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RECHAZO DE CAUTELAR PARA REPONER EN PUESTO DE TRABAJO A QUIEN FUERA DESPEDIDO CON CAUSA

 
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Fecha del Fallo: 26-8-2020
Partes: GONZALEZ VERONICA ANDREA C/ MARKETING RESEARCH AND MERCHANDISING S.A. Y OTRO S/ MEDIDA CAUTELAR
Tribunal: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VIII


FALLO COMPLETO

BS AS 26 de agosto 2020  VISTO Y CONSIDERANDO: I.- Que, en acuerdo se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para resolver el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora mediante presentación digital de fecha 10/08/2020 contra la decisión de grado de fecha 6/08/2020 que rechazó la medida cautelar peticionada por la reclamante. II.- Liminarmente, de la lectura de las constancias de la causa, surge que la Sra. González inicia la presente medida cautelar en procura de que se ordene la reinstalación a su puesto de trabajo por haber sido despedida por su empleadora en violación a lo dispuesto por el DNU Nº 329/20 (prorrogado por el DNU 487/20) En el caso, el Sr. Juez A quo mediante resolución de fecha 6/08/2020 rechazó la medida cautelar peticionada por la reclamante (en realidad una medida “autosatisfactiva”), la cual, por tratarse de un proceso autónomo, se agota por sí misma y donde el demandado sólo puede ejercitar su defensa en el momento de recurrir la misma. Para así decidir, consideró que no se advierten acreditados en la causa los recaudos legales del art. 195 y concs del CPCCN, a fin de acceder a la pretensión actoral, que, la medida solicitada requieren que se aprecie con mayor rigurosidad los presupuestos necesarios para su admisibilidad. Sentado lo expuesto, de las manifestaciones formuladas por la parte actora en el escrito inicial y en su memorial recursivo, surge que las cuestiones debatidas en la causa giran en torno a la eficacia o no de la extinción del vínculo laboral habido entre las partes, dispuesto por la empleadora con la invocación de “abandono de trabajo”, en los términos del art. 244 LCT (cfr. TCL del 13/07/2020, aportados digitalmente). Dicho esto, cabe señalar que el DNU Nro. 329/2020 -y sus prórrogas mediante DNU Nros. 487/2020 y 624/2020- invocado por la reclamante, dispone en su art. 2º “… Prohìbense los despidos sin causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor…” y en el art. 4 que “… los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2º y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones labores existentes y sus con condiciones actuales…”, las cuales fueron dictadas en el marco de la emergencia pública establecida por la ley 27.541, la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto Nro. 260/2020 y su modificatorio y el Decreto Nro. 297/2020 que estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO). En el sub lite, conforme las fechas en que se cursaron las comunicaciones telegráficas transcriptas en el inicio, el distracto se produjo vigente las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior. Sin embargo, no se puede soslayar que las disposiciones legales citadas en modo alguno contemplan el “despido con causa”, como habría sucedido en el presente. En tales circunstancias, subyace una controversia de aristas complejas que requiere mayor amplitud de debate y elucidación fáctica, que resultan ajenas al prieto marco de una pretensión cautelar. En la especie, no se puede perder de vista que la petición de la reclamante, que gira en torno a la reincorporación en su puesto de trabajo, no tiende a mantener la situación existente, sino a alterar el estado de hecho o de derecho vigente al momento de su dictado. En efecto, la actora pretende una medida precautoria - innovativa- en la cual debe evaluarse con mayor grado de estrictez el “fumus bonis iuris” y el “periculum in mora”, toda vez que se trata de una decisión excepcional, como lo destaca el Judicante de grado. Ello es así, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final que pudiere decidirse, en el marco de un proceso de conocimiento pleno, lo que justifica la mayor prudencia en la apreciación de los recaudos para su admisión y que no se advierte en virtud del contexto legal citado. Asimismo, cabe agregar, en cuanto al carácter alimentario de la remuneración mensual, que el mismo no basta para obviar el tratamiento de otras facetas, que resultan determinantes, para la consideración de una medida de carácter innovativa (CSJN, doct. Fallos 316:1833), tal como acontece en el caso, por lo que tampoco se patentiza el requisito de peligro en la demora (v. en igual sentido, Expte. Nro. 10818/2020, in re “Muñiz Carlos Gabriel c/ Seguridad Integral Empresaria S.A. s/ Medida Cautelar” sentencia interlocutoria del 12/08/2020, del registro de esta Sala). Sobre este tópico, como lo ha expresado el ex Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Álvarez, en casos de aristas similares donde se peticionan este tipo de medidas, en criterio que se comparte, “las pretensiones innovativas que agotan el interés jurisdiccional en su dictado, exigen una muy intensa acreditación del derecho que le da sustento y deben ser analizadas con criterio restrictivo, en particular si se tiene en cuenta que implican la imposición de una conducta que debería ser, en principio, el resultado de un proceso jurisdiccional pleno” (ver entre otros Dictamen Nº 39129 del 15/10/04 y 47157 del 30/10/08). Lo demás expresado en el memorial recursivo, en este segmento, pese al esfuerzo argumental de la apelante, no resulta más que simples manifestaciones de disconformidad, sin que ello constituya una crítica concreta y razonada de la resolución atacada, en el marco del art. 116 L.O., por lo que resulta inadmisible. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que, como ocurre con toda medida cautelar, su dictado es necesariamente provisorio, de modo que podría ser modificada o dejada sin efecto si se advirtiesen circunstancias de hecho inexistentes en el momento de su dictado. Por los argumentos expuestos, corresponde confirmar lo resuelto en grado sin que ello implique sentar posición acerca de lo acontecido y sin perjuicio de lo que pudiera llegar a decidirse de acompañarse nuevos elementos, en una temática que, por su esencia no causa estado. En atención a las particularidades de la cuestión sometida a decisión, las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 68 CPCCN). III.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la resolución recurrida. 2) Imponer las costas de Alzada por su orden. 3) Proceder a la remisión virtual de las actuaciones al Juzgado de origen. Regístrese, notifíquese cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/13 del 21/05/13 y oportunamente devuélvase.-///

® Liga del Consorcista

Tags: jurisprudencia, cautelares, laboral, rechazo,

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