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Mendoza

Con fundamento en la prevención hubo discriminación, dado que la Dirección General de Escuelas dispuso que la ocurrente era no apta- por sobrepeso- tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente. Corresponde indemnización.

 
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Fecha del Fallo: 7-10-2021
Partes: Martínez,Laura Angela C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Tribunal: Tribunal de Gestión Asociada Primero del Poder Judicial de Mendoza


 (parcial) MENDOZA, 07 DE OCTUBRE DE 2021. VISTOS: Estos autos…..llamados a dictar sentencia …….. RESULTANDO: A fs. … la Dra. Carolina Jacky, por la SRA. LAURA ÁNGELA MARTÍNEZ, denuncia violencia de género e interpone demanda Ley 26.485 en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza, Dirección General de Escuelas, solicitando medida de protección y a su vez, el resarcimiento del daño moral provocado a su mandante. Funda en derecho y ofrece pruebas. …………. se presenta la Dirección General de Escuelas ……….. deduciendo la excepción de prescripción liberatoria. Aduce que la actora sostiene que en el año 2004, emplazada a obtener el certificado de aptitud psicofísica, aparece en el obtenido, por primera vez, la leyenda “con patología de sobrepeso”. ……………. la actora, contesta el traslado de los responde, sosteniendo que en los mismos la demandada ha hecho un reconocimiento de la discriminación que efectuó respecto de la Sra. Martínez. ……………. CONSIDERANDO: ENCUADRE LEGAL: 1).- LEY TEMPORALMENTE APLICABLE Antes de ingresar al análisis de lo peticionado, es preciso señalar que al momento de resolver se encuentra en plena vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ………… El Art. 7° del nuevo Código Civil, trata de la eficacia temporal de las leyes y así, dispone que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes…” . Interpretando dicho artículo dice al respecto el Dr. Lorenzetti que se trata de una regla dirigida al juez y le indica qué ley debe aplicar al resolver un caso y establece que debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efecto retroactivo, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley. La ley fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (Art. 5°) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior. La norma, siguiendo el Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las que se constituyeron o se extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato. Por ejemplo, si se constituyó un derecho real, ello queda regulado por la ley anterior. Pero si se está en el proceso de constitución, por ejemplo, si se está constituyendo un derecho real, pero todavía no se concluyó, tal situación está alcanzada por la nueva ley. De manera tal que la regla es la aplicación inmediata. Y agrega el prestigioso autor citado que en el sistema actual, la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto, la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida. En igual sentido se expresa la más calificada doctrina cuando enfatiza en que el régimen actual conserva como regla general el sistema adoptado por el anterior Código Civil después de la reforma de la ley 17.711 consistente en la aplicación inmediata de la nueva ley, tanto a las relaciones y situaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a ella como a las consecuencias de aquellas existentes al tiempo de entrada en vigor del nuevo texto, reconociéndose -además- que el tema que inicialmente causará mayores dificultades será el de su aplicación a los juicios en trámite. …………. La demandada en los presentes sostiene que la actora reclama por un daño que se configuró en el año 2004, en razón del relato que la actora realiza de su situación desde el ingreso al trabajo bajo dependencia de la DGE. Sin embargo, advierto que el daño que se reclama es el producido por la situación que se genera a partir del año 2016, cuando la Sra. Martínez, al tramitar su certificado de aptitud, obtiene un “no apto” para el desempeño de sus tareas administrativas y docentes y las vicisitudes sufridas ante la junta médica que corresponde a la evaluación posterior al no apto obtenido. Es por esta razón que considero que más allá de las leyes especiales aplicables al caso, en materia de daños y perjuicios se aplica el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tanto a los presupuestos de la responsabilidad como a las consecuencias del daño. 2).- LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EL CURSO DE LA PRESCRIPCIÓN: SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN. El curso de la prescripción liberatoria comienza a correr desde que la obligación se torna exigible, y lo hace por el plazo establecido por la ley de fondo. Dicho curso puede interrumpirse o suspenderse por causales previstas por la ley. En autos, la actora al demandar funda su pretensión reparatoria en los arts. 2, 3 y 6 en sus incisos b) y c) de la L 26485, en el Decr. Reglamentario 1011/2010 y en los arts. 1741 y cctes del CCCN, más allá de la fundamentación que hace en el derecho convencional y las pautas constitucionales de nuestro país. Sostiene que el hecho generador de la responsabilidad lo constituye el certificado no apto para la docencia y las tareas administrativas de fecha 12/08/2016 y su consecuente proceso administrativo posterior, es decir, la evaluación ante la junta médica. El plazo para el cómputo de la prescripción en el presente proceso, en el cual se pretende la indemnización derivada de la responsabilidad civil del Estado es de tres años, conforme lo establecido por el art. 2561 del CCCN. …………….existencia de daños continuos. En nuestro país en materia de prescripción de la acción de daños no son muchos los trabajos de doctrina que podemos consultar. Distinto es el panorama que presenta la jurisprudencia, la cual ha tratado el tema de maneras muy diversas. …………. nuestra jurisprudencia nacional ...ha sentado una regla general para la acción de daños y perjuicios, basada en la inconmovible máxima: actio non nata non praescribitur..., de lo que resulta que la acción nace en el momento que el daño se produce ó cuando el damnificado toma conocimiento de que el daño se ha producido. No hay problema cuando el daño es concomitante con el hecho ilícito: Ahora bien, si el daño no se produce en ese momento o el damnificado no tiene conocimiento de su producción, la doctrina se cuestiona cuál es el momento de nacimiento de la acción. La C.S.J.N.  señala que a los fines del cómputo de la prescripción, debe partirse desde el momento en que los daños fueron reconocidos por el reclamante, y asumieron por tanto un carácter cierto y susceptible de apreciación... ……… Dentro de la categoría de los daños continuos, a su vez, debemos distinguir una subespecie: la de los denominados sucesivos, que son aquellos que son consecuencia de una causa común a todos, cuyos efectos se despliegan en el tiempo pero se producen en forma periódica. Los daños diferidos son aquellos en los cuales existe un lapso de tiempo entre el hecho ilícito y la aparición de los daños. Por ejemplo, una mujer de dieciocho años que por una mala praxis médica descubre diez años después que como efecto de la misma se ha producido su esterilización. Para este tipo de daños se ha resuelto que la prescripción corre desde que el daño aparece, pues ese es el momento en que queda configurado el ilícito que da derecho a reclamar la indemnización, ya que no existe reparación sin daño. Los daños continuos son aquellos en los cuales la conducta dañosa única se prolonga en el tiempo, desplegando efectos duraderos, como por ejemplo: el secuestro de una persona. ………. Los daños sucesivos, en cambio, deben ser tratados de forma independiente, ya que se encuentran caracterizados específicamente por la falta de previsibilidad del proceso dañoso, razón por la cual prescriben independientemente unos de otros porque la periodicidad y las posibles tareas de solución inter-efectos crean en la víctima la legítima expectativa de solución que aparentaba ser exitosa, razón por la cual, no siendo previsibles las sucesivas etapas del daño, existe una independencia de cada daño que justifica prescripciones diferentes. Tal considero, es el caso de autos, dado que, conforme veremos a posteriori, si bien los daños que alega haber sufrido la actora tienen una única causa, se han producido periódicamente, habiendo medidado la realización de conductas por la actora que permitían presumir que a futuro las cosas cambiarían. Resultando en los presentes que si bien la actora al demandar sindica que la causa productora del daño deviene desde 2004 -lo que se corrobora con las instrumentales agregadas-, los daños que reclama son aquellos que no se encuentran prescriptos al momento de la interposición de la demanda relativos - como oportunamente analizaré- a los devenidos desde el año 2016 en adelante. Conforme lo expuesto corresponde rechazar la defensa de prescripción esgrimida con costas a cargo de la demandada, y avocarme al tratamiento de la acción instaurada en autos. 3).- EL DERECHO APLICABLE. En el presente caso y conforme ha quedado trabada la litis, estamos en presencia de una conducta de la Administración empleadora que la actora sindica contraria a lo previsto por la Ley 26485 en sus arts. 2 y 3, la que conforme lo dispuesto en sus arts. 6 inc. b) y c) y en el Decreto Reglamentario 1011/2010, impone además, la interpretación armónica de sus disposiciones con las demás normas de derecho convencional, constitucional y legal, que prevean cualquier caso de violencia en contra de las mujeres. ……………En el presente caso, la DGE responderá en forma directa por el daño que hubiera producido o por los que hayan causado aquellas personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones. Esta responsabilidad es objetiva y los presupuestos para su configuración son: el daño y la relación de causalidad entre el hecho y las consecuencias y la autoría, aún anónima, de una persona que omita o actúe en ocasión o con motivo de una encomienda estatal. Acreditados los mismos, la demandada sólo podrá eximirse de responsabilidad si acredita la ruptura del nexo de causalidad por causa ajena. 