La contemporaneidad entre la fecha del inicio de la demanda por accidente y la comunicación postal de la ruptura del vínculo (7 días), permite captar como indicio serio, que la resolución del contrato decidida por la empleadora no obedeció a las causas que se invocaron en la carta documento sino, antes bien, a una represalia al reclamo del trabajador de un resarcimiento por los daños que habría experimentado mientras desarrollaba las tareas dependientes [...] este indicio tuvo virtualidad para trasladar la carga de la prueba hacia la empleadora quien, por otra parte, era quien se encontraba en mejores condiciones fácticas de acreditar que, efectivamente, en oportunidad del despido del trabajador, no tenía para brindarle más tareas acordes a su capacidad.
En este sentido, no ofreció ninguna prueba idónea para justificar su decisión [...].
Está claro que la cuantificación del art. 245 LCT no comprende en su mensura los daños que provoca la resolución contractual decidida como venganza o represalia al trabajador [...] el despido injustificado del trabajador ha obedecido a motivos discriminatorios dado que fue decidido en represalia a sus reclamos judiciales, lo que constituye un acto ilícito en los términos del art. 1066 CC, debiéndose reparar los perjuicios materiales y morales ocasionados independientemente del distracto (art. 1º Ley 23592).”