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MENDOZA establece la Conciliación Obligatoria previa al inicio de juicios de competencia de Jueces Civiles y Comerciales, y Jueces de Paz - Ley 9388

 
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Publicado en B.O.Mendoza: 4 -5- 2022


TÍTULO I: OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Créase la Oficina de Conciliación Civil y Comercial (en adelante, OCC), que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia.

Art. 2º- El procedimiento instaurado por esta Ley, salvo las excepciones que la misma prevé, constituye una instancia obligatoria previa al inicio de aquellas actuaciones judiciales de competencia de los Jueces Civiles y Comerciales, Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz Departamentales.

Art. 3º-El procedimiento a desarrollarse por ante la OCC debe garantizar: a) Imparcialidad; b) Confidencialidad; c) Comunicación directa entre las partes; d) Satisfactoria composición de intereses; e) Consentimiento informado; f) Celeridad del trámite, y g) Libre disponibilidad para concluir el proceso una vez iniciado.

Art. 4º- El procedimiento de conciliación tendrá carácter confidencial. Las partes, sus abogados, los terceros intervinientes, los conciliadores, los demás profesionales, expertos y todo aquel que intervenga en la conciliación tienen el deber de confidencialidad. Los participantes mencionados precedentemente quedarán relevados del deber de confidencialidad en los siguientes casos: a) Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron en el proceso, y b) Para evitar la comisión de un delito o, si este se está cometiendo, impedir que continúe. El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de excepción surgir de manera evidente. No deben dejarse constancias ni registro alguno de los dichos y opiniones de las partes, ni pueden estos ser incorporados como prueba en un proceso judicial posterior. En ningún caso las partes, los conciliadores, los abogados, los demás profesionales, expertos y todo aquel que haya intervenido en un procedimiento de conciliación pueden prestar declaración testimonial sobre lo expresado en dicha conciliación.

Art. 5º- El procedimiento de conciliación previa y obligatoria debe ser tramitado ante la Oficina de Conciliación prevista por esta Ley, utilizando los servicios de conciliadores registrados y habilitados como tales.

Art. 6º- Quedan excluidas del ámbito de la conciliación previa y obligatoria las siguientes causas: 1. Procesos de garantías constitucionales; 2. Diligencias preliminares, prueba anticipada y beneficio de litigar sin gastos. Si las mismas fueren interpuestas conjuntamente con una demanda, una vez resueltas aquellas por el Tribunal competente, para continuar con el trámite de ésta última será obligatorio para el litigante acreditar haber cumplido el procedimiento previsto en esta ley; 3. Acciones declarativas y de tutela preventiva; 4. Acciones reales y posesorias; 5. Procesos de prescripción adquisitiva; 6. Medidas precautorias y anticipatorias; 7. Procesos universales; 8. Procesos de jurisdicción voluntaria; 9. Procesos donde se ventilen cuestiones vinculadas con violencia de género; 10. Causas a iniciar contra entes y organismos del sector público provincial incluidos en la Ley Nº 9234 ***y municipios que hayan adherido a la misma; 11. Procesos de pequeñas causas; 12. Acciones colectivas o de clase; 13. Procesos en instancia única ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; 14. Procesos atípicos; 15. Reposición de títulos; 16. Rendición de cuentas en las que estén involucrados bienes de menores, incapaces o personas con capacidad restringida; 17. En general, todas aquellas cuestiones en que se encuentre involucrado el orden público o que resultan indisponibles para los particulares; 18. Causas a iniciar contra personas inciertas o de ignorado domicilio cuya citación deba ser practicada por edictos.

Art. 7º- La conciliación prejudicial será de carácter optativo para quien pretenda iniciar procesos de estructura monitoria, ejecuciones prendarias, acciones que derivan de relaciones societarias, tercerías de dominio y de mejor derecho y hábeas data. En tales casos, ejercida la opción, la conciliación prejudicial resulta obligatoria para ambas partes.

TITULO II: DE LA OFICINA DE CONCILIACIÓN CIVIL Y COMERCIAL.

