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Mendoza

Se admitió una cautelar contra AFIP por parte de un contribuyente a quien querían aplicar el impuesto a las grandes fortunas (ley 27605), pero se fijó un límite temporal de la cautelar por el término de cuatro (4) meses.

 
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Fecha del Fallo: 20-8-2021
Partes: INC. APELACIÓN EN AUTOS NUCETE, RAFAEL MANUEL c/ AFIP¬DGI s/ ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B --


 

 

 (parcial) Mendoza, 20 de agosto de 2021. Y VISTOS: Los presentes autos N° FMZ 3722/2021/1/CA1, caratulados: “INC. APELACIÓN EN AUTOS   NUCETE,   RAFAEL   MANUEL   c/   AFIP¬DGI   s/   ACCION   MERE DECLARATIVA   DE   INCONSTITUCIONALIDAD”,   venidos   del   Juzgado   Federal   de Mendoza n° 4, a esta Sala “B”, en virtud del recurso de apelación interpuesto en representación de la parte actora en fecha 10/06/2021, contra la resolución del 4/06/2021 que rechaza la medida cautelar solicitada;

Y CONSIDERANDO:     Voto del señor juez de cámara doctor     Alfredo Rafael Porras.         1) La presente causa se inicia con la acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del CPCCN. interpuesta por el apoderado del Sr. Rafael Manuel Nucete, contra la AFIP¬DGI,  a   fin  de   que  se  declare  la  invalidez   de  la  Ley   27.605,  en   cuanto  instituye   el denominado   “APORTE   SOLIDARIO   Y   EXTRAORDINARIO   PARA   AYUDAR   A MORIGERAR   LOS   EFECTOS   DE   LA   PANDEMIA”   (de   modo   indistinto,   “A.S.”,   o   “el aporte”) y de sus normas complementarias (Decreto reglamentario nro. 42/2021 y RG AFIP nro. 4930/2021). Asimismo, solicita se dicte una medida innovativa mediante la cual se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos ¬Dirección General Impositiva- la suspensión de los efectos de la Ley 27.605, y en su mérito, ordenar que se abstenga de iniciar cualquier tipo de reclamo,   administrativo   y/o   judicial,   derivado   de   la   aplicación   del   Aporte   Solidario   y Extraordinario  para  Ayudar  a  Morigerar  los  Efectos  de  la  Pandemia  sobre  los  bienes  que conforman el patrimonio de su mandante, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa. La señora juez de primera instancia rechazó la medida cautelar, entendiendo que la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora no se exhibe con el grado de apariencia que se requiere en el terreno cautelar, en tanto remite al examen y análisis de cuestiones cuya naturaleza y peculiar complejidad exigen un marco de debate y prueba que excede -con creces el   acotado   espacio   cognoscitivo   inherente   a   este   tipo   de   procesos;   circunstancia   también vinculada   con   el   requisito   de   peligro   en   la   demora   y   con   la   acreditación   del   perjuicio patrimonial   que   conllevaría   y,   si   éste   reviste   una   magnitud   que   signifique   una   palmaria absorción de la renta generada por sus bienes. En este sentido, valoró que si bien el informe unilateral producido por la actora pretende denotar esa situación, ello no encuentra respaldo suficiente a efectos de la procedencia de la medida requerida en este estadio larval del proceso. 2)  Disconforme con ello, la parte actora, interpone recurso de apelación para fecha 10/06/2021.  En  primer lugar,  tilda a la resolución de arbitraria y se agravia de la considerada ausencia de verosimilitud del derecho que sostiene la magistrada. Critica el hecho que, para el sentenciante no tiene valor probatorio alguno, o al menos valor indiciario, la certificación contable emitida por un profesional de la materia, observando las reglas y formas que le impone el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Se pregunta para qué serviría una certificación contable emitida por un contador público que se hace responsable del contenido de su informe, y que queda expuesto a graves sanciones si sus conclusiones no tuvieran un grado de coincidencia con las que surjan de la pericia contable que oportunamente se produzca en autos. Asimismo, agrega el interrogatorio de qué otros elementos de convicción serán exigibles a la actora, más allá de cuanto surge del Anexo “A” incorporado con la demanda y la certificación contable, para tener por acreditada en un grado razonable el fumus bonis iuris. Entiende que, al exigirse en este estado procesal una prueba concluyente ¬que para el sentenciante solo sería la pericia contable- , se destruye la función esencial de toda medida cautelar, cual es, la de constituirse en una especie de tutela anticipatoria de la acción declarativa promovida. …………………. Expone