridad de aplicación. Con posterioridad, por resolución del Ministerio de Salud 1537-E/2017 se aprobó la reglamentación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que en el Anexo I, punto 1, dispone “El Programa establece que las personas que padezcan epilepsia refractaria y a las que se prescriba el uso de cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes, son susceptibles de solicitar la inscripción en los Registros que le dependen”. Y agrega que el referido Programa podrá incorporar otras patologías, basado en la mejor evidencia científica. A su vez, la Resol-2019-133-APN-SRYGS#MSYDS aprobó el Régimen de Acceso de Excepción a productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis destinados exclusivamente para uso medicinal ya sea para el tratamiento de un paciente individual con diagnóstico de epilepsia refractaria o bien dentro del contexto de investigación científica. En sus considerandos reconoció que la evidencia científica existente no tiene un carácter restrictivo sobre la facultad del galeno para prescribir, sino que se solicita la intervención de profesionales médicos especialistas en neurología a los fines de extremar los cuidados sobre el paciente y garantizar el seguimiento de la eficacia y seguridad del medicamento en cuestión. Hasta que con fecha 12/02/21, fue dictada la Resol. MS 654/21, que en cuanto resulta relevante para la cuestión por resolver (se trata de la norma con base en la cual ha sido denegada la importación del específico indicado para la menor beneficiaria), aprueba el Régimen de Acceso de Excepción a productos que contengan cannabinoides -o derivados de la planta de cannabis- destinados exclusivamente para uso medicinal (sea para tratamiento de pacientes en forma individual o dentro del contexto de una investigación científica; art.2), y prevé que el mencionado régimen se aplicará cuando no existan registros sanitarios en el país de productos que contengan el mencionado principio activo, o cuando dichos productos se encuentren en fase de investigación y en forma exclusiva para las patologías que revistan evidencia de calidad metodológica determinada por la autoridad de aplicación (art. 3). Su art. 12 completa el cuadro normativo en que se sustenta la denegatoria, al establecer que sólo aquéllos pacientes que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, hayan accedido a través del régimen de excepción establecido por la Resolución Nº 133/19, a un producto que contenga cannabinoides o derivados, podrán continuar con su importación. Y todo ello, unido al hecho de que se comercializa en nuestro medio un específico –aprobado por la ANMAT– elaborado a base de cannabinoides (cuya marca es “Convupididol”), que según se afirma en el acto cuestionado, constituye la alternativa terapéutica a que alude la norma vigente, comportan los factores determinantes de la negativa a admitir la importación del producto indicado por el profesional interviniente. En orden a los aspectos fácticos relevantes de la cuestión, debe ser puntualizado que la menor destinataria de la presente acción, ha sido diagnosticada con padecimiento de epilepsia refractaria secundaria a malformación cortical amigdalina hipocampal derecha, habiéndose justificado la indicación del Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236ml, como el medicamento específico y apropiado para el tratamiento de la afección referida, todo lo cual resulta expuesto en la nota emitida por el profesional tratante, con fecha 18/5/21. Por su parte, el medicamento a que se alude en el acto denegatorio (que como se ha visto, es identificado bajo la marca “Convupididol”) y que constituiría la alternativa terapéutica al específico requerido por la amparista, se encuentra indicado para el tratamiento de un cuadro diverso al padecido por la menor, consistente en convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) o síndrome de Dravet (a tal efecto se puede consultar el prospecto elaborado por el laboratorio fabricante en “www.alefmedical.com.ar/img/profesionales/prospecto”); extremo que resulta coincidente con lo expresado por el profesional tratante en la nota referida en el parágrafo precedente. De donde, una prudente e inicial aproximación permite razonablemente afirmar que, en tanto el producto a que alude la autoridad administrativa como alternativa terapéutica, no constituye el medicamento específico para tratar la patología que porta la menor beneficiaria, la situación así configurada queda al margen de la previsión contenida en el art. 3 de la Resol. MS 645/21 y, por lo mismo, también excluída de las limitaciones a la importación establecida en el art. 12 del citado dispositivo. Desde esta perspectiva, analizando la cuestión con la provisionalidad que es propia de este tipo de medidas, sin que cuanto aquí se desarrolla y valora pueda ser interpretado como adelanto de opinión sobre el fondo de la materia debatida en el presente amparo, al sólo y único efecto de la determinación de la verosimilitud en el derecho, puede tenerse suficientemente acreditado que los argumentos de orden fáctico y normativo en los que se sustenta la denegatoria a la importación, resultan “prima facie” incorrectos, en tanto no aparece