Art. 8º- La OCC creada por esta Ley tendrá las siguientes funciones: 1. Confeccionar y actualizar la lista de conciliadores que actúen en su ámbito;

2. Organizar y supervisar el funcionamiento del procedimiento de conciliación; 3. Recibir las denuncias por infracciones de conciliadores en su actuación y comunicarlas a la Autoridad de Aplicación; 4. Registrar y relevar los datos pertinentes con el objeto de elaborar estadísticas útiles y confiables para el control de gestión; 5. Promover cursos de capacitación específica en materia de conciliación. 6. Disponer de las medidas relativas a la organización de la OCC, donde se incluirán los recursos humanos y materiales, así como las referidas a su funcionamiento.

Art. 9º- El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia, por intermedio de la Subsecretaría de Justicia, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 1. Fijar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la implementación, desarrollo y puesta en marcha de la conciliación civil y comercial en el territorio provincial; 2. Desarrollar programas de promoción de la autogestión de conflictos en los diferentes ámbitos; 3. Celebrar convenios con el Estado Nacional, estados provinciales, municipalidades y comunas, entes públicos y privados, cualquiera sea su naturaleza, que tenga por finalidad el cumplimiento, promoción, desarrollo y ejecución de los objetivos de esta Ley; 4. Crear el Registro de Conciliadores e inscribir en el mismo a los postulantes que hayan cumplido con los requisitos que se establezcan, y determinar las condiciones de admisibilidad y pautas de evaluación para su inclusión en el mismo; 5. Organizar el Registro de Conciliadores y llevar un legajo personal de cada uno de ellos; 6. Recabar y difundir los datos estadísticos de los procedimientos de conciliación a su cargo; 7. Aplicar, dentro de su ámbito, las medidas correctivas del accionar de los conciliadores a su cargo. En caso de corresponder, deberá remitir las denuncias recibidas contra los conciliadores al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores competente; 8. Aplicar sanciones y multas a las partes intervinientes en el procedimiento de conciliación; 9. Promover la capacitación continua y la especialización de los conciliadores y para el desarrollo de competencias específicas para el logro de la excelencia en el servicio que prestan.

TITULO III: DE LOS CONCILIADORES.

Art. 10-Para actuar como conciliador de la OCC será necesario: 1. Poseer título de Abogado con una antigüedad no inferior a cinco (5) años desde su matriculación; 2. Haber aprobado la formación para conciliadores a dictar por la OCC; 3. Realizar los cursos de capacitación permanente que disponga la Autoridad de Aplicación; 4. No estar incurso en las causales de prohibición e inhabilidad previstas en el Artículo 11º de la presente Ley.

Art. 11- No podrán intervenir como conciliadores quienes hubieran tenido vinculación por asesoramiento o patrocinio con cualquiera de las partes intervinientes en el procedimiento de conciliación durante el lapso de cinco (5) años anteriores al inicio del mismo. Cualquiera sea el resultado de la conciliación, los conciliadores no podrán patrocinar o representar a ninguna de las partes en cuestiones relacionadas al objeto de la conciliación realizada durante el lapso de dos (2) años desde que concluyó el procedimiento. La prohibición será absoluta y sin límite de tiempo si la eventual actuación profesional se refiere a la misma causa en que haya intervenido como conciliador. Tampoco podrán actuar como conciliadores quienes registren inhabilitaciones comerciales, civiles, penales o disciplinarias, estuvieren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o hubieren sido condenados con pena de prisión por delito doloso, hasta que obtengan la rehabilitación judicial o de los tribunales de ética correspondientes. En caso de darse los supuestos mencionados, no podrán ser incorporados al Registro de Conciliadores. El cargo de conciliador tiene una duración de cuatro (4) años, desde el momento que es nombrado por la resolución del concurso correspondiente. El nombramiento del conciliador finaliza de manera automática con el vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior. Sin perjuicio de ello, dicho cargo podrá ser renovado sin limitación en la cantidad de veces, siempre que el conciliador rinda y apruebe los concursos correspondientes.

Art. 12- Los conciliadores desempeñarán su tarea respetando las reglas éticas aplicables a los Abogados y Procuradores y en especial las siguientes pautas: 1. Informar a las partes desde el inicio del procedimiento de conciliación sus características conforme el Art. 3° de la presente Ley, efectos y roles de cada uno de los intervinientes, garantizando el entendimiento de las partes de dicha información;

2. Detallar los honorarios, costas y forma de pago; 3. Actuar antes, durante y después del procedimiento de conciliación con prudencia y veracidad, absteniéndose de generar o insinuar expectativas, promesas y garantías respecto de los resultados; 4. No forzar a ninguna de las partes a aceptar un acuerdo o a tomar decisiones;5. Finalizar la conciliación cuando lo solicite cualquiera de las partes; 6. Hacer entrega del acta de cierre protocolizada a las partes; 7. Abstenerse de recomendar a persona o profesional alguno para que asesore a las partes.