a su vez que, de las DDJJ del señor Nucete, surge que su crecimiento patrimonial corresponde a un ajuste de valores y/o diferencias cambiarias, y no responde a un crecimiento genuino. El patrimonio del contribuyente no ha obtenido renta en el año 2020. En otro orden de ideas,  considera que debe merituarse en el presente análisis que para la aplicación del impuesto a los bienes no se evalúan las pérdidas que en el año tuvo el contribuyente,   simplemente  se  hace  hincapié   en   su  comunidad   de   bienes,   soslayando  toda consideración sobre la existencia o no de renta durante el transcurso de dicho período. Agrega que la norma en su redacción no distingue los bienes que el contribuyente pueda tener en el exterior, es decir no hace diferencias entre inversiones financieras o inversiones en empresas productivas, que, como en el caso que nos ocupa, integran un grupo empresario olivícola. En   cuanto   al   peligro   en   la   demora,   critica   su   rechazo.   Manifiesta   que   su   parte   sí demostró la incidencia económica concreta del impuesto impugnado sobre el patrimonio del actor, esto es, la obligación total del “Aporte” llega al extremo de absorber más del 33% de la renta ficticia de los bienes gravados, conculcando palmariamente el derecho de propiedad. Así también, puntualiza y acredita, con la documental y composición patrimonial que surge de la certificación contable, que el señor Nucete solo puede afrontar el pago de este nuevo impuesto recurriendo al crédito o realizando bienes. Invoca jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. 3)  Corrido   el   traslado   pertinente,   la   representante   de   la   AFIP   contesta   en   fecha 30/06/2021 y luego de efectuar un repaso por los antecedentes de la causa, considera que la sentencia no es arbitraria y que se encuentra correctamente fundada. En ese sentido, piensa que en este estadio procesal, es adecuado no tener por acreditada la confiscatoriedad con una sola prueba, aportada unilateralmente por la actora.  A su vez, arguye que en la normativa impugnada no existe trato discriminatorio ni afectación al derecho de igualdad, atento a que la distinción que realiza la ley se basa en parámetros   objetivos   de   capacidad   contributiva   y   de   tenencia   de   activos   financieros   en   el exterior. Añade demás consideraciones, a todas las cuales hacemos remisión. 4)  Ingresando al análisis de los temas planteados, cabe precisar que en toda medida cautelar la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud.  ………………… El resultado de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene, en todos los casos, valor   no   de   una   declaración   de   certeza   sino   de   hipótesis   y   solamente   cuando   se   dicte   la providencia   principal   se   podrá   verificar   si   la   hipótesis   corresponde   a   la   realidad   ……………como   regla,   el   régimen   de   medidas   cautelares   suspensivas   en   materia   de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, porque además de estar en juego el principio de presunción de validez de los actos de los poderes públicos, afecta de manera directa al interés de la comunidad, dado que incide en la percepción de la renta pública …………. se advierte que la Ley 27.605 crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, de emergencia nacional y reforma fiscal sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, cuando el valor de la totalidad de sus bienes exceda de los trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) para el caso que se sitúen en el país y de doscientos millones de pesos ($200.000.000) cuando se posean bienes en el país y en exterior, diferenciando también las alícuotas a ingresar, las que en el primer caso van entre el 2,25% y el 3,50%; mientras que en el segundo, son del 3% al 5,25% ………………………..De este modo y dentro de la precariedad cognoscitiva propia de la instancia precautoria y   sin   que   ello   importe   adelantar   opinión   sobre   el   fondo   del   asunto,   se   entiende   que   la verosimilitud en el derecho invocado aparece configurada respecto a la aplicación de la tabla prevista por el art. 5 de la ley 27.605; sobre la base de una colisión entre la norma y las garantías expresas contenidas en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que el régimen que se pretende implementar absorbería gran parte de la renta Los posibles efectos confiscatorios que surgen del examen preliminar de la aplicación de la normativa contenida en el mentado artículo (5°) y de su incidencia en la economía de la actora, llevan a la convicción sobre la razonabilidad parcial de la petición precautoria  –dado que, como se dijo, no sucede lo mismo con la aplicación de la alícuota prevista por el art. 4¬.  