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ACCESO UNIVERSAL A INTERNET EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL

 
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Fuente:OEA+CIDH

Excelente, pero debe priorizarse que la energía eléctrica sea fluida y sin cortes



 

En su Resolución 1/20, la CIDH estableció como una de las obligaciones de los Estados frente a la pandemia la de “garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y con menores ingresos”. La Asamblea General de la OEA también sostuvo que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) son cruciales para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS

El acceso universal a una internet libre, abierta e incluyente depende fundamentalmente de las medidas positivas que los Estados están obligados a adoptar para alcanzar a las personas y grupos que por diversos factores (socioeconómicos, la ubicación geográfica, la edad, entre otros) no han podido acceder aún a la red global. Así también son cruciales las acciones y las medidas que adopten otros actores del ecosistema digital. Las empresas privadas, de telecomunicaciones y prestadoras de servicio en internet son cada vez más relevantes en el desafío de reducir la brecha digital. La sociedad civil y el sector académico están llamados a intervenir en la elaboración de marcos de referencia y propuestas alternativas — sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias — que contribuyan con hacer efectivo el derecho a la información.

01 Dado el contexto de la pandemia, los Estados deben acelerar los procesos de diseño e implementación de políticas públicas que garanticen a corto plazo tanto el acceso de calidad como el desarrollo de habilidades digitales a través la puesta en marcha de programas de alfabetización digital en perspectiva de derechos humanos. En esta línea, algunas medidas temporales y a corto plazo que deben adoptar los Estados, deben incluir: » Promover alternativas para que las empresas de telecomunicaciones no suspendan o corten los servicios por mora o falta de pago; » Suspender transitoriamente impuestos relativos a servicios de internet durante la vigencia de la pandemia; » Promover activamente el uso del espectro y facilitar licencias para el despliegue de redes locales y comunitarias; » Asegurar que toda política de acceso a internet incorpore tres principios: i) cobertura abierta y competitiva, sin limitación de acceso a contenidos y con total apego al principio de neutralidad de la red; ii) acceso a dispositivos en cantidad y calidades acordes a la necesidades de las personas y tomando en consideración sus vulnerabilidades físicas y socioeconómicas; iii) acompañamiento de procesos de alfabetización y desarrollo de competencias y habilidades digitales. » Trabajar en la ampliación y mejora de la cobertura de forma mancomunada tanto con grandes como pequeños operadores y con redes comunitarias. » Excepcionalmente, autorizar a los operadores a gestionar el tráfico que corre por sus redes durante la pandemia, en pos de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y el acceso permanente a contenidos esenciales relacionados con salud, información sobre COVID-19 educación remota y en general el acceso los contenidos habilitados o desarrollados por los Estados para la garantía de derechos. » Tomar medidas afirmativas y diferenciales que atiendan la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos de personas (comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y personas mayores, entre otros) de modo que puedan contar con la posibilidad de acceder a servicios básicos como educación, atención médica, oportunidades de trabajo remoto y contacto con sus familias.

02 Fomentar medidas educativas que permitan a todas las personas hacer un uso autónomo, independiente y responsable de internet.

03 No recurrir a bloqueos generalizados o a la suspensión de contenidos, aplicaciones o sitios web con el objetivo de combatir las noticias deliberadamente falsas sobre COVID-19.

04 Respetar y garantizar el derecho a la privacidad como principio orientador del entorno digital y como presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea. En este sentido, los Estados deben asegurarse de que el despliegue de tecnologías digitales que puedan limitar el derecho a la privacidad y libertades fundamentales en general sean establecidas por ley, tengan una finalidad definida y un plazo determinado, y sean evaluadas periódicamente en cuanto a su eficacia y riesgos de impacto.

05 Impulsar y fortalecer los mecanismos nacionales de gobernanza de internet.

06 Producir datos y estadísticas sobre los niveles de acceso a internet en todo el territorio que sirvan para orientar el diseño de políticas públicas, que incluyan como mínimo cifras desglosadas según provincias y zonas geográfica, género, edad y tipo de conexión. En particular brindar cifras sobre penetración de internet en comunidades vulnerables, zonas rurales, sectores históricamente discriminados y pueblos indígenas.

07 Impulsar el acompañamiento de órganos independientes de derechos humanos instituidos a nivel interno —como las Defensorías del Pueblo nacionales o Ombudspersons— en la planificación y el despliegue de políticas públicas sobre acceso y conectividad, que puedan brindar una perspectiva respetuosa de los derechos humanos en tales procesos.

® Liga del Consorcista

Tags: internet, OEA,

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