Contenido para:
Neuquén

Inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 24.018 (conforme ley 27.546) y de parte de la Resolución SSS 10/2020.ANSES deberá prescindir del cese efectivo del actor en su cargo de juez, para otorgar el beneficio previsional.

252 personas leyeron esto
comentaron al pie
Versión para imprimir
Publicado el
Fecha del Fallo: 6-4-2022
Partes: Coscia, Orlando Arcángel c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) y otro s/ amparo ley 16.986-(FGR 358/2021/CA3) Juzgado Federal N°1 de Neuquén
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de General Roca


 (parcial) General Roca, 6 de abril de 2022. VISTOS: El recurso interpuesto por la demandada ANSeS contra la resolución que admitió parcialmente la demanda de amparo y declaró la inconstitucionalidad de las normas impugnadas; Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto—ley 1285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue. El doctor Mariano Roberto Lozano dijo: 1. La resolución apelada hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la inconstitucionalidad del art.9 inc.b) de la ley 24.018 (modificada por la ley 27.546) y del punto 2 inc.e) del anexo I de la Resolución SSS 10/2020, haciéndole saber a la ANSeS que deberá prescindir del cese efectivo del actor en su cargo de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén como recaudo para otorgar el beneficio previsional por él solicitado el 15/12/………., la jueza sostuvo que el núcleo del conflicto residía en la constitucionalidad de exigir al actor el cese definitivo en el cargo –es decir, que renuncie y que el Poder Ejecutivo Nacional la acepte- para obtener el beneficio previsional. Señaló que la accionada no había precisado la finalidad que perseguía la incorporación de ese requisito en la reforma del régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios. Procedió a evaluar los antecedentes parlamentarios de la ley 27.546, sin hallar explícita referencia a tales motivos ni relación clara con los fines declarados de la reforma: fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, así como abordar la situación de déficit generada por el régimen especial para asegurar su financiamiento sostenible. A su vez, sostuvo, las disposiciones afectaban derechos del accionante, que se veía impedido de acceder a la jubilación de manera inmediata y contemporánea con el cese laboral, de modo tal de ver cumplida, sin interrupciones, la función sustitutiva del salario propia de la prestación previsional. ………. Contra esa decisión se alzó la accionada. ……. señaló, no se produjo incertidumbre ni angustia alguna al beneficiario. Consideró menoscabada su garantía de defensa, en la medida en que la magistrada dictó una condena -concluir el expediente administrativo y otorgar el beneficio sin el requisito de renuncia- exorbitante respecto al objeto de la demanda contestada con el informe del art.8 de la ley 16.986. Dijo que el exceso de jurisdicción quedaba demostrado con el hecho de que el actor seguía al día de hoy en actividad y, por ello, nunca se habían reunido los presupuestos que fundamentaron la resolución recurrida. ………….. 3. Llegados los autos a esta instancia se corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que presentó su dictamen el 8 de marzo de 2022 …….. 4. La parte actora inició este proceso para requerir la inconstitucionalidad del artículo 9 inciso “B” de la ley 24.018 (t.o. 27.546) y del punto 2 inciso “E” del anexo I de la resolución SSS 10/2020, normas de las cuales emana que la obtención del haber previsional se halla supeditada al cese definitivo en el cargo de magistrado, para cuyo perfeccionamiento se requiere la aceptación de la renuncia por parte del Presidente de la Nación, acto cuya fecha determina la de adquisición del derecho y fija el régimen jurídico aplicable. El accionante explicó que ese diseño de la normativa provocaba una indeterminación sobre las condiciones legales a las que debían ajustarse el cálculo y la concesión del beneficio, al supeditarlos a un acto futuro –la aceptación de la renuncia-, además de generar la interrupción de la percepción de ingresos en el periodo que pudiese transcurrir entre el perfeccionamiento de la renuncia y el otorgamiento del haber jubilatorio (fs.3). Con ello, dijo, se veían afectados los derechos a la seguridad social, a la no regresividad, a la propiedad y a la igualdad, en la medida en que ningún otro régimen previsional, local o federal, exigía la aceptación de la renuncia para habilitar el inicio del trámite previsional. Calificó