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Por mayoría se revocó el sobreseimiento de dos manifestantes de un piquete, por el delito previsto en el art.194 del Código Penal de la Nación

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Fecha del Fallo: 26-5-2022
Partes: A. Reynoso y N. Martínez s/querella
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 4 -

Código Penal: ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.



(fallo completo)Buenos Aires, 26 de mayo de 2022. AUTOS Y VISTOS: Convocan la atención de la sala los recursos de apelación interpuestos por la querella contra las resoluciones del pasado 30 de marzo en cuanto se dictó el sobreseimiento de A. Reynoso y N. Martínez y del 6 de abril último por la cual se impusieron las costas a la vencida. Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales dictados el 16 de marzo de 2020 y el 28 de abril de 2022, la cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. Y CONSIDERANDO:

(fallo completo) 1. Estas actuaciones se iniciaron con la querella promovida por los Dres. Augusto Ricardo Coronel y Mariana Patricia Sica, en nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra los representantes de los Movimientos Sociales “Votamos Luchar”, “Izquierda Latinoamericana Socialista”, “Mtl Rebelde” y “Movimiento de los Pueblos”, A. Reynoso y N. Martínez, por haber interrumpido el tránsito vehicular, y promovido que otros integrantes de esas agrupaciones lo hicieran, el 5 de octubre de 2021, entre las 12:07 y las 16:14, en las avenidas Corrientes y 9 de Julio de esta ciudad. De acuerdo con los informes y filmaciones remitidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fueron aportados por la querella, se vieron afectadas 20 líneas de traslado de pasajeros (6, 9,10, 17, 24, 26, 29, 39, 45, 50, 59, 67, 70, 91, 100, 109, 111, 129, 146 y 180) con el consecuente perjuicio generado a cerca de 10.600 usuarios.

2. El fiscal solicitó el sobreseimiento en razón de que “La circunstancia de que la conducta puesta de manifiesto en la denuncia pueda haber impedido o estorbado el transporte terrestre en diversas arterias de esta ciudad, no implica necesariamente que se haya cometido un delito; más aún, si se tiene en cuenta que bien podía circularse por arterias paralelas a aquellas que fueron utilizadas por los manifestantes…. no se puede afirmar que la acción que en principio se imputa a Reynoso y a Martínez pueda subsumirse en tipo penal que se pretende imputarles, porque el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público, no puede limitarse solo a cortar una calle como en el caso, impidiendo la circulación de los colectivos, cuando detrás de ese hecho existe un reclamo social como propósito primigenio y cuya finalidad es que sus reclamos sean escuchados”. El juez a quo resolvió en el sentido postulado por el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que “el hecho aquí investigado no se puso en peligro ningún bien jurídico particular, toda vez que los transeúntes y los automóviles podían circular por otras vías alternativas no viéndose afectada la integridad de las personas”, decisión que es ahora materia de recurso.

 3. El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: En punto a esta cuestión ya he dicho ante hechos semejantes que “…los motivos que obraron como fundamento para proceder al archivo de los actuados no remiten a modelo normativo alguno, ni resultan requisitos del tipo penal analizado. En efecto, el delito “se satisface no sólo con el impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, entre otros, sino también con el estorbo o el entorpecimiento" (de esta sala, causa N° 7.963/19 “NN”, rta. 13-7-2020). También he de remitirme a lo señalado en otro fallo de esta sala en cuanto a que “… respecto al derecho a huelga… , más allá de que ningún derecho puede ser ejercido abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara su uso excesivo (artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación), en el pronunciamiento bajo análisis no se analizaron en concreto las circunstancias que darían cabida a una causal de impunidad o de justificación a la luz de las hipótesis establecidas en el artículo 34 del Código Penal en el marco del evento denunciado” (también de esta sala, causa N° 42.855/18 “NN”, rta. 8-11-2018). Con más razón cuando el Ministerio Público Fiscal, cuyo criterio recoge el a quo, asume la intención de los imputados de cortar el tránsito e impedir el paso de los colectivos; incluso precisó la supuesta metapretensión de que “sus reclamos sean escuchados”. Reconocida de tal manera la existencia de una acción típica, e insinuadas incluso las circunstancias que a su juicio la tornarían impune, era obligada la derivación razonada de las causales de  justificación o exculpación que se hubieran considerado aplicables a los hechos de la causa (CSJN, Fallos 272:25; 274:113; 276:132; 280:320, entre otros). Es decir, el enunciado de los motivos por los que tal conducta se considera justificada y, como tal, necesaria, razonable en los medios y proporcional en sus alcances, o bien dispensable por estimarse que sus autores no han tenido más remedio que realizarla, forzados por cuestiones que harían inexigible la adecuación de sus actos a las normas y los derechos del prójimo. Tales razonamientos se mantienen ausentes, lo que aunado a lo dicho anteriormente me conduce a no convalidar la decisión impugnada y es en ese sentido que emito mi voto.