Art. 13- Finalizada toda conciliación por cualquiera de las formas previstas, en todas las sedes, el conciliador interviniente deberá confeccionar un formulario con información sobre el procedimiento realizado y remitirlo a la OCC para la elaboración de estadísticas, conforme lo determine la reglamentación.

Art. 14- Los Tribunales de Ética de cada Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, tendrán competencia para el conocimiento y juzgamiento de las infracciones a los regímenes éticos y disciplinarios de los conciliadores, aplicando las sanciones que correspondan conforme a la naturaleza, gravedad del hecho y antecedentes del infractor. El modo en que se ejercerá tal potestad será regulado por la normativa específica vigente y por la reglamentación que se dicte.

Art. 15- El conciliador deberá excusarse por las causales previstas para los jueces por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia y por cualquier otra circunstancia que comprometa su imparcialidad. La OCC deberá resolver la excusación de manera inmediata y, en su caso, se procederá a realizar un nuevo sorteo en ese mismo acto. Los conciliadores podrán excusarse por causales sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad, en cualquier momento del procedimiento de conciliación.

Art. 16- El conciliador sorteado solo podrá ser recusado por las causales previstas para los jueces en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada su intervención. La recusación con causa se tramitará ante la OCC, que deberá resolverla en el plazo de cinco (5) días hábiles y, en su caso, realizará un nuevo sorteo. La decisión de la OCC será irrecurrible.

TÍTULO IV: PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA DE CONCILIACIÓN CIVIL Y COMERCIAL

Art. 17- Para dar comienzo al procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, el requirente deberá presentar ante la Mesa de Entradas de la OCC un formulario de solicitud que deberá contener: 1. Nombre o Razón Social, tipo y número de documento de identidad, domicilio real, constituido y electrónico del requirente; 2. Nombre o Razón Social, tipo y número de documento de identidad -si lo conociere- y domicilio del requerido y de los terceros; 3. Los hechos en que se funda el reclamo; 4. El objeto del reclamo consignado con exactitud, debiendo precisar el monto, si fuere posible; 5. Nombre y matrícula del abogado patrocinante. En caso de carecer de recursos económicos suficientes, se procederá conforme se prevé en el Artículo 27. El requerimiento de conciliación podrá ser efectuado conjuntamente por ambas partes. Si el requirente no satisface los requisitos formales se ordenará el cumplimiento para dar curso a su pedido, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

Art. 18- Los conciliadores serán designados por sorteo público mediante un sistema que garantice la distribución equitativa entre los registrados conforme la presente Ley. En el caso de presentación conjunta, ambas partes pueden de común acuerdo proponer el conciliador, de entre los registrados. Cuando se encuentren involucrados intereses de niñas, niños y adolescentes, personas incapaces o con capacidad restringida, debe darse intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, de conformidad con los alcances previstos en el Artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tratándose de adolescentes y no obstante la intervención de sus representantes legales, deberán ser citados en forma directa y personal, posibilitando su intervención en el proceso conciliatorio. Las personas con capacidad restringida deberán ser asistidos por los respectivos apoyos designados judicialmente cuando así corresponda, de acuerdo a los términos de la sentencia que dispuso la restricción de su capacidad.

Art. 19- El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia instrumentará, en forma progresiva, un mecanismo de gestión electrónica del procedimiento de conciliación para el inicio del trámite, comunicación entre operadores del sistema y notificaciones, que garantice su celeridad y permita el monitoreo. A tales fines, el domicilio de las partes, terceros y conciliadores se integrará con el domicilio constituido y el electrónico. El requerido y los terceros, si los hubiere, deben denunciarlo en oportunidad de su comparecencia y los conciliadores al momento de inscribirse en el Registro creado en el ámbito de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial.

Art. 20- El conciliador que resultare sorteado no integrará nuevamente la lista de sorteos hasta tanto se designe la totalidad de los conciliadores registrados, salvo que haya debido excusarse o haya sido recusado.

