Contenido para:
Todo el país

Procesamiento confirmado de quien concurrió a una fiesta con covid 19 positivo y contagió a otros-Arts.202-203 del Código Penal

 
139 personas leyeron esto
0 comentaron al pie
Versión para imprimir
Publicado el
Fecha del Fallo: 31-3-2021
Partes: Torales Pereyra, Eric Luciano s/ recurso de queja
Tribunal: CAM. FED. DE CASACION PENAL.Sala 01-CAPITAL FEDERAL, CABA


Fallo Completo

///nos Aires, 31 de marzo de 2021. AUTOS Y VISTOS: Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña -Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- y 15/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal -CFCP-, para decidir acerca de la queja por recurso de casación denegado interpuesta en el presente legajo N° FSM 11179/2020/7/RH1 del registro de esta Sala I, caratulado: “TORALES PEREYRA, Eric Luciano s/ recurso de queja”. Y CONSIDERANDO:

I. Que, en fecha 9 de noviembre de 2020, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por los señores jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Moran, resolvió confirmar el auto del juez de grado que rechazó el planteo de nulidad formulado por la defensa particular de Eric Luciano Torales Pereyra respecto del procesamiento y embargo dictados en fecha 4 de mayo de 2020, en orden al delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado enfermedad y muerte (artículos 45 y 203 in fine en función del artículo 202 del Código Penal –CP-).

 II. Contra esa decisión, la defensa particular del nombrado interpuso recurso de casación, cuya denegatoria motivó la presentación directa ante esta instancia

III. Llegado el momento de resolver sobre la admisibilidad de la vía interpuesta, se advierte que la parte recurrente manifestó su disconformidad con los argumentos expuestos por el tribunal de la anterior instancia para denegar el recurso de casación, sin lograr refutarlos a través de sus agravios. En ese sentido, es menester señalar que la decisión cuestionada -por su naturaleza y efectos- no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de un auto que pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Sobre el particular, tiene dicho la CSJN que no constituyen pronunciamientos definitivos las decisiones cuya consecuencia sea la obligación del imputado de continuar sometido a proceso criminal, ya que no ponen fin al pleito ni ocasionan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 248:661, 296:552, 305:1344; 310:1486 y 311:252, entre otros). Así como también, que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictiva (Fallos: 328:1874). Por lo demás, las discrepancias valorativas expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal de mérito, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), o en alguna cuestión federal debidamente fundada (Fallos: 328:1108), supuestos que permitirían habilitar la jurisdicción revisora de esta Alzada. En razón de lo expuesto, circunscripto el análisis a los agravios planteados corresponde rechazar la queja interpuesta, con costas (arts. 478, 530 y 531 del CPPN). Por ello, el tribunal RESUELVE: I. RECHAZAR la queja interpuesta por la defensa particular de Eric Luciano Torales Pereyra, con costas (arts. 478, 530 y 531 del CPPN). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial –CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Daniel Magnone.///

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1 FSM 11179/2020/CA2, Carátula: “NN: N.N. Y OTRO s/VIOLACION DE MEDIDAS-PROPAGACION EPIDEMIA(ART.205) DENUNCIANTE: FERNÁNDEZ, MELINA MARIEL (INTENDENTA DE MORENO)”, del Juzgado Federal de Moron n 1 , Secretaria Nº 3 Registro de Cámara:12687