de irrazonable el dispositivo, por no adecuarse a los fines perseguidos por la reforma del régimen de la ley 24.018 … Entiendo que este resumen de lo demandado despeja cualquier duda acerca de la congruencia con lo decidido por la jueza de grado cuando dio la razón al accionante y ordenó a la ANSeS prescindir del “cese efectivo del actor en el cargo como recaudo para acceder al beneficio previsional por él solicitado”. No observo extralimitación de la magistrada, ni resulta abstracto su pronunciamiento. El inicio y avance del expediente administrativo no implican, como afirma la recurrente, la desaparición de la controversia, pues la aceptación de la renuncia del accionante sigue siendo requerida para otorgarle y liquidarle el beneficio sin que se encuentre garantizada la continuidad de sus ingresos en su tránsito a la pasividad. Prueba de ello es que la captura de pantalla que la recurrente adjunta a su memorial describe al trámite en estado “Para cómputos y liquidación” al 13 de enero de 2022, mientras una consulta a la misma base de datos, a la que este tribunal tiene acceso por convenio con el organismo previsional, señala que al 17 de febrero el estado cambió a “A dictaminar x servicio jurídico UDAI”. Es decir que, aun confirmada por esta cámara con fecha 8 de junio de 2021 la medida precautoria dictada el 13 de abril anterior, que ordenó prescindir del requisito de renuncia para culminar el trámite (“mantenga la tramitación ya iniciada del Expediente Administrativo Nº 201401104434291 hasta su resolución final” fue la orden cautelar), y a más de 15 meses de la solicitud del actor (15 de diciembre de 2020), la ANSeS no ha otorgado el haber y aguarda dictamen jurídico en lo que parece ser más una suerte de actitud contumaz que el derrotero natural de ese trámite administrativo. Tampoco despeja la potencial interrupción de los ingresos del actor la resolución SSS 10/2020 cuando permite, una vez presentada la renuncia al cargo y pendiente su aceptación, ingresar “la documentación pertinente a los fines de confeccionar el legajo previsional, para poder otorgar y liquidar en forma expedita la prestación incoada, ante la presentación del cese definitivo”, pues “forma expedita” no implica inmediatez y, a la luz de lo advertido en el párrafo anterior, no lo es necesariamente. En definitiva, entiendo con la jueza de grado que el requisito de cese definitivo en el cargo, definido en la reglamentación como “renuncia y aceptación”, en su aplicación concreta pone en riesgo la integridad de los ingresos alimentarios del magistrado. Ello se debe a que le está vedado el acceso a soluciones como la renuncia condicionada, que la generalidad de los trabajadores – incluso los de otros regímenes especiales- tiene a su disposición para evitar cualquier interrupción en la percepción de ingresos durante la transición a la pasividad. Esa desigualdad con respecto a los restantes beneficiarios del sistema –que además es causa innecesaria de mortificación- no se encuentra justificada y, en consecuencia, produce agravio constitucional; más aún si se tiene en cuenta que la garantía de integralidad de las remuneraciones reconocida en el art.110 de la CN alcanza a los magistrados jubilados ………... La Corte Suprema de Justicia de la Nación en “De la Horra, Nélida c/ Administración Nacional de la Seguridad Social” (Fallos, 322:464), estableció que la regla contenida en el art.14 de la ley 16.986 no había sido dejada sin efecto en forma expresa ni implícita por la ley de solidaridad previsional, con especial énfasis en que cuando se quiso incluir en el ámbito de aplicación del art.21 de la ley 24.463 procesos que tenían una regulación específica, las disposiciones pertinentes fueron modificadas. Las costas de la segunda instancia, en tanto, deberían ser impuestas a la recurrente (art.14 y 15 ley 16.986). El doctor  Richar Fernando Gallego dijo: Adhiero a las conclusiones del voto que antecede. Por lo expuesto, y oída la representante del Ministerio Público Fiscal, EL TRIBUNAL RESUELVE: I. Rechazar el recurso de la demandada, con costas. II. Registrar, notificar, publicar y, oportunamente, devolver. Fecha de firma: 05/04/2022 Alta en sistema: 06/04/2022 Firmado por: MARIANO ROBERTO LOZANO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: RICHAR FERNANDO GALLEGO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARTIN FILIPIC, SECRETARIO DE CAMARA///

® Liga del Consorcista

Tags: Jubilaciones & Pensiones,

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Todas las novedades en Propiedad Horizontal