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LEY CABA 5261CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

 
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Publicado en BOCABA el 10-6-2015

Es una ley de orden público cuyo objeto es garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad, prevenir la discriminación en todas sus formas y sancionar y reparar los actos discriminatorios, que define en su artículo tercero. Interposición de acciones judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias-



TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único:
Objeto
Artículo 1°.- Objeto.
Orden Público.
La presente Ley tiene por objeto:
a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no
discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las
personas y grupos de personas.
b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el
desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la
igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad
inherente de cada ser humano.
c) sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y
generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el
racismo.
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.
Art.
2°.- Tipología.
A los efectos de esta Ley, el término “discriminación“ incluye, en particular:
a) Discriminación de jure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe
el goce o el ejercicio igualitario de los derechos.
La discriminación de jure puede
manifestarse directa o indirectamente:
i) Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo
de distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
ii) Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el
efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o
colectivo, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida.
b) Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el
goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea
mencionado explícitamente.
Art.
3°.- Definición.
Se consideran discriminatorios:
a) Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma
temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados
internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a
personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel,
nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones
religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de
género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar,
trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características
genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o
culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia
personal, familiar o social, temporal o permanente.
b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos,
ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o
reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales,
naturalice o propicie la exclusión o segregación.
c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la
autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario,
degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto
discriminatorio.
En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos
mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos
inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos
y sociales.
En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de
una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con
características de la persona afectada.
Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la
realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por
esta ley como discriminatorias.
Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la
persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para
su realización.
Artículo 4°.- Acciones afirmativas.
Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla
para promover la igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en
ningún caso se consideran discriminatorias.
No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas y/o académicas
que versen sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados
dogmas a debate.
Art.
5°.- Prevalencia normativa.
En la aplicación e interpretación de esta ley y de las
normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella
aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la
dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias.
Igual
principio se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto rango que
prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.
TÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Capítulo I:
Acciones judiciales y/o administrativas
Art.
6°.- Reparación.- La persona o grupo de personas que se considere/n
discriminada/s pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el
cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el
hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito
tipificado por el Código Penal.
La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de
denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso de ser
víctima de discriminación.
Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias
administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con
consentimiento del o los afectados o aun sin su consentimiento cuando las
circunstancias del caso lo justifiquen.
Art.
7°.- Cese del acto discriminatorio.
La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u
omisión tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación a una persona o grupo
de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los
afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para presentar la
denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la autoridad
judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura
realización o garantizar la no repetición de los mismos.
La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los casos
resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas
generales de prevención y no repetición de los actos discriminatorios denunciados.
Capítulo II:
Procedimiento
Art.
8°.- Acción de Amparo.
Competencia.
Acciones Civiles y Penales.
Las acciones
que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento
previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional
y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con
arreglo a las disposiciones específicas que emergen de la presente Ley.
El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para
conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de
autoridades del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al
poder de policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro caso que
correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho,
acto u omisión denunciada.
Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o
damnificados/as del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io
dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes.
Cuando los procesos
transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás
aplicables también las disposiciones de esta Ley.
Art.
9°.- Acciones Administrativas.
La promoción y tramitación de las denuncias
administrativas que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec.
N°1510/97).
Art.
10.- Legitimación.
Se encuentran legitimados/as para interponer acciones
judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o
grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia
en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los
derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de
los derechos de las personas discriminadas.
Art.
11.- Legitimación penal.
Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas
mencionados en el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción
penal en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que tramiten
en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas
acciones que dependan de instancia privada y o sean acciones privadas conforme el
artículo 71 del Código Penal.
Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos
podrán presentarse en carácter de querellantes.
En todos los casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir
la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.
Art.
12.- Amicus Curiae.
Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas
enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as
técnicos/as, peritos u otras formas que disponga el tribunal.
Art.
13.- Carga dinámica de la prueba.
En los procesos promovidos por aplicación de
la presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión
discriminatoria, resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la
acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir su
existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se reprocha el
hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y
razonable ajeno a toda discriminación.
Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal o
contravencional.
Art.
14.- Intervención de la autoridad de aplicación.
En los procesos judiciales o
administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las
autoridades respectivas, de oficio o a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la
autoridad de aplicación a efectos de que ésta se expida sobre la existencia o no de un
acto discriminatorio.
Capítulo III:
Sentencia
Art.
15.- Reparación del daño colectivo.
Cuando por su alcance, trascendencia,
publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el
tribunal considere que exista una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia
por actos u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del daño
colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan.
La reparación del daño deberá contener una o varias de las siguientes medidas,
teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio:
a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos
de la discriminación.
b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el
derecho a la igualdad y la no discriminación.
c) Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo
discriminado.
d) Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado.
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.
Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la
presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados,
desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.
Art.
16.- Sensibilización, capacitación y concientización.
La condena por
discriminación, tanto en procesos individuales como colectivos, deberá contener
medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto
discriminatorio, que podrán consistir en:
a) asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación;
b) realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia,
vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena;
c) cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los
objetivos y principios de esta Ley.
El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una
adecuada implementación de las medidas correspondientes.
TÍTULO III
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN
Capítulo I:
Prevención de actos discriminatorios
Art.
17.- Prevención de la discriminación.
La autoridad de aplicación, en coordinación
con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para
desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar
e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación
sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de
una sociedad más igualitaria en la diversidad.
Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no
discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los
servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de
servicios así como, espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en
aquellas personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de
discriminación múltiple.
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la
autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones
orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que
impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos.
Capítulo II:
Difusión
Art.
18.- Difusión por medios gráficos y audiovisuales.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los
principios y derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos
para la denuncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la sociedad
a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando las problemáticas de
discriminación local, sin excluir otras situaciones, pretextos y formas de discriminación.
Art.
19.- Difusión en el ámbito educativo.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios
para difundir en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los
principios establecidos en la presente Ley y de los procedimientos de denuncia
previstos ante actos u omisiones discriminatorias.
Art.
20.- Difusión en la administración pública.
Las autoridades máximas de todos los
poderes y niveles de gobierno, considerando los lineamientos que provea la autoridad
de aplicación, arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as
públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos previstos para
la denuncia de actos discriminatorios.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Capítulo Único: Autoridad de Aplicación
Art.
21.- Autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros
o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.
Art.
22.- Comuníquese, etc.
Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 29 de mayo de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.261 (Expediente Electrónico N° EX-2015-
06724263-MGEYA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 09 de abril de 2015 ha quedado automáticamente
promulgada el día 8 de mayo de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese.
Clusellas

® Liga del Consorcista

Tags: De Interés General para la Familia Urbana, discriminación,

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