4. El juez Hernán Martín López dijo: Los agravios expuestos por la parte recurrente no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos del auto que se revisa, por lo que considero que corresponde confirmarlo. En consonancia con lo argumentado por el titular de la acción penal, lo que fue receptado por el juez de grado, no es posible afirmar que los hechos denunciados encuadren en la figura penal prevista en el artículo 194 del Código Penal, por cuanto no se verificó en el caso la existencia de un peligro concreto en la integridad de las personas que hubieran sido afectadas por el entorpecimiento del transporte terrestre, sino que, meramente, se constató la afectación de ese servicio (ver en ese sentido, de la Sala V, causas N° 33.806/19 “Catalano”, rta. 25-11-2019 y 21.071/18 “NN”, rta. 15-9-2021). Cabe también mencionar lo que he expresado en el fallo “Viñas” de la Sala V de esta Cámara, en cuanto a que “…sobre las manifestaciones o protestas se ha sostenido “que la prioridad de custodiar la expresión de los grupos más desaventajados de la sociedad no debe amparar sin más el uso de medios violentos por parte de aquéllos –medios violentos tales como la quema de edificios públicos o privados o las lesiones o daños infligidos sobre terceros. Sin embargo, en estos casos, el modo de proceder del Estado no debiera diferir demasiado del modo en que procede frente a una huelga durante la cual se cometen actos de violencia. La contención de aquellos actos de violencia no debe llevar al poder público a cuestionar la validez constitucional del mismo acto de la huelga ni limitar a ésta de un modo que desvirtúe el sentido de la protesta. Esto es, la necesidad de poner coto a ciertos abusos no debe utilizarse como vía para limitar el derecho de los manifestantes a tornar audibles sus quejas” (Sala V, causa N° 1.264/17 “Viñas”, rta. 167-2019, con cita de “El derecho de Protesta. El primer derecho”, Roberto Gargarella, 1° edición, abril de 2015, editorial Ad-Hoc, páginas 44 y 45). En el caso, las constancias aportadas reflejan que la manifestación ha sido pacífica.

 Frente a ese escenario, la actividad atribuida se circunscribe a la protesta que ocurrió el 5 de octubre de 2021, entre las 12:07 y las 16:14, en las avenidas Corrientes y 9 de Julio de esta ciudad, la que resulta amparada por el derecho constitucional (artículos 75, inciso 22, de la CN, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y, por lo tanto, no encuadra en la figura prevista en el artículo 194 del Código Penal.

5. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: A mi juicio, lo resuelto por el juez a quo es prematuro, ya que la descripción de los hechos impide descartar la figura contemplada en el artículo 194 del Código Penal. El accionar denunciado podría haber imposibilitado que los habitantes se trasladen libremente por la presencia de las asociaciones mencionadas que marcharon por las avenidas Corrientes y 9 de julio. Ese tipo penal se satisface no sólo con el impedimento del funcionamiento del transporte, sino también con su estorbo o entorpecimiento, ya que con él se intenta garantizar la seguridad común (Sala VI, del voto de la mayoría, causa N° 57.844/18 “Fatún”, rta. 23-11-2018). En consecuencia, adhiero al voto del juez Ignacio Rodríguez Varela.

6. En función de lo que surge del acuerdo que antecede, se ha tornado abstracta la discusión acerca de las costas procesales que también fueran materia de recurso. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento recurrido, en cuanto se dictó el sobreseimiento de A. Reynoso y N. Martínez, y declarar abstracto el recurso de apelación deducido contra lo resuelto en materia de costas. Notifíquese y efectúese el correspondiente pase al juzgado de origen mediante el sistema de gestión Lex 100. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López integran esta sala conforme a la designación efectuada en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439. IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA- HERNÁN MARTÍN LÓPEZ -JULIO MARCELO LUCINI -en disidencia- Ante mí: PAULA FUERTES Secretaria de Cámara En la misma fecha se notificó a las partes y se remitió al juzgado de origen mediante pase en el Sistema de Gestión Lex-100. CONSTE///

® Liga del Consorcista

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