San Martín, 9 de noviembre de 2020.- VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal (punto dispositivo I) y la asistencia técnica de Eric Luciano Torales (puntos dispositivos I y II), contra el auto que dispuso su procesamiento en orden al delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado enfermedad y muerte y, mandó trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de cincuenta millones de pesos. Ya en esta instancia, el Sr. Fiscal General destacó que el recurso de ese Ministerio Público se limitó al punto dispositivo I, no cuestionándose la libertad dispuesta ni el embargo ordenado. Por tal motivo, entendió que en atención a la posición de esta Cámara, acerca de que la calificación legal asignada en el auto de procesamiento a los hechos endilgados a un imputado no resulta apelable, por carecer de agravio -art. 449, a contrario sensu, del C.P.P.N.-, atento que dicho auto no causa estado, no incide en la libertad del imputado, ni supone una distinta tramitación del juicio, debe declararse erróneamente concedido. Por su parte, la asistencia letrada del encausado, expresó agravios a través de un análisis dogmático de distintos aspectos de los delitos contra la salud pública, con base en variada doctrina y jurisprudencia. Criticó la validez de la resolución del magistrado de la instancia anterior –cuestión resuelta en el día de la fecha en el incidente respectivo-, a la vez que consideró que existen medidas de prueba –mencionadas en el descargo de su pupilo- que resultan necesarias para el descubrimiento de la verdad, las que no han sido ordenadas. En este entendimiento, resaltó la posibilidad de que hubiera otros focos de contagio en el mismo evento al que asistiera su pupilo. Concluyó, que no existe evidencia directa o concreta que permita trazar una relación causal entre el encausado y el contagio generado en la fiesta del 14-3-2020. Asimismo, señaló que Torales desconocía por completo que pudiera ser portador del virus COVID 19, ya que no presentaba ningún síntoma, relatando que no se enfermaron las personas de su círculo cercano, tanto quienes estuvieron permanentemente a su lado en el viaje realizado o circunstancialmente a su regreso a la Argentina, por lo que entendió no puede considerarse configurado el elemento subjetivo requerido por la figura penal imputada, ni a título de dolo ni de culpa, cuestionando que la tipicidad culposa pueda realizarse mediante una omisión impropia, como la atribuida a estos autos. Por último, valoró como infundado y desorbitante el monto del embargo dispuesto. III. Teniendo en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en esta instancia y, en base a los antecedentes reseñados en su dictamen, corresponde declarar erróneamente concedido el recurso de esa parte. Sentado ello, la jurisdicción de esta Sala ha quedado limita al recurso de la defensa en lo referente a la imputación que se desprende del auto en crisis y al monto del embargo dispuesto. Se encuentra incuestionado en estos autos que el imputado asistió a la fiesta realizada el 14 de marzo de 2020 en el salón “Alma de Hornero” de la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Ello, en violación a las disposiciones de “aislamiento obligatorio” dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en el DNU 260/2020 cuya finalidad era evitar la introducción y/o propagación de la pandemia COVID-19. El encausado estaba comprendido dentro de esa prohibición, por haber regresado de un viaje proveniente de uno de los países considerados “zona afectada por la pandemia de COVID -19”, Art. 4 del citado DNU, específicamente de Estados Unidos de América, el 13 de marzo en el vuelo AR 1313 de la empresa Aerolíneas Argentinas. Tampoco existe controversia alguna, acerca de su diagnóstico de COVID -19 (fue internado el 16 de marzo, confirmándose que tenía esa enfermedad, con los resultados de los análisis de laboratorio, el 21 de marzo de 2020). Asimismo, conforme se desprende de las constancias de autos, varios de los asistentes a ese encuentro social fueron diagnosticados con la enfermedad referida, resultando la muerte de uno de ellos. Se encuentra, entonces, centrada la cuestión en si la acción de Torales de asistir a la fiesta, en violación a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, constituyó, al menos, una propagación culposa de una enfermedad. La Sala ha señalado recientemente, (FSM 13510/2020/17, Reg.: 12.657, Rta.:22-10-2020), que esta Cámara Federal de Apelaciones ha considerado ya con su anterior integración, al delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas como de peligro (Confr. causa 3198, “Av. Contaminación Río Reconquista”, Reg.:2631, Rta.:26-8-1992). Así, se señaló que el tipo penal demanda que la conducta constituya un “acto idóneo para transmitir la enfermedad (…) (creando) el peligro de que la enfermedad se disemine. No es necesario que se enfermen varias personas, ni que, por el lo menos, se enferme una, porque la ley no reprime el hecho de andar enfermando a la gente, sino el de andar diseminando o esparciendo la enfermedad que padece