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La inflación recurrente en Argentina es una espiral que inician los empresarios, cuando bajo la excusa de los aumentos de sueldos pactados en paritarias, los trasladan automáticamente a los precios de productos y servicios que envían al mercado, transformando cada mejora salarial, en un vil engaño.

Los gremialistas, que discuten los convenios colectivos con los empresarios, ejerciendo el derecho otorgado por la Constitución Nacional en su art. 14. bis, debieran exigir a éstos, que los aumentos de sueldos que conciertan, no sean trasladados a los precios, pues dichos montos deben salir de sus ganancias y no ser considerados meros gastos operativos. Sólo obrando de este modo se evitará la duda del ciudadano común, acerca de si acaso existe un acuerdo entre ellos que sólo tiene por finalidad acrecentar los aportes a los sindicatos, por un lado, y obtener ganancias adicionales para los empresarios, por otro.

Lo justo es que cada sindicato, discuta una participación equitativa en las ganancias, según la rentabilidad de su respectivo sector. Si bien el marco de discusión paritaria no tiene límites, el buen sentido indica que el problema de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que en eso consiste la inflación, afecta y concierne a toda la población en general y no sólo a cada gremio, y por lo tanto, es de incumbencia exclusiva del Estado Nacional, que es quien imprime la moneda, solucionarlo mediante correcciones generales.

El error de confundir aumentos de sueldo con corrección monetaria es, en el fondo, la verdadera causa de lo que se denomina exclusión social, y que en realidad, es la sistemática pauperización de todos los trabajadores en beneficio exclusivo de empresarios y dirigentes gremiales.