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Salta

Una municipalidad debe indemnizar a la familia de un niño lesionado por un tobogán en mal estado.

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Fecha del Fallo: 5-4-2022
Partes: FLORES ZÚNIGA, BETTY CRISTINA Y OTROS VS. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA - RECURSO DE APELACIÓN
Tribunal: Sala IV de la Corte de Justicia de Salta


 (parcial) Salta, 05 de abril de 2022. Y VISTOS: Estos autos caratulados “FLORES ZÚNIGA, BETTY CRISTINA Y OTROS VS. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS S-IV 41.451/21), y CONSIDERANDO:

1º) Que contra la sentencia de fs. 272/280 vta., que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por los actores y condenó a la Municipalidad de la Ciudad de Salta a pagar en concepto de indemnización la suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil) más intereses, la demandada interpuso recurso de apelación (fs. 296). Para así decidir, la señora jueza señaló que ante la falta de adhesión de la Provincia a las disposiciones de la Ley 26944 y la inexistencia de una ley local en la materia, el sistema por el que se rige la responsabilidad del Estado, conforme precedentes “Choque” y “Rivero” de este Tribunal, es el del Código Civil y Comercial de la Nación por vía de analogía y los principios jurisprudenciales elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirmó también, que en virtud de lo dispuesto en el art. 7º del mentado código, la responsabilidad en el caso se encuentra regulada por las disposiciones del Código Civil vigente hasta el 01 de agosto de 2015. Refirió a los presupuestos que tornan viable la responsabilidad de Estado y estableció que la Municipalidad de la Ciudad de Salta resulta responsable por ser autoridad competente en la conservación y mantenimiento de todos los parques y plazas de la ciudad, espacios del dominio público, y haber omitido cumplir con las funciones que le son propias. Señaló que en autos se invoca como factor de atribución el riesgo creado, entendiendo que la Municipalidad debe responder por el perjuicio causado por una cosa defectuosa que está bajo su cuidado -en este caso el tobogán que se encontraba en la plaza “ARA General Belgrano”, ubicada en el Barrio Ciudad del Milagro de la Ciudad de Salta-. Luego de diferenciar los supuestos de daños provocados “con” la cosa y aquéllos provocados “por el riesgo o vicio” de la cosa, destacó las particularidades que presenta la responsabilidad del dueño o guardián de cosas “en movimiento” e “inertes”. Al respecto y con cita del máximo Tribunal sostuvo que, aún cuando se considere que la idea de culpa está ausente en la atribución de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, de ello no se sigue sin más que pueda presumirse su riesgo o vicio ni que fuera apta para re-potenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño, máxime si no ha tenido una participación activa en la producción. De tal modo, cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo de la cosa, a ella incumbe demostrar la existencia de ese riesgo o vicio. Realizó un detalle de toda la prueba producida en la causa y, en lo sustancial, concluyó afirmando que quedó debidamente probado que la Municipalidad de la Ciudad de Salta es responsable del accidente sufrido por el menor de edad F.E.L.F., en fecha 14/11/2011, que le causó una lesión en el dedo meñique. Agregó que si bien la demandada atribuyó responsabilidad exclusivamente a los progenitores del menor, afirmando que son quienes ejercen la responsabilidad parental y que su culpa rompe el nexo causal, en autos no quedó probada dicha circunstancia. Respecto al monto solicitado, consideró que tanto el daño moral como el patrimonial constituyen categorías de daños resarcibles; que el rubro de gastos médicos y de farmacias se encuentran comprendidos dentro de la segunda y que son perjuicios de contenido económico, estimando prudente y conforme lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial fijar la suma de $ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil) en ese concepto y por daño moral la de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil). Asimismo aplicó los intereses establecidos por esta Corte, consistente en la tasa de interés puro del 8% anual desde el momento del hecho dañoso hasta el pronunciamiento y, de allí en adelante, hasta el efectivo pago, tasa activa cartera general –préstamos- nominal anual vencida a treinta días del BNRA.A fs. 315/319 vta. expresa agravios la recurrente. Señala que la sentenciante se equivoca al atribuirle exclusiva responsabilidad; afirma que la madre del menor omitió cumplir con los deberes de cuidado y vigilancia de su hijo al no encontrarse junto a él en el momento del hecho, circunstancia que hubiera evitado que el accidente ocurriera y, habiendo sucedido, debió haber llevado la parte del dedo meñique al centro asistencial para que se proceda a su implante. Agrega que no existe explicación coherente de la razón por la que los hijos menores de los actores se encontraran en ese lugar, ya que no eran vecinos del barrio y además era día laboral y escolar. Afirma que dicha circunstancia tiene entidad suficiente para romper el nexo causalEn segundo lugar, se agravia por el monto de la condena al expresar que es mayor a la peticionada por los actores y