4).- LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL En el año 2002, la actora empezó a trabajar en la DGE luego del correspondiente preocupacional realizado por el Ministerio de Salud, en el cual fue considerada apta para el trabajo para el cual se postulaba. En el año 2004 su certificado de aptitud psicofísica es emitido como “apto con patologías preexistentes”, siendo ésta el sobrepeso. Emplazada a sacar un nuevo certificado ante el vencimiento del anterior, la actora obtiene la calificación de “no apto”, teniendo como motivos la obesidad y un aparente problema en las cuerdas vocales. Luego de concurrir a un otorrinolaringólogo, a una nutricionista y bajar de peso, logró que tal situación se modificara obteniendo un certificado de apto con preexistencias, fundado como patología única en la obesidad, el 04.01.2013. A partir de allí, se mantuvo bajo controles nutricionales, logrando bajar alrededor de 10kg., pero a principios del año 2016 y frente a la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, salud laboral dispuso que la Sra. Martínez era no apta, tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente. Al momento de interponer la presente acción, no había sido todavía modificada la condición de este certificado, si bien la actora se había sometido a la junta médica acompañando diferentes certificados médicos de los que constaba su aptitud para realizar las tareas correspondientes a los cargos que ostentaba. Recién en fecha 11.05.2017 obtuvo un certificado apto con preexistencia para la realización de tareas docentes. Lo expuesto ha quedado acreditado en estos autos ……………. Como expuse al momento de resolver el procedimiento preventivo, el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada por los agentes de la demandada. ……………..No dudo que todo el proceso que la Sra. Martínez ha acreditado viene realizando desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente sufrido que el Estado debe reparar, ya que con fundamento en la prevención ha rayado con la discriminación, lesionando severamente no sólo la igualdad, sino todos los derechos constitucionalmente garantizados de la actora. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda instada por la Sra. Laura Angela Martínez, respecto de los daños que resulten probados en su existencia y cuantía. 5).- CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES DEL DAÑO. El daño moral es toda aliteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra. ……………… Sin dudas la situación vivenciada por la Sra. Martínez significa una experiencia negativa en la vida de toda persona. A ello se suman los constantes controles a los que debió someterse, diversos estudios y tratamientos, la negativa frente a la posibilidad de obtener un ascenso en su lugar de trabajo y las trabas que ha significado en su desempeño laboral la actitud asumida por la demandada, que sin duda ha repercutido en su esfera de relación, generando una gran angustia por la pérdida de trabajo y lo que la remuneración del mismo implica para su familia. La duplicidad de no aptos para tareas docentes y administrativas implicó también, en la actora, la preocupación de no poder obtener el cambio de funciones previsto en la legislación para los docentes con patologías específicas. No puedo olvidar, además, que durante largos períodos no ha podido acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos. ………..……….. 6).- COSTOS Y COSTAS. Los costos y costas deberán ser soportadas por la demandada vencida, en virtud del principio chiovendano de la derrota. Los honorarios de los letrados se regularán de conformidad con las pautas de la L 9131 y los de los peritos de acuerdo a lo establecido por el art. 184 del CPCCyT. Conforme lo expuesto, normativa, doctrina y jurisprudencia citada, RESUELVO: 1).- HACER LUGAR A LA DEMANDA INSTADA POR LAURA ANGELA MARTÍNEZ, y en consecuencia, condenar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, dentro de los DIEZ DÍAS de quedar firme la presente, a abonar a la actora la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.350.000), suma calculada a la fecha de la presente, comprensiva de los intereses detallados en los considerandos, y sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder en caso de incumplimiento hasta el efectivo pago. 2).- Condenar a la demandada al pago de las costas del presente proceso. 3).- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, a la fecha de la presente y sin perjuicio de los intereses que pudieran corresponder en caso de incumplimiento hasta el efectivo pago………….para CADA UNO de ellos. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. FDO. FABIANA MARTINELLI JUEZ

® Liga del Consorcista

Tags: discriminación, jurisprudencia, indemnizaciones,

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