en principio ajustado a una correcta valoración de los mismos, que se prohíba a la paciente recibir un medicamento que es específicamente indicado para el tratamiento de su afección, sobre la base de la existencia en el mercado local de otro producto, que según su propio fabricante, es de aplicación a un padecimiento diferente. A esta altura, es necesario destacar que la prescripción del médico tratante, traduce –en principio, y dicho esto a los efectos del análisis cautelar que se lleva a cabo– un elemento de convicción que no puede ser desconocido sin elementos de peso científico que lo desmerezcan. En función de ello, y aún bajo las limitaciones que impone el reducido ámbito cognoscitivo propio de la medida peticionada, no deja de observarse que la implícita imposición de continuar el abordaje con una droga que, según lo dictaminado, no beneficia ni trae mejoría para el puntual y concreto cuadro de la niña, pierde el grado de legitimidad necesario para mantener – mientras dure la medida, y sujeto ello a ulteriores vicisitudes dadas por el progreso propio del proceso– lo resuelto por la demandada. En este sentido, se ha resuelto que “–precautoriamente– debe estarse a los términos e indicaciones expresas del médico tratante, quien es en definitiva responsable final del tratamiento que requiere el estado de salud de la destinataria de la acción. Ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si la medicación aquí requerida resulta idónea para el tratamiento de su enfermedad”, máxime si la contraria no se hace cargo de la recomendación profesional del médico tratante”, cuestión que es considerada como “primordial” para el tribunal interviniente al momento de resolver (cfr. CNACyCF, Sala I, in rebus “G., J.M. c/OSDE s/amparo de salud”, expte. nº 3003/2019, sent. del 1º/06/2020, y “S.F. c/OSDE s/sumarísimo de salud”, expte. nº 11.666/2018, sent. del 07/06/2019). De conformidad con cuanto se lleva expuesto, ha de tenerse por configurada la existencia de suficiente verosimilitud en el derecho en el reclamo de la amparista, pues aparte de que el medicamento cuya importación se requiere parece ser prima facie el indicado para tratar de manera eficaz el padecimiento de la menor beneficiaria, en el caso también se verifica que la negativa emitida por parte de la autoridad de aplicación, se encuentra sustentada en la disponibilidad en el mercado nacional de un específico indicado para una patología diferente. VI.- Que continuando con el abordaje de los recaudos exigidos para la admisión de la pretensión cautelar, cabe referir que también ha de evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, “el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros” (Fallos, 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849); y si bien es cierto que la jurisprudencia ha sostenido que los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho puede atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa (CNACAF, esta Sala, “Toma, Roberto Jorge”, 21/12/00; Sala I “ADM Argentina SA - Inc. de Med (8-IX-11)”, 03/11/11; Sala III “ADM Argentina SA Inc med (12-V-11)”; Sala IV “Arte Radiotelevisivo Argentino SA”, 16/04/98, entre muchos otros) lo cierto es que, ambos recaudos deben hallarse siempre presentes (esta Sala, expte. 36.309/2012 “OSUPDPCN c/ EN - PJN”, 19/12/13). En el supuesto aquí configurado, y como resultado de una adecuada apreciación de las constancias de la causa, es posible advertir con claridad que se configura el más alto grado de perjuicio, actual, grave e irreparable, respecto de la menor beneficiaria, en razón del severo compromiso de su salud que representa la afección que padece (susceptible de verse agravada o cuanto menos impedida de obtener una mejoría, por la privación del medicamento durante el lapso que insume la tramitación natural del proceso), lo cual unido a su edad (13 años) y condición de discapacidad (conf. certificado emitido con fecha 13/7/18, agregado como documentación acompañada en el escrito de inicio), es determinante de las rigurosas circunstancias que habilitan una tutela diferenciada merecedora de especial protección, en los términos de las previsiones contenidas en el art. 75 inc. 23 CN, la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.061) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378) (arg. art. 2º, inc. 2º, de la ley 26.854). Y a tal fin, ha de tenerse presente que si bien el control judicial del modo en que la ANMAT ejerció su potestad de denegar el acceso de excepción a la importación de productos que contengan cannabinoides, exige un ámbito de debate mayor que el permitido en el estrecho marco de conocimiento precautorio, ello en modo alguno impide considerar que – como se ha expuesto en el considerando precedente– se ha logrado satisfacer un grado de verosimilitud suficiente para habilitar su examen en la sentencia definitiva, a tenor precisamente de la acreditada especial y delicada condición de salud de la menor “C., R.”, y la inexistencia de un medicamento específicamente indicado para dar tratamiento eficaz a su patologia, disponible en el país. VII. Que en otro orden, también es preciso valorar de modo primordial, que cuando las exigencias del interés