que la sentenciante la impuso sin fundamento alguno y en forma injusta. La tasa de interés también le causa agravio porque la considera excesiva. ………….A fs. 330/331 vta. y 337/341 vta., emiten dictamen la señora Asesora General de Incapaces y el señor Procurador General de la Provincia de Salta. ……………………. el art. 5º de la Constitución de la Provincia reconoce expresamente la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados, pero hasta la fecha no se ha dictado una norma reglamentaria local ni la Provincia ha adherido a la Ley  nacional 26944, motivo por el cual los casos que comprometen tal responsabilidad por actividad legítima o ilegítima siguen siendo juzgados con los principios rectores elaborados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, los arts. 1764 y 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del Derecho Administrativo y que no resulta aplicable al instituto, en forma directa o subsidiaria, lo dispuesto por el Código en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero –Derecho de Daños-. Esta prohibición no impide que, ante el vacío legal, en un supuesto determinado se acuda a las normas de derecho común para integrar el conjunto normativo aplicableLa Corte Federal ha sostenido que en los casos en los que se atribuye responsabilidad extracontractual al Estado por su actuación en el ámbito del Derecho Público su regulación corresponde al campo del Derecho Administrativo y tal conclusión no debe variar por el hecho de que, ante la falta de tratamiento provincial, se apliquen eventualmente y por vía analógica disposiciones contenidas en el Código Civil, toda vez que ellas pasan a integrarse al conjunto de principios de derecho administrativo (CSJN, Fallos, 306:1591; 325;2687, entre otros). En definitiva, se trata de materia propia del Derecho Público y su regulación corresponde al Derecho Administrativo (CSJN, “Barreto”, Fallos, 329:759) aunque eventualmente se invoquen o se apliquen, de manera subsidiaria, disposiciones de derecho común o principios generales del derecho (CSJN, “Aguilar”, Fallos, 329:2069, entre otros). En tales condiciones, en la medida en que un particular haya sufrido un daño por la acción u omisión del Estado, debe acudirse para su justa reparación a las normas de Derecho Administrativo y, ante su ausencia, a los parámetros establecidos por la jurisprudencia con la aplicación, en su caso, de las disposiciones del Código Civil y Comercial.  4º) Que los actores fundan su demanda en los principios de responsabilidad objetiva dispuesta en los artículos 1112 y 1113 del Código Civil. Cabe recordar que a partir del 01 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26994, por lo que para el análisis del caso es necesario considerar que, en virtud de lo dispuesto por su artículo 7º sobre la aplicación de las leyes en el tiempo, las controversias por responsabilidad civil extracontractual se rigen por la ley vigente al momento de la constitución de la relación jurídica; es decir, a la fecha en la que se produjo el hecho antijurídico dañoso …………......... 5º) ………………………… En la especie, cabe anticipar que el reclamo interpuesto incumple con la condición precedentemente señalada en tanto la recurrente no logra rebatir el argumento central en que se asienta el fallo cuestionado, consistente en la falta de demostración de la responsabilidad por parte de los padres de la víctima, en el caso particular de la madre. 6º) Que la responsabilidad por los daños causados por el vicio o mal estado de los bienes del dominio público le compete a las municipalidades en su carácter de titulares de éstos (arts. 2339 y 2340 del Código Civil), encontrándose ellas a cargo de su cuidado, mantenimiento y conservación. Al respecto el Cimero Tribunal Federal ha señalado que el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos (cfr. Fallos, 315:2834). Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, a los fines de determinar la responsabilidad extracontractual del Estado, que quien tiene a su cargo la prestación de un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos, 306:2030; 312:1656; 315:1892; 316:2136; 320:266; 329:3065), traduciendo una idea objetiva de la falta de servicio, propia del ámbito del derecho público. Por su parte la Constitución de la Provincia de Salta en el art. 176, incs. 9º y 10 deja fijado el cometido municipal en lo que hace a las actividades de recreación de la comunidad, más precisado aún por la Ley 6534 en su art. 7º, incs. “b” y “o”. …………….. sobre la víctima recae la carga de probar el riesgo o vicio, el daño y la relación causal, y corre por cuenta de la emplazada la acreditación de la ruptura de dicho nexo causal, prueba que según la recurrente surge de las constancias del expediente. En ese contexto se verifica que de la prueba de autos surgen elementos que llevan a tener por comprobado el deterioro de la cosa productora del daño. La sentenciante analizó en especial la inspección ocular realizada en el lugar del hecho en fecha 27/12/2011 (v. fs. 15, Expte. Nº 1.577/11), donde se informa que el tobogán es de material de lata, destacando que “la unión de la base junto con los laterales, en especial el lateral izquierdo siendo la mitad del mismo, se encuentra desprendida, pudiendo observar que el mismo posee aparentemente filo….”