Art. 21- Llevada a cabo la primera audiencia convocada por la OCC y dentro del plazo previsto para la conciliación, los conciliadores podrán convocar a las partes y a los terceros a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley. Cuando el conciliador advirtiere que resulta necesaria la intervención de un tercero, de oficio, a pedido de cualquiera de las partes o del tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de que participe del procedimiento de conciliación. El tercero cuya intervención se requiera será convocado en la forma y con las previsiones establecidas para la notificación a las partes.

Art. 22- Todos los actos vinculados al procedimiento de conciliación y sus consecuencias se notificarán al domicilio electrónico, salvo las excepciones previstas en la presente Ley. Igualmente, por acuerdo de partes, podrán utilizarse comunicaciones por redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea a efectos de agilizar el procedimiento, debiendo indicarse en tal caso los datos de perfil o contacto pertinentes.

Art. 23- Serán notificados en su domicilio por cédula u otro medio fehaciente: 1. El requerido, cuando no se haya presentado conjuntamente con el requirente a solicitar la apertura del procedimiento de conciliación y los terceros en todos los casos, hasta que constituyan domicilio electrónico, y 2. Las personas a las que no fuera posible notificar electrónicamente.

Art. 24- Las notificaciones deben contener, en lenguaje claro y accesible: 1. Nombre y domicilio del destinatario; 2. Indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia; 3. Nombre y firma de la autoridad competente; 4. Nombre y datos de contacto del conciliador designado; 5. La transcripción del apercibimiento de la sanción por inasistencia, el monto de la multa correspondiente y el plazo para efectuar el descargo; 6. La obligación de concurrir con asistencia letrada; 7. Información al requerido -en oportunidad de la primera notificación- para que, en el supuesto de no tener posibilidades económicas de contratar los servicios de un profesional letrado, pueda ser asistido por un Asesor Letrado, por un asesor ad hoc o solicitar conciliar sin gastos, con el detalle de los requisitos para cada alternativa, según determine la reglamentación; 8. Información al requerido sobre la posibilidad de suministrar el nombre y domicilio de los terceros que considere deben intervenir en el procedimiento de conciliación. Con la primera notificación deberá adjuntarse copia del formulario de requerimiento de conciliación.

Art. 25- La OCC deberá: 1) Fijar y celebrar la primera audiencia dentro de los quince (15) días hábiles desde que fuera solicitado el procedimiento, y 2) Notificar la fecha, hora y lugar de la realización de la audiencia a las partes y a los conciliadores, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles de dicha fecha. A partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Mesa de Entrada Virtual de la OCC, se suspende el plazo de la prescripción de la acción contra todos los requeridos, conforme lo dispuesto por el Artículo 2542 del CCCN, reanudándose dicho plazo a partir de los veinte (20) días corridos contados desde la celebración de la audiencia de cierre del procedimiento de conciliación previsto en esta Ley. La presentación de la solicitud ante la Mesa de Entrada Virtual de la OCC suspende el plazo de caducidad previsto en el Artículo 112 inc. VIII del C.P.C.C.yT. en el caso que existiera una medida precautoria, reanudándose dicho plazo a partir de los veinte (20) días corridos contados desde la celebración de la audiencia de cierre del procedimiento de conciliación previsto en esta Ley.

Art. 26- Si la primera audiencia no se celebrara por motivos debidamente justificados, la OCC deberá convocar a otra, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles desde aquella no realizada.

Art. 27- Las personas humanas deben concurrir personalmente con asistencia letrada. No pueden hacerlo por apoderado, excepto cuando les resulte imposible por causa justificada. Las personas jurídicas deben concurrir con asistencia letrada y participan por medio de sus representantes legales o autoridades estatutarias, con facultades suficientes para acordar, debiendo acreditar previamente la personería invocada. Las personas que gocen de derecho a acceso gratuito a la justicia, conforme normas nacionales o provinciales o que declarasen bajo juramento carecer de recursos económicos suficientes para contratar asistencia letrada, podrán solicitar que se les asigne los servicios de un Asesor Letrado o de un asesor ad hoc, conforme lo determine la reglamentación. Las personas humanas domiciliadas en extraña jurisdicción podrán participar por medio de apoderado. En aquellos casos en que las partes actúen mediante apoderado, estos deben acreditar facultades suficientes para conciliar. Los conciliadores pueden otorgarles un plazo a tal fin, vencido el cual se tendrá a la parte por no presentada.