el autor” (Nuñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal, Córdoba, 1992, t. V, v.I, págs.. 122-123; y Carrara Francesco, Programa de Derecho Criminal, traducción de las ediciones italiana 4°, 5° y 11° por José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, 6° edición, Temis, Bogotá, 2001, V. VI, págs.. 313-315; entre otros). Aquellos que se aproximan al riesgo efectivo de lesión al bien jurídico, exigen algo más, puesto que consideran que “se trata de un delito de conducta peligrosa concreta, en el sentido de que, si bien no es necesario que alguna persona se contagie, si lo es que se propague la enfermedad como tal, con riesgo para la generalidad de las personas” (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal Culsoni, Santa Fe, 202 t. II-c, p. 226; y Rodriguez Campos, Eloisa, Régimen Penal de residuos peligrosos, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, p.47). La posición del Tribunal no acuerda con quienes consideran que se trata de un delito de lesión o daño y, en consecuencia, no hace suyas las posturas que sostienen que lo que se castiga es la efectiva propagación de una enfermedad y no el peligro de su propagación y exigen la constatación de una pluralidad de afectados (Tazza, Alejandro Código Penal de la Nación Argentina Comentado. Parte Especial. 2° edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, t.II, p. 474; y D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, 2° edición, La Ley, t. II, p. 982) o de, cuanto menos, una persona (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, 4° edición, Tea, Buenos Aires, 2000, t.IV, p.660; y Libster, Mauricio H., Delitos ecológicos, 2° edición, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 228). También debe precisarse que la figura del artículo 202 del Código Penal, admite que puede ser ejecutada con dolo eventual (D’Alessio, t. II, p. 982; Tazza, t. II, p. 475; Navarro Guillermo Rafael, Asturias, Miguel Angel y Leo, Roberto, Delitos contra la salud y el medio ambiente, Hammuabi, Buenos Aires, 2009, p. 134; Donna, t. II-C, p.226; y Nuñez, t. V, vI, p.124). Delimitada la conducta típica requerida, tanto para la modalidad dolosa, como culposa (artículos 202 y 203, primera parte, del Código Penal), resta analizar la segunda parte del artículo 203 del Código Penal. El tipo culposo está conformado por una figura básica y otra agravada. En la primera, prevé la pena de multa y en la segunda de prisión, en caso de que la conducta tuviera como resultado enfermedad o muerte (artículo 203, primera y segunda parte, respectivamente). En orden a que este Tribunal considera el delito básico como de peligro, sin demandar la verificación de que la propagación causa la enfermedad en las personas, ni mucho menos que provoque la muerte de individuos, no encuentra reparos en la distinción de supuestos que formula el artículo 203 del Código Penal, como sí lo señalan aquellos que entienden que se trata de un delito de lesión o daño. Más allá de la técnica legislativa empleada en la que se prevé la misma pena de prisión en caso de que se verifiquen dos resultados disímiles y con distintos grados de afectación para las personas, las circunstancias agravantes del tipo culposo – la enfermedad o muerte de, cuanto menos, un individuo-, puede ser atribuida en la medida que se acredite la relación de causalidad entre la acción del sujeto activo y el resultado (Navarro, Asturias y Leo, p. 162), o bien, la relación de causalidad hipotética o la posibilidad de evitar el resultado de haberse interpuesto la acción indicada, frente a un tipo de comisión por omisión. Sentado cuanto precede, ha de tenerse en cuenta que en el momento en que ocurrió el hecho imputado, las medidas y esfuerzos gubernamentales estaban centrados en mitigar la propagación e impacto sanitario del virus -que ya estaba disperso en otras regiones de varios continentes-, de allí las disposiciones restrictivas en relación con quienes ingresaban al país (párrafo segundo de los considerandos del decreto presidencial de necesidad y urgencia N 260/2020). En ese momento, no se había afirmado la existencia de una circulación comunitaria de la enfermedad. Adviértase, que el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación, anunciaba que en la República Argentina la mayoría de los casos eran importados pero que se detectaba transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria (ver en www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/marzo2020 reporte diario del 14-3-2020). En ese entendimiento, se categorizaron como “zonas afectadas” a determinados países, entre ellos los Estados Unidos de América (Art.4 DNU 260/2020). La medida de aislamiento (Art.7, Inc. d) se tomó, precisamente, como una acción preventiva, para quienes hubieran transitado por esas zonas afectadas, fijándose otras obligaciones a quienes presentaran síntomas. Así, el decreto presidencial reconociendo expresamente el riesgo que implicaba el carácter de pandemia otorgado por la Organización Mundial de la Salud al COVID -19, colocó a estas personas que ingresaban al