. ……… De la declaración de la señora Violeta Alejandra Mamani se extrae que el 26/09/2011, en oportunidad en que su hijo se lanzaba por el tobogán que se encuentra en plaza del Barrio Ciudad del Milagro, frente a la Comisaría Sexta, se produjo una lesión en la mano derecha que le provocó la amputación de las dos primeras falanges del dedo meñique, lesión que fue causada por una abertura que presentaba el tobogán aproximadamente a la mitad. De lo señalado se colige que esa rotura ya había causado daño a otra menor y que el Municipio no hizo nada al respecto para reparar el juego y evitar otro daño. En conclusión, se tiene acreditado que ese elemento destinado a la recreación infantil estaba en claro estado de deterioro; en otros términos, de esa prueba y conforme las reglas de la sana crítica racional es dable concluir que el evento dañoso fue ocasionado por una cosa cuya custodia pertenecía a la demandada y que se encontraba en mal estado de uso y conservación. …………. Y así como la vigilancia de los padres debe ser más rigurosa cuando se trata de niños pequeños que, precisamente por ello, ignoran los peligros que pueden engendrar a través de sus acciones, se trata de una fiscalización razonable, a lo que debe agregarse que -según lo afirman criterios de realidad y especialistas en el tema- la educación moderna de los menores supone concederles un amplio margen de libertad incompatible con un seguimiento paterno de todos sus actos …………… En consecuencia no es previsible que el tobogán de una plaza, emplazado en el sector de juegos infantiles –en otros términos, un objeto cuyo destino es ser usado y disfrutado por niños- se encuentre en estado de deterioro y descuido, con roturas tales que puedan dañar gravemente precisamente a los niños que los utilicen, por lo que no resulta razonable concluir que los padres deben tener la previsión de revisar cada juego antes de ser usado por sus hijos, como lo pretende la recurrente. En la especie, la recurrente no aportó pruebas que pudieran desvirtuar lo atinente a su responsabilidad; sólo se limitó a afirmar que los padres debieron haber sido más celosos en el cuidado de su hijo, sin que tal argumentación logre destruir la atribución establecida por la “a quo”, por lo que corresponde confirmar esta decisión. ……………….. En relación a la obligación de determinar el monto reclamado, calificada doctrina enseña que la parte final del art. 330 exige la expresión del monto reclamado salvo cuando, por aplicación del principio de la no exigibilidad de otra conducta, al demandante no le fuera posible calcularlo por las circunstancias del caso, pero de todas maneras se vea obligado a demandar. En el caso, el monto de la condena será el que resulte de las pruebas. La remisión del monto “a lo que en más o en menos resulte de la prueba”, o “de los autos”, o “que fijen los peritos” u otras fórmulas de equivalente contenido es admisible siempre que no exterioricen inconductas procesales y obedezcan a circunstancias que justifiquen la indeterminación del monto (Colombo, Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Anotado y Comentado”, Buenos Aires, 1975, 4º Ed. actualizada, Tomo I, pág. 534). ……………… En el caso de autos, si bien la parte actora cuantificó los montos correspondientes a los rubros reclamados, efectuó específicas reservas en los términos precedentemente señalados. En efecto, dejó a salvo lo que pudiese ser determinado en razón de la prueba ofrecida. De ello se deduce que la señora jueza no se extralimitó al imponer una suma mayor a la peticionada por los actores, como lo afirma la recurrente, por lo que corresponde rechazar este agravio. ………………es menester ahora abordar el cuestionamiento relativo a la tasa de interés aplicada en la sentencia.  Sobre el particular resulta de aplicación la doctrina de esta Corte en el caso “Puentes” (cfr. Tomo 213:259), recientemente reafirmada (cfr. Tomo 230:49), que establece que los intereses moratorios que cabe computar sobre el capital de condena, desde el acaecimiento del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia, deben calcularse a la tasa del 8% anual. La razón de esta determinación obedece a que, en la especie, se fija el valor de la indemnización al momento de esta sentencia; es por ello que la tasa activa debe regir recién a partir de allí ya que, de imponérsela desde el origen de la mora, se provocaría una alteración del capital y se configuraría un enriquecimiento indebido. En efecto, se dejó establecido que la tasa activa sólo es aplicable desde la fecha de la sentencia (esta Corte, Tomo 206:21) y que los intereses deben ser computados desde el acaecimiento del hecho dañoso hasta la sentencia, calculada la tasa de interés que represente los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general –préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (esta Corte, Tomo 213:259; 232:1031). ……………..Por ello, LA SALA IV DE LA CORTE DE JUSTICIA,  RESUELVE: I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 296 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 272/280 vta. Con costas por el orden causado. II. MANDAR que se registre y notifique. (Fdo.: Dr. Horacio José Aguilar, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo y Dr. Ernesto R. Samsón –Jueza y Jueces de Corte, Sala IV-. Ante mí: Dr. Juan Allena Cornejo –Secretario de Corte de Actuación-).

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