Art. 28- El procedimiento de conciliación podrá realizarse vía telemática mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, especialmente cuando alguna de las partes manifieste su imposibilidad material de concurrir por razones de salud, distancia u otro motivo debidamente justificado, siempre que las partes involucradas tengan a su alcance los medios tecnológicos necesarios. El sistema de comunicación que se utilice deberá respetar los principios y garantías del procedimiento de conciliación.

Art. 29- De todas las audiencias se dejará constancia por escrito, consignando solo su realización, fecha, hora, lugar, personas presentes y fecha de la próxima audiencia. Esta constancia puede ser utilizada por los conciliadores como medio de notificación para las partes.

Art. 30- Si no pudiese llevarse a cabo el procedimiento de conciliación previo y obligatorio por inasistencia injustificada de alguna de las partes o los terceros a la primera audiencia, se impondrá una multa al inasistente equivalente al valor de 1/2 JUS. Cuando el inasistente sea el requerido, a voluntad del requirente podrá fijarse una segunda audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En caso de concurrir a la segunda audiencia el requerido quedará eximido de la multa. Si el requerido no concurre en esta oportunidad, los conciliadores labrarán el acta de cierre con los efectos previstos por la presente Ley. Cuando el inasistente sea el requirente, para el cumplimiento de la etapa, éste deberá reiniciar el procedimiento de conciliación, sin perjuicio de la aplicación de la multa. Cuando el inasistente sea un tercero citado en garantía o por ostentar interés legítimo, por acuerdo de partes se podrá dar continuidad al procedimiento de conciliación, sin perjuicio de la aplicación de la multa. Los conciliadores comunicarán la inasistencia del requirente, del requerido o de los terceros a la OCC, adjuntando el acta y el instrumento de notificación a la parte que no asistió. La OCC controlará la documentación, verificando que del instrumento surja inequívocamente la fehaciente notificación y, en su caso, emitirá el certificado de imposición de multa, intimando a su pago a la parte inasistente en el domicilio donde se cursaron las notificaciones. Notificada la multa, el sancionado deberá hacer efectivo el pago dentro del término de cinco (5) días hábiles, con lo que se dará por finalizado el trámite. La inasistencia a partir de la segunda audiencia será considerada una negativa a continuar con el procedimiento de conciliación y equivaldrá a la finalización del mismo sin acuerdo, salvo que los conciliadores dispongan una nueva citación, previa conformidad de la otra parte.

Art. 31- Una vez aplicada la multa, el inasistente podrá comparecer al procedimiento de conciliación y recurrir la sanción impuesta por ante la Subsecretaría de Justicia conforme los plazos y previsiones de la Ley Nº 9003.* En caso de no verificarse el pago y encontrándose agotada la vía recursiva, el certificado de deuda será título ejecutivo. La impugnación de la multa no suspende los demás plazos ni procedimientos establecidos en la presente normativa.

Art. 32- Respecto a los honorarios del conciliador serán de aplicación las siguientes disposiciones: a) Si no se hubiere arribado a un acuerdo, los honorarios serán 1/25 de JUS y se afrontarán con el Fondo de Financiamiento que establece la presente Ley; b) En caso de acuerdo, los honorarios serán 1/3 de JUS, debiendo quedar establecido el modo en que será cancelada esta retribución en el acto de darse por concluido el procedimiento de conciliación.

Art. 33- En caso de que las partes arriben a un acuerdo y salvo pacto en contrario, para la determinación de los honorarios de los letrados intervinientes se aplicará la escala del Art. 2 de la Ley Nº 9131 **sobre el total del monto transaccional. En caso que el acuerdo tenga por objeto la entrega de bienes u otro tipo de prestaciones no dinerarias, pero valuables y no existiere acuerdo entre las partes respecto de la valuación a los fines de la determinación de los honorarios, los abogados intervinientes deberán solicitar judicialmente su regulación en los términos del Art. 21 de la Ley Nº 9131 ante el Juez que hubiera resultado competente para entender en el conflicto conciliado. En caso que el objeto de la controversia no pueda ser valuado, los honorarios quedarán determinados en el monto mínimo previsto por el Art. 10 de la ley arancelaria.