país, provenientes de lugares con la categoría señalada, en una posición de especial protección de la salud pública. Esa calidad que revestía Torales imponía la exigencia de aislamiento, ya que había sido reconocido expresamente, el riesgo o posibilidad de haber entrado en contacto con el virus en el lugar donde había permanecido de vacaciones, donde la enfermedad ya estaba extendida y circulaba. Ese riesgo, era conocido por el imputado, no sólo por la difusión pública de la situación a nivel mundial, sino porque también implicaba un protocolo distinto al momento de su arribo al país (declaraciones juradas que al momento del informe de enviado por la Unidad Sanitaria Ezeiza, estaban en etapa de digitalización). Las particularidades del momento, pueden verse reflejadas, tal como indicara el Sr Juez a quo, en el uso de barbijo por parte del imputado, acción que no era obligatoria, por lo que visibiliza una conciencia de las peculiaridades del período. Esto, en modo alguno implica sospecha de enfermedad, pero sí refleja el conocimiento de la situación excepcional y preventiva que atravesaban los pasajeros y un acto de protección que lleva ínsito, el reconocimiento de una amenaza. La parte cuestiona que fuera el imputado el origen de los contagios, pretendiendo una serie de averiguaciones previas a una decisión de mérito, una cadena de posibles movimientos migratorios respecto de todos los asistentes a la fiesta, tanto invitados como personal asignado a trabajos relacionados con el evento y de las personas con las cuales ellas tuvieron contacto. En primer término, como se señalara ut supra, en la época en que sucedieron los hechos, las medidas sanitarias permitían establecer una trazabilidad en la circulación del virus. Esto, conforme se desprende de la denuncia que impulsara estos actuados, fue justamente lo que llevó a individualizar al encartado. La parte no ha indicado ningún otro asistente que encontrándose en la situación preventiva exigida por la norma hubiera podido aumentar en forma conjunta con el encartado el riesgo que se intentaba evitar; por el contrario, ha indicado a sujetos que habían realizado viajes pero a zonas distintas a aquellas que delimitara el decreto, es decir, sobre las que no pesara ninguna situación especial de cuidado que implicara exigirles una determinada conducta. Por otro lado, tampoco puede presumirse por datos posteriores, que esa situación ya existía al momento del hecho objeto de autos y menos hacer variar una obligación que estaba en cabeza del imputado. Pretende que se establezca de manera categórica una relación entre el actor –Torales- y el resultado –contagio a varios asistentes-. En primer término, debe entenderse que esa conexión que debe existir entre la acción y el resultado puede tratarse, según la naturaleza del hecho, de una relación de determinación o simplemente probabilística. Esta última característica, se da cuando esa acción en algunos casos y no siempre e inevitablemente produce la consecuencia dañosa. Es en esta última categoría, que corresponde al juez, a través de la valoración conjunta de las constancias incorporadas a la causa y sana crítica mediante, establecer prima facie si puede entenderse probada la relación causal correspondiente. La situación bajo estudio, es precisamente una de esas en la que la relación es probable y no certera, justamente porque la salud y sus parámetros no pueden categorizase de manera exacta. De allí que varios de los allegados al imputado no reflejaran la presencia del virus o que no se contagiaran la totalidad de los asistentes al evento. En este entendimiento, a los fines de su atribución con relevancia penal, un suceso puede vincularse causalmente con las consecuencia típicas establecidas en la norma, si puede inferirse de determinadas condiciones antecedentes. En el caso que ocupa el acuerdo, la situación de riesgo había sido reconocida por el gobierno nacional estableciendo normas obligatorias de prevención. El encausado conocía esas disposiciones preventivas que lo obligaban a cumplir una rigurosa cuarentena, decidiendo ignorarlas, con un actuar imprudente y contrario a la normativa vigente. Cabe recordar lo señalado por Gustavo Edgardo Aboso al analizar el Art. 203 del C.P., “el autor actúa de manera imprudente o negligente cuando no adopta los cuidados objetivos necesarios impuestos por su actividad y contagia a un tercero de una enfermedad contagiosa y peligrosa. Por lo general es pensable que esta conducta imprudente aparece cuando el autor desconoce la enfermedad que porta (imprudencia inconsciente), o bien tiene conocimiento de ella, pero en ambos casos infringe los deberes objetivos de cuidado” (“Código Penal de la República Argentina Comentado”, concordado con jurisprudencia” Ed. BdeF, 5 ed. Pág.1231). Se trata aquí de una presunción en el peligro de propagación, que resulta independiente de si el pasajero proveniente de uno de los países considerados de ese modo presentaba o no sintomatología acorde a la enfermedad que fuera declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ello, toda vez que la