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Una empresa deberá resarcir los daños provocados por dejar sin efecto unilateralmente una compra de dos celulares.

 
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Fecha del Fallo: 12-6-2018
Partes: Telefonica Moviles Argentina SA c/ GCBA s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA-sala II


La denunciante relató ante el organismo actuante que, el día 09/10/14 realizó una compra a través de “Tienda Movistar” de dos equipos telefónicos en virtud de una promoción.
Asimismo, expuso que en la compra el oferente aclaró que “el tiempo de entrega sería dentro de 2 a 4 días hábiles en Capital y de los 3 a 10 días hábiles en el Interior” desde la fecha de facturación, por lo que la entrega debía haber sido entre el 14/10/14 y el 17/10/14 .
Posteriormente, señaló que le habían informado tanto telefónicamente como a través de correo electrónico que la entrega se efectivizaría el 30/10/14, es decir fuera de la fecha estipulada.
Ante esta circunstancia, se presentó en la oficina comercial de la empresa, en donde realizó el pertinente reclamo (el cual a la fecha no había sido contestado), toda vez que el 29/10/14 tenía un viaje programado a Córdoba por trabajo y no iba a encontrarse en su domicilio en la fecha de entrega.
Luego de ello, la Sra.
Alegre indicó que el supuesto día de la entrega, es decir el 30/10/14 (previo cambio de la fecha de viaje), no recibió los equipos en cuestión por lo que realizó un nuevo reclamo telefónico en donde le comunicaron que no los había recibido porque no se encontraban en stock.
A raíz de ello, efectuó un nuevo reclamo ante la oficina comercial en donde le ofrecieron otros dos equipos, sin embargo manifestó que no los aceptó dado que eran de tecnología inferior a los que había comprado, y en consecuencia, pidió se le otorgaran dos celulares de igual gama o superior, obteniendo por ello respuesta negativa Peticionó que se la resarciera económicamente por el incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, pérdida de horas de trabajo, malos momentos vividos, y stress ocasionado.
Asimismo solicitó el cumplimiento por parte de la empresa de la entrega de dos celulares de igual gama o de gama alta, con más una suma en concepto de daños y perjuicios.
Por último solicitó un resarcimiento en concepto de daño directo.La Sra.
Alegre realizó una nueva presentación ante la DGDyPC dejando asentado que la empresa Movistar había reintegrado el importe de la compra a la tarjeta Visa con la cual había realizado la operación, es decir cancelando la compra, y todo ello sin contar con su consentimiento.
Circunscripta de esta manera la cuestión, la DGDyPC resolvió -a través de la Disposición 2017-966 imponer en el marco del expediente administrativo electrónico Nº 20346460/2015 a Telefónica una multa de cien mil pesos , por haber infringido los artículos 4º, 8º y 10 bis de la Ley 24.240....
también ordenó la publicación de la parte dispositiva del acto administrativo en el cuerpo principal del diario “La Nación”, dentro del término de treinta días a computarse desde la notificación de aquella (v.
artículo 4º de la DI-2017-966- DGDYPC).
Cabe destacar que la autoridad administrativa rechazó el resarcimiento en concepto de daño directo a favor del consumidor, por no hallarse reunidos los requisitos que ameriten su otorgamiento.
APELA TELEFÓNICA.
Señala la Cámara que la Ley 24.240, con las modificaciones incorporadas por la Ley 26.361 en su artículo 1º sostiene que “La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.
Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”.
A su vez, la Constitución nacional prevé que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios” (art.
42 CN, 1º y 2º párrafo).
Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten.
Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas” (art.
46 CCABA, 1º y 2º párrafo
Sentado lo anterior y a los fines de lograr una mejor exposición, encuentro oportuno describir, someramente, las características del procedimiento al que se ciñe el actuar de la administración frente a casos como el que nos ocupa.
El procedimiento sumarial por infracciones a la Ley 24.240 se encuentra reglado, en cuanto a lo que aquí interesa, de modo tal que las actuaciones se inician por la denuncia de un particular que invoque un interés propio o general.
Luego de presentada aquella, la autoridad administrativa llamará a las partes a una audiencia a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio.
Ahora bien, en el supuesto de que las partes no alcancen acuerdo alguno, la administración debe examinar los hechos denunciados y, si las circunstancias del caso sugieren prima facie la existencia de una infracción a la Ley 24.240, realizará una imputación al supuesto infractor.
Si, en cambio, las partes logran llegar a una transacción, se debe labrar un acta donde queden asentadas las condiciones convenidas.
Cabe dejar sentado que tanto en sede administrativa como en la oportunidad conferida ante esta instancia, la actora nunca acompañó constancia alguna que permita acreditar sus dichos, ni ofreció prueba a tales efectos.
A lo expuesto, cabe agregar que la actora únicamente intentó justificar su inconducta alegando que “la promoción había perdido vigencia” sin haber probado tal extremo, circunstancia que por lo demás, no es causal de exoneración al no haberse invocado un caso fortuito que le impida a la empresa cumplir con la prestación asumida y en consecuencia rescindir el contrato.
El Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso directo interpuesto por Telefónica Móviles Argentina SA

® Liga del Consorcista

Tags: De Interés General para la Familia Urbana, Daños y Perjuicios, consumidores,

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