Art. 34- Habiendo comparecido las partes, pueden individualmente y previa intervención del conciliador, dar por terminada la conciliación, en cualquier etapa del procedimiento. El conciliador interviniente, sin perjuicio del resultado del procedimiento de conciliación, deberá confeccionar el acta de cierre, que contenga: a) Los datos personales de los participantes del procedimiento; b) La cantidad de audiencias realizadas; c) El resultado de la conciliación o los términos del acuerdo, especificando los rubros acordados y, en caso de acuerdo parcial, también aquellos en los que no se arribó a acuerdo; d) Los honorarios del conciliador y de los abogados, y su forma de cancelación. En caso de no haber sido pactados expresamente, el conciliador deberá calcularlos conforme las disposiciones de la Ley Nº 9131; e) El monto de las tasas retributivas, aportes previsionales y derecho fijo del Colegio de Abogados que corresponda. El acta de cierre será firmada por todos los participantes del procedimiento de conciliación. En caso de negativa o impedimento de alguno de ellos, el conciliador deberá dejar constancia. Cuando el procedimiento de conciliación finalice sin acuerdo, el acta de cierre no incluirá ningún detalle del contenido de las audiencias, a excepción de lo dispuesto en el presente artículo. Cuando el procedimiento de conciliación finalice por inasistencia del requerido, el acta de cierre deberá contener el detalle de los domicilios, fecha y forma donde se cursaron las notificaciones y el resultado de las mismas. En todos los casos se entregarán copias a las partes.

Art. 35- El acta de cierre será protocolizada por la OCC. El acta de cierre constituye el Certificado de Cumplimiento del Procedimiento de Conciliación, que se debe acompañar a la demanda que dé inicio a las actuaciones judiciales que correspondan, salvo las excepciones previstas en la presente Ley. Una vez protocolizada, el acta de cierre será título ejecutivo a los fines del cobro de honorarios de conciliadores y abogados.

Art. 36- Solo se abonarán tasas retributivas, aportes previsionales y derecho fijo si el procedimiento de conciliación culmina con un acuerdo entre las partes. Los funcionarios públicos encargados de protocolizar el acta de cierre del procedimiento de conciliación serán responsables de la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las tasas retributivas, aportes previsionales y derecho fijo. Tendrán facultad para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios y estarán obligados, solidariamente con el contribuyente, al pago de la deuda tributaria de éste último, salvo cuando probaren que se les ha impedido o hecho imposible cumplir correcta y tempestivamente con su obligación. Comprobada la falta de pago de las gabelas, el funcionario encargado deberá emplazar al contribuyente o responsable para que las abone dentro del término de quince (15) días hábiles con más la actualización y/o recargos que correspondan. En caso que se configure la omisión, el funcionario deberá emitir el certificado de deuda y remitirlo a la repartición o entidad correspondiente, quienes podrán instar su ejecución. El formulario especialmente confeccionado a tal efecto deberá indicar el capital, el nombre y apellido del deudor, datos personales disponibles, domicilio y fecha de la mora. El certificado así expedido habilitará la ejecución de la deuda. Las gabelas integran las costas de la conciliación y serán soportadas por las partes en el modo y proporción en que hayan sido acordadas. No se deberá protocolizar ni archivar ningún expediente sin la expresa certificación del funcionario público de que se han abonado totalmente las gabelas o que se ha certificado la existencia de la deuda y la misma se ha notificado.

Art. 37- El acuerdo plasmado en el acta de cierre, suscripta por las partes, sus abogados y el conciliador interviniente, será ejecutable por el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias en el C.P.C.C.y T., sin necesidad de homologación judicial y con los alcances de la transacción previstos en los Artículos 1641, concordantes y siguientes del CCCN y Artículo 85 del C.P.C.C.y T. Solo será necesaria la homologación judicial para la ejecución del acuerdo en las causas donde deba efectuarse la inscripción registral de un bien o donde se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, personas incapaces o con capacidad restringida, conforme a la normativa vigente en la materia. En estos casos, el trámite de homologación propiamente dicho estará exento de Tasa de Justicia, aportes y todo otro gasto, sin perjuicio de lo que corresponda abonar por dichos conceptos en el procedimiento de conciliación, conforme las disposiciones de la presente Ley.

Art. 38- El plazo máximo para la conciliación será de treinta 30) días hábiles a partir de la primera audiencia. El plazo podrá prorrogarse hasta por otro igual, por acuerdo de las partes. Deberá dejarse constancia por escrito de la prórroga, con comunicación a la OCC.

