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Ciudad de Buenos Aires

Se hace lugar a cautelar y se embargan bienes de compañía aérea que se negó a devolver el dinero por compra de pasajes no utilizados por pandemia

 
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Fecha del Fallo: 8-7-2021
Partes: M., I. y otros c/ Transportes Aéreos Portugueses SA s/ relación de consumo
Tribunal: JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO NRO 2. CABA


Fallo completo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de julio 2021. VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. Que el señor M. I. y la señora A. P. iniciaron demanda ordinaria contra Transportes Aéreos Portugueses S.A con el objeto de obtener una indemnización por daños y perjuicios, debido a que la demandada se habría negado a devolverle el dinero abonado por pasajes aéreos que no pudieron utilizar por causa de la pandemia del COVID-19. También solicitaron la aplicación de daño punitivo; todo ello con intereses y costas. Refirieron haber celebrado con la demandada un contrato de transporte aéreo abonando los siguientes tickets: M., I.: xxxxx y A., P.: xxxxx para los siguientes trayectos: "1. Vuelo TP1128 de Lisboa, Portugal a Tenerife, España para el 13 de Mayo de 2020. (Costo del pasaje: USD 182,52). Ticket N° xxxxx y ticket N° xxxxx. 2. Vuelo TP1127 de Tenerife, España a Lisboa, Portugal para el 17 de Mayo del 2020 y Vuelo TP1036 de Tenerife, Portugal, con escala en Lisboa, Portugal, a Barcelona, España para el 17 de Mayo del 2020. (Costo del pasaje $ 18.675) " Añadieron que el día 12.3.2020, por Decreto 260/2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el Aislamiento Obligatorio y la suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las "zonas afectadas" durante el plazo de TREINTA (30) días, debido a que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia el 11.3.2020. Señalaron también que el 16.3.2020, por Decreto 274/2020, el Poder Ejecutivo Nacional estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional y la de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del coronavirus COVID-19. Sostuvieron que atento a la situación expuesta los vuelos fueron cancelados, imposibilitándose la utilización de los tickets contratados. Afirmaron que por ello es que procedieron a comunicarse con la demandada, la que les brindó como única alternativa un voucher de transporte y nunca hizo lugar al reembolso que solicitaron. En ese contexto, requirieron el dictado de una medida cautelar con el fin de que "se ordene como previo e inaudita parte en los términos de los art. 209 inciso 2 y 3, 198 del CPCCN trabar embargo contra la demandada provisoriamente por la suma de USD 182,52 o su equivalente en moneda de curso legal y $ 18.675 con más lo que V.S. se sirva presupuestar para atender eventuales accesorias por intereses, costos y costas, sobre fondos presentes y/ futuros que posea la demandada."; para lo cual prestaron caución juratoria. 2. Con fecha 7 de julio 2021 pasaron los autos a resolver. 3. De modo preliminar, corresponde analizar la procedencia de la cautela requerida a la luz del derecho de relaciones de consumo, cuyo marco normativo que resguarda los derechos de usuarios y consumidores posee carácter de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 24.240. También he de tener presente que el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo (CPJRC) establece que "[l]as medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida" (artículo 124). Por su parte, la doctrina procesalista ha exigido, tradicionalmente, la concurrencia de tres recaudos para la procedencia de las medidas cautelares, a saber: la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela. En cuanto a la verosimilitud del derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que su configuración no exige un examen de certeza del derecho invocado sino tan solo de su apariencia (Fallos 330:5226, entre muchos otros). Con relación al peligro en la demora, sostuvo que su examen "exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, por la sentencia definitiva..." (Fallos 344:1033)