La solución a la que se arriba, importa una formulación provisional, que recién podrá agotarse una vez desarrolladas las probanzas pertinentes, con el debido contralor probatorio de la demandada, pues, no se ignora que se trata de una prueba de parte que necesita poder ser controlada y controvertida por la contraria, conforme las normas del debido proceso, lo cual ocurrirá   recién   en   el   recurso   del   juicio   ………………se estima suficiente el Informe Especial   de   Contador   Público   sobre   los   cálculos   de   incidencia   del   Aporte   Solidario   y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia – Ley n°27.605 sobre la renta. …………………………………. sin embargo, teniendo en cuenta que la RG N° 4930/21 de la AFIP dispuso que el aporte extraordinario y obligatorio vencía el 30 de marzo, prorrogado al 16 de abril (RG N° 4954/21), estableciendo esa fecha para la presentación de las DDJJ y el pago, esta Sala entiende que a partir de allí se podría poner en movimiento el procedimiento   para   su   cobro,   abriendo   la   posibilidad   de   inicio   de   la   ejecución   fiscal   y posteriores consecuencias derivadas de ello. c)  Párrafo   aparte   merece   el   tratamiento   del   requisito   de   no   afectación   del   interés público, pues dada la naturaleza de la medida cautelar aquí dispuesta, la misma no puede configurar lesión al interés público ya que se encuentra circunscripta a la situación de un contribuyente respecto de su situación en relación al pago del aporte en función de encontrarse cuestionada la constitucionalidad del aporte solidario y extraordinario por afectar el principio de igualdad y la garantía de razonabilidad. …………………………..en el caso no se discute el cobro del impuesto en sí, sino únicamente la diferencia que surge de determinar el mismo conforme las alícuotas agravadas para los bienes situados fuera del país. ………………………   se   estima   conveniente   circunscribir   la  medida   precautoria   que   aquí   se   adopta únicamente al aporte que grava los bienes situados en el exterior (art. 5° de la ley 27.605) y por un plazo determinado de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente a la demandada   (art.      ley   26.854),   feneciendo   automáticamente   al   expirar   ese   lapso,   con   la salvedad de lo previsto en el art. 5º, tercer párrafo de la ley citada. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la necesidad de fijar un límite temporal a las medidas precautorias …………….. Por   lo   expuesto,   por   mayoría, SE   RESUELVE:   1)   HACER   LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de apelación deducido por el representante de la actora y, en consecuencia,  MODIFICAR  la   resolución   del   4/06/2021.  2)   CONCEDER PARCIALMENTE  la medida cautelar peticionada, a favor del contribuyente Nucete Rafael Manuel, en los términos del art. 15 de la Ley 26.854 y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) se abstenga de aplicar el art. 5 de la ley 27.605 que regula la alícuota del aporte solidario sobre los bienes situados en el exterior; como asimismo de intimar y/o ejecutar administrativa o judicialmente la falta de ingreso de dicho aporte, aplicar multas, embargos o cualquier otra medida indirecta, hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta el cumplimiento del plazo del resolutivo 4º), lo que ocurra primero.  3) PREVIO  a todo rinda CONTRACAUTELA  hasta   la   suma   de   PESOS   DOS   MILLONES   SETECIENTOS VEINTIÚN  MIL ($ 2.721.000) para responder a  los  eventuales daños y  perjuicios que  la petición irrogara de no resultar procedente en lo sustancial la acción intentada. 4) FIJAR como límite temporal de la medida precautoria adoptada el término de cuatro (4) meses a partir de la notificación   de   la   presente,   conforme   lo   expresado   en   los   considerandos   precedentes.  5) IMPONER las costas de la presente instancia en el orden causado en atención a la novedad del reclamo (art. 68 segunda parte del CPCCN). 6) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, en un 30% de lo que sea establecido para la primera instancia. Proceda el señor juez a quo a calcular dichos emolumentos en la etapa procesal oportuna, en pesos y UMA cuando existiere base cierta para ello (arts. 30 y 51 de la ley 27.423).  Protocolícese. Notifíquese. Publíquese//

 

® Liga del Consorcista

Tags: impuesto a las grandes fortunas, ley27605, cautelar,

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