Art. 39- Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior y, en su caso, la prórroga, se dará por terminado el procedimiento de conciliación, debiendo el conciliador labrar el acta de cierre correspondiente.

Art. 40- En todas las causas las partes podrán requerir la asistencia de expertos en la materia objeto del conflicto sin que sus conclusiones, salvo acuerdo de partes, puedan hacerse valer en juicio. Los expertos convocados estarán sujetos a las inhabilidades especiales que corresponden a los conciliadores y demás participantes del proceso. En caso de que las partes no designen de común acuerdo al experto, la designación se realizará por sorteo de las nóminas de peritos obrantes en el Poder Judicial de la Provincia. El pago de los honorarios de los expertos se establecerá de común acuerdo. Caso contrario, cada una de las partes lo soportará en partes iguales. Para el supuesto en que solo una de las partes hubiera propuesto al experto, los honorarios serán a su exclusivo cargo. Los expertos convocados de común acuerdo por las partes, antes de prestar el servicio profesional, harán constar por escrito los honorarios acordados y su forma de pago. A falta de acuerdo entre las partes y el perito sobre sus honorarios, quedarán determinados de la siguiente forma: en el caso de que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio, por aplicación de las reglas contenidas en el Art. 184 del C.P.C.C.y T. sobre la base del monto conciliado. Si el acuerdo transaccional tuviera por objeto la entrega de bienes u otro tipo de prestaciones no dinerarias, pero valuables, se tomará como base la valuación acordada para los honorarios de los abogados, salvo que no se hubiera logrado su determinación, en cuyo caso deberá solicitar el perito judicialmente su regulación ante el Juez que hubiera resultado competente para entender en el conflicto conciliado. Si el objeto de la conciliación no fuera susceptible de valuación, los honorarios del/los perito/s serán el equivalente a un cuarto (1/4) de JUS. De no arribar las partes a un acuerdo conciliatorio, los honorarios del/los perito/s serán equivalentes a un cuarto (1/4) de JUS para cada uno de ellos, los que serán a cargo de la parte proponente o solidariamente entre ellas si la labor pericial fue requerida por más de una parte, sin perjuicio de su derecho a reclamar su reembolso en el eventual juicio posterior que se inicie entre las partes, en cuyo caso integrará la condena en costas. Los expertos estarán sujetos a los plazos determinados por los conciliadores en cada caso, que deberán establecerse de modo razonable considerando el plazo máximo previsto en el Artículo 38 de la presente Ley.

TÍTULO V: FONDO DE FINANCIAMIENTO.

Art. 41- Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, un Fondo de Financiamiento que se destinará a la promoción, difusión y concientización sobre la utilización de la conciliación como método no adversarial de resolución de conflictos, así como al desarrollo de programas gratuitos de conciliación, de formación de conciliadores y promoción de centros privados.

Art. 42- La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y a tal fin se creará una cuenta especial en el Banco Nación titulada "Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia - Fondo de Financiamiento de Conciliación", cuya disposición estará a cargo de dicho Ministerio, rindiéndose cuenta en la forma en que lo prevé la legislación vigente.

Art. 43- El Fondo de Financiamiento se integrará con: a) Las partidas presupuestarias que se incorporen en el Presupuesto del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; b) Los montos provenientes de la aplicación de la multa por inasistencia injustificada prevista en la presente Ley; c) Los montos recaudados por el cobro de tasas retributivas de servicios por la OCC las que serán fijadas por Ley Impositiva de cada año; d) Donaciones y otros aportes de terceros; e) Toda otra suma que en el futuro se destine para integrar este fondo.

Art. 44- La presente ley entrará en vigencia en forma progresiva en las distintas Circunscripciones Judiciales en que se encuentra dividida la Provincia, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la existencia de un número suficiente de conciliadores inscriptos y habilitados, conforme se disponga por vía reglamentaria.

Art. 45- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firmantes JUAN CARLOS JALIFF -ANDRÉS LOMBARDI -JORGE DAVID SAEZ -MARÍA CAROLINA LETTRY

*Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza(año 2017)

** LEY de Aranceles de Abogados y Procuradores (año 2018)

*** LEY  de Acuerdos Transaccionales, Judiciales o Prejudiciales (año 2020)

® Liga del Consorcista

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