A su vez, se ha sostenido que "[e]stos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar"1 . 3.1. En el caso nos encontraríamos frente a una relación de consumo entre la parte actora, en su carácter de consumidora y la demandada, proveedora del servicio de transporte aéreo. Al respecto, y con las salvedades del caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA ha dicho que quienes "contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que 'consumidores' en los términos de la ley 24.240, es decir, son parte en una relación de consumo al adquirir los servicios de una empresa."2 . Cabe resaltar que nuestro ordenamiento jurídico otorga especial tutela a consumidores o usuarios de bienes y servicios. Así, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que "[l]os consumidores tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". En la misma línea, en el artículo 46 del la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna..." Por su parte, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor en el artículo 6, inciso b, Anexo, pto. III de Principios Generales, establece que "Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender son las siguientes (...) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores." 3.2 En atención al marco normativo referido anteriormente corresponde que la pretensión cautelar sea analizada desde la tutela protectoria que brinda el derecho de los consumidores y usuarios. En este sentido, la Ley N° 24.240, a lo largo de su articulado, establece que en caso de duda se estará a la interpretación que más beneficie al consumidor o usuario (ver, por caso, los arts. 3, 25, 37) y el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su artículo 1094 que "[l]as normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor [...] En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor". Asimismo se ha dicho que "[e]l derecho del consumidor cruza transversalmente el sistema, desoyendo calificaciones civiles o comerciales, contractuales o extracontractuales, etc., planteando sus propios y relevantes principios, los que plasma como prevalentes, imponiéndose como norma de orden público (art 65 ley 24.240) "3 . Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que "[e]ste principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural [...] Es por ello que con el fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor en aras de afianzar esta protección preferencial de raigambre constitucional"4 . 4. Que asentado ello, cabe analizar si la pretensión cautelar de los actores se ajusta a los términos detallados anteriormente. 4.1. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, se advierte de la prueba documental que los actores abonaron un importe de pesos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco ($ 18.675) conforme las facturas n° 0103-04519974, 010304519984, emitidas por Despegar.com.ar S.A. por el servicio de transporte aéreo que habría de ser brindado por la compañía Transportes Portugueses SA. Asimismo, de lo manifestado en el escrito de inicio y del intercambio de correos electrónicos acompañado se desprende que, con motivo de la pandemia del virus Covid-19, dichos viajes fueron cancelados y que la compañía no habría hecho lugar a la solicitud de reembolsar los pasajes. En virtud de lo descripto hasta aquí, y sin que ello importe emitir opinión sobre el fondo de la cuestión debatida, encuentro suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho invocado en el escrito de inicio que torna procedente la medida solicitada sobre el monto de pesos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco ($ 18.675) suma que representaría el importe por los servicios de transporte aéreo contratados y no utilizados. 4.2. En lo que respecta al peligro en la demora, también he de tenerlo acreditado, en atención al riesgo probable de que el demandado caiga en estado de insolvencia, dada la situación económica global del mercado turístico que los actores refieren en la demanda y que es de público y notorio conocimiento. La situación allí descripta, de crisis en el sector aerocomercial a nivel mundial, permite inferir que podría existir un peligro cierto de que, aún prosperando el reclamo judicial, la demandada no dispusiera de recursos suficientes para satisfacerlo. En definitiva, de los argumentos vertidos en el escrito inicial puede apreciarse, dentro del ámbito de conocimiento restringido propio de este tipo de medidas, la configuración del peligro en la demora requerido para admitir su procedencia. 5. En lo que respecta a la contracautela, en atención a la existencia de una Relación de Consumo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127, último párrafo del CPJRC, entiendo suficiente la caución juratoria prestada por el actor en el escrito de inicio. Por lo hasta aquí expuesto y en el marco de lo que establecen el artículo 124 y 131 del CPJRC, el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 42 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y demás normas citadas, y la normativa concordante y vigente, RESUELVO: 1°) Tener por prestada la caución juratoria ofrecida por los actores. 2°) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, bajo exclusiva responsabilidad de la parte actora, sobre las sumas de dinero que Transportes Aéreos Portugueses S.A. tenga depositadas en el sistema financiero -ya sea cuenta corriente y/o caja de ahorro y/o cuenta de valores al cobro y/o cuenta títulos y/o depósitos a plazo fijo-, así como las que en el futuro puedan depositarse en las cuentas antes mencionadas, siempre que coincida el nombre del ejecutado, hasta cubrir la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco ($ 18.675) en concepto de capital, con más el 30% presupuestados provisoriamente para responder a intereses y costas. Hágase saber que las sumas embargadas deberán ser depositadas en una cuenta a nombre de autos y a la orden del Tribunal y Secretaría, en la sucursal Tribunales del Banco Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría a través del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que, de conformidad con lo dispuesto por las Comunicaciones A6281, A6286 y modificatorias, proceda a efectivizar la medida ordenada. Hágase saber que el diligenciamiento se encuentra a cargo del peticionante. La oficiada deberá comunicar al Tribunal -a la casilla de correo electrónico [email protected] el resultado de la diligencia encomendada en el plazo de tres (3) días. 3°) Trabada que sea la medida, notifíquese a la demanda junto con el traslado de la demanda ordenado en el punto IV de la actuación n° 1319720/2021. Regístrese y notifíquese electrónicamente a la actora por Secretaría ROBERTO ANDRES GALLARDO JUEZ SECRETARÍA N° 1 DE LA OF. GESTIÓN JUD. EN REL. CONSUMO - JUZGADO 2////

NOTAS 1 Cámara Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., Sala 1, "Única Heras, Claudia contra GCBA y otros sobre Apelación - Amparo - Ambiental" Expte. N° 4570/2017-1, del 9/11/2017. 2 'Fortunato Jose Claudio c/ American Airlines y otros s/ pérdida/daño de equipaje', sentencia del 4 de Diciembre de 2012 -Id SAIJ: FA12030413. 3 Tratado de Derecho del Consumidor, Gabriel Stiglitz y Carlos A. Hernández, pág. 159, Tomo 1, La Ley, Ed. 2015. 4 CSJN, en autos "Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor -PADEC- c/ BankBoston N.A. s/ sumarísimo", recurso de hecho. Sentencia del 14 de marzo de 2017; ver considerando 6°///

® Liga del Consorcista

Tags: pandemia, viajeros, pasajeros, transporte aéreo,

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