transmisión podía darse por la simple presencia del sujeto portador, fuera o no portador de síntomas y sin necesidad de que realizara ningún acto particular para contagiar. El elemento subjetivo que ha entendido presente en el caso el Sr. Juez a quo, es la culpa. Es decir que admite, como afirma la defensa, que el encartado no ha obrado con una intención deliberada de propagar la enfermedad. No afecta, prima facie la tipicidad, el hecho de que Torales no haya imaginado que podía ser portador del virus; ello, toda vez que esa alternativa había sido establecida de modo genérico por la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso alcanzaba con saberse proveniente de un país considerado “zona afectada”. Lo que es atribuible al encartado, conforme la calificación escogida por el magistrado a quo, es la decisión de desoir esa prohibición preventiva y por su actitud imprudente y negligente, generar las circunstancias adecuadas para poner en riesgo la salud pública. Teniendo en cuenta esta situación, las reglas de la probabilidad acerca de la situación común de las personas que se contagiaron, marcan la fiesta a la cual asistió Torales, el único lugar que todos compartieron. Ello, sumado a que el encartado fue diagnosticado con COVID-19, puede concluirse con el grado de convicción propio de este estadio procesal que fue su conducta, anticipada como probabilidad por las disposiciones legales, la que generó que esas personas tuvieran contacto con el virus, desarrollando la enfermedad con distintas evoluciones según cada caso concreto. Puede afirmarse, entonces, que su actuación distinta a la debida, la convirtió en inadecuada, desprovista de la cautela que demandaba la situación concreta, instalándola dentro de un ámbito prohibido que generó su responsabilidad penal, por su apartamiento a la lex artis (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, traducción a la 2° edición por Luzón Peña, DiegoManuel, Diaz y Garcia Conlledo, Miguel y De Vicente Remsal, Javier, Civitas, Madrid, 2006, t.1, p.372; y Terragni, págs.. 122-124 y 143). De esa forma, propagó una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, porque fue quien generó un acto idóneo para transmitir el virus a otros. Por último, ha de resaltarse que se trata de una etapa que no requiere certeza y que la parte podrá articular, en el momento procesal destinado al debate amplio y profundo, cada una de las consideraciones que entienda pertinentes, incluidas las cuestiones acerca del posible error en la causa de justificación, lo que al no resultar evidente, excede el análisis primario de este estadio del proceso. Así las cosas, corresponde confirmar el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso. IV. En lo que respecta al monto del embargo dispuesto, y conforme ha fundado la resolución en crisis, ha de tenerse presente que conforme establece el código adjetivo, debe fijarse teniendo en cuenta las costas del proceso y los honorarios profesionales. A ello cabe agregar la posibilidad de los agraviados de constituirse en actores civil, pretendiendo una acción resarcitoria. Esta previsión no puede desecharse por el simple hecho de que aún no lo hayan hecho, toda vez que no ha caducado la oportunidad procesal para hacerlo. Debe destacarse, que conforme se desprende de la denuncia y de las actuaciones incorporadas, y más allá de las personas individualizadas en la resolución en crisis, se trató de un evento del que participaron cien invitados a las que deber agregarse las personas contratadas para los distintos servicios. Estas particularidades son las que fundan adecuado el monto del embargo ordenado.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR erróneamente concedido el recurso de apelación articulado por el Ministerio Público Fiscal. II. CONFIRMAR el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso. Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 26.856) y devuélvase- JUAN PABLO SALAS JUEZ DE CAMARA- MARCELO DARIO FERNANDEZ JUEZ DE CAMARA- MARCOS MORAN JUEZ DE CAMARA- MARIA ALEJANDRA LORENZ PROSECRETARIO DE CAMARA MARIA ALEJANDRA LORENZ PROSECRETARIO DE CAMARA

NOTA: Para dejar constancia que el acuerdo de los señores jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, fue realizado por medios virtuales o remotos y firmado electrónicamente por los magistrados y funcionario actuante, de conformidad a lo dispuesto por la Acordada 12/2020 de la CSJN, en el contexto de la situación excepcional o de emergencia declarada por los DNU 297/2020, y sus prórrogas y DNU PEN 875/202; Acordadas 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 18/2020, 25/2020 y 27/2020 de la CSJN; y Acordada 61/2020 y providencias de presidencia del 20/3/2020, 1/4/2020, 13/4/2020, 27/4/2020, 12/5/2020, 9/6/2020, 30/6/2020 y 20/7/2020 de esta CFSM y sus respectivas prórrogas. San Martín, 9 de noviembre de 2020.///

 

® Liga del Consorcista

Tags: jurisprudencia, coronavirus, covid19, causa penal,

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Todas las novedades en Propiedad Horizontal
 
NOVEDADES RECIENTEMENTE PUBLICADAS