público involucradas en la ejecución de un acto de gobierno resultan de gran intensidad, sólo perjuicios de más elevada consideración aún podrán determinar la suspensión de su ejecución; mientras que cuando esta medida tenga bajo impacto en el interés público bastarán menoscabos de menor intensidad. Este criterio ha sido aplicado por todas las Salas de esta Cámara cuando se estima que denegar la medida provocaba un daño mayor que concederla, y viceversa (Sala I, causas “Intercréditos”, resol. del 22/11/2011; y 47.861/11 “Shimisa”, resol. del 24/01/12; Sala II, causa 22.503/2013 “Grana”, resol. del 27/03/14; Sala IV, causas 18.357/11, “Pacheco”, sent. del 30/08/11 y 63.650/2017/1/CA1, “Correa”, resol. del 11/10/18; Sala V, causas “Thelonious”, resol. del 28/12/11; 36.687/2015 “AGP SE”, resol. del 12/07/16 y 8.137/2014, “Cámara Empresarial de Transporte Interurbano”, resol. del 30/05/17). Tal examen no puede eludir, entre otros aspectos, que la medida cautelar bajo análisis se limita a soslayar una restricción para la importación de un producto medicinal para una persona individual, cuyo médico tratante es responsable de la prescripción para la dolencia de la hija de la amparista, quien prestó su consentimiento para continuar el tratamiento con dicha medicación; de modo que el Tribunal debe ponderar tanto el gravamen que produciría al interés público la autorización de la importación del medicamento pretendido, si la sentencia definitiva fuera desestimatoria, como aquél que resulta y se configura en la actualidad como consecuencia de la ejecutoriedad del acto denegatorio, en el supuesto de arribarse a una decisión final estimatoria de la demanda (conf. CNCont Adm., Sala IV, causa nº 63.609/2017/1/CA1, inc apelación en autos “Abarca”, resol. del 21 de noviembre de 2017). Este balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de la tutela, ya que su denegatoria tendría un alto impacto negativo en la salud de la menor “C., R.”, en tanto por su lado, la concesión de la cautelar carece por cierto de análoga repercusión en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (decreto 738/17); ello, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar en el curso de este pleito que se llegasen a modificar las circunstancias que justificaron el dictado de esta medida (esta Sala, causa nº 87736/2018/CA1 “Martín”, resol. del 6 de agosto de 2019). Destácase por último que la tutela cautelar que por este pronunciamiento se concede no causa efectos jurídicos o materiales irreversibles, ya que una hipotética sentencia desestimatoria no se vería impedida en su ejecución y cumplimiento (conf. en similar sentido CN Cont. Adm., Sala IV, fallo del 16/07/2020, “Merovich, P. C. c/ EN - M. Salud de la Nación y otro s/ Amparo Ley 16.986”, expte. Nº 10361/20). VIII. Que en las condiciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso, revocar la decisión apelada y admitir la pretensión cautelar articulada por la amparista. En consecuencia, y de conformidad con los términos de la petición y documentación acompañada, se deberá ordenar a la ANMAT, que en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, proceda a emitir la autorización y/u/o todos los actos, disposiciones y/u/o recaudos formales, documentales y/u/o de cualquier otra naturaleza, que habilite la importación del medicamento identificado como: Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236ml, con destino y aplicación a la paciente “C.,R.” (cuyos datos serán incluidos en la notificación de la presente medida), en la cantidad de unidades que indique el médico tratante. A tales fines se deja constancia que en razón de lo previsto por los arts. 2 inc. 2, 5 2º parágrafo y 19 de la ley 26.854 no corresponde fijar plazo perentorio alguno de vigencia de la presente medida, el cual se extenderá hasta el dictado del pronunciamiento definitivo que ponga fin a la presente acción de amparo; y que se tiene por prestada la caución juratoria pertinente, con la ofrecida en el escrito de inicio. IX. Que por último, atentas las particularidades de la cuestión y los argumentos tenidos en cuenta a los fines de la decisión adoptada, se estima adecuado distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 2º parte, 69 y 279 C.P.C.C.N.). Por ello, SE RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la resolución apelada y admitir la pretensión cautelar articulada por la amparista; 2°) ordenar a la ANMAT, que en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, proceda a emitir la autorización y/u/o todos los actos, disposiciones y/u/o recaudos formales, documentales y/u/o de cualquier otra naturaleza, que habiliten la inmediata importación del medicamento identificado como: Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236ml, con destino y aplicación a la paciente “C., R.” (cuyos datos, que surgen de la causa, serán incluidos en la notificación de la presente medida), en la cantidad de unidades que indique el médico tratante; 3°) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA- LUIS M. MÁRQUEZ - MARÍA CLAUDIA CAPUT///

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Tags: jurisprudencia, cannabis, ANMAT,

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