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Cambiar las leyes procesales antes que las de fondo: Una breve opinión sobre el proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

 
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A través del decreto 191 de febrero de este año 2011, el Poder Ejecutivo Nacional creó una Comisión encargada de elaborar un proyecto que unifique los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

Los considerandos del decreto mencionan unas cuantas sólidas razones para ello, y en líneas generales podemos decir que lo que se pretende con dicha unificación es actualizar la normativa, incorporando a la misma las transformaciones culturales a las que fuera objeto la sociedad toda, que han repercutido en las relaciones personales y comerciales.

Esta comisión está integrada por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y por Aida Kemelmajer de Carlucci, todos ellos juristas de fuste y Maestros del Derecho.

Ahora bien, desde ya debo decir que coincido en líneas generales con la iniciativa de actualizar y adaptar la normativa vigente a las nuevas circunstancias que afectan nuestra cotidianeidad.
En muchos casos lo normado por nuestros venerables Códigos resulta anacrónico.

Sin perjuicio de ello, en mi humilde opinión creo que a veces nuestros políticos pierden la perspectiva del ciudadano medio, y no se ponen en los zapatos de lo que podemos llamar la gente común.

Como ciudadana me interesa que la legislación esté acorde a los tiempos que corren, pero mucho más me interesa obtener una justicia rápida.
Evitar la lamentable dilación del expedienteo tribunalicio.
Si para reclamar la reparación de humedades en el techo de mi departamento, o solucionar un problema de ruidos molestos, debo hacer un juicio que durará por lo menos cuatro años, de nada sirve cambiar nuestra legislación de fondo.

El aparato del Estado debe estar al servicio de la gente, y no al revés.
Si se pusieran en nuestros zapatos, aunque sea brevemente, tal vez se percatarían de que las primeras normas que se deben actualizar son las procesales y no las de fondo.
El procedimiento escrito que consagra nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (copiado en todo o parte por muchas jurisdicciones del interior del país) es lento, anacrónico, y absolutamente obsoleto.

Los esfuerzos realizados en pos de incorporar los beneficios de Internet a los procedimientos judiciales no han sido suficientes hasta ahora, y falta aún muchísimo por hacer.

Es de esperar que nuestros políticos y, en su caso, mis colegas procesalistas, recojan el guante y trabajen para proponer la instrumentación de una justicia rápida, puesto que cuando ésta llega tarde y a destiempo, trae desazón, angustia y socava las bases mismas de la Democracia.

® Liga del Consorcista

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