El día 6 de junio 2013 se publicó en el Boletín Oficial –conjuntamente con las nuevas escalas salariales– el texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 589/2010, con significativas modificaciones en su nuevo articulado.
La cláusula que me pareció realmente inquietante fue la siguiente:
“RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA
ARTICULO 33°: En virtud de la posible existencia de situaciones de violencia que se puedan suscitarse, las partes signatarias del presente se comprometen a canalizar las mismas conforme lo establecido por la legislación nacional vigente y demás normativa existente en materia de prevención y lucha contra todas las formas de violencia.
Al efecto, se propicia la creación y participación de las partes en redes de prevención y orientación en dicha materia.”
Al leerla –más allá de los errores de sintaxis que presenta– me pregunté cuál fue la percepción de las entidades signatarias del CCT para dar testimonio de posibles situaciones de violencia en el sector.
Qué datos de la realidad tuvieron en cuenta la FEDERACION ARGENTINADE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (FATERYH),la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES (UADI), la ASOCIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL(AIERH), y la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CAPHyAI), para redactar este artículo?
Perciben que las situaciones de violencia ya existen?
Que más que prevenirlas deben corregirlas?
Cuáles serían esas situaciones de violencia?
Qué las generaría?
Cómo harán para prevenirlas, moderarlas o erradicarlas?
Con serenidad y objetividad traté de imaginar cuáles serían esas situaciones.
A quienes tienen la suerte –como yo– de conocer excelentes encargados, trabajadores correctos y amables, les resulta difícil captarlas.
Sin embargo repasé mentalmente las muchas quejas que recibo de propietarios por tener encargados displicentes, que no cumplen su horario ni sus obligaciones legales y estatutarias, que no pernoctan en el edificio, que albergan en la unidad a gente extraña a su núcleo familiar, que tienen costumbres absolutamente reprochables, que no respetan a los propietarios, que se adueñan en forma inconsulta y arbitraria de los lugares comunes, que se ven obligados a pagarles cursos onerosos cuya razonabilidad no alcanzan a entender, que observan año a año mayores beneficios o ventajas laborales que no se acompañan paralelamente de mayores controles, que cada vez son más onerosas las cargas sociales -en particular las sindicales-, que contribuyen con sus expensas a pagar haberes notoriamente superiores a los que ellos mismos perciben, que...
Comprendí.
Se genera así una real situación de violencia con los consorcistas, que muchas veces también es de temor a represalias...
¿Es que viven con el enemigo en casa...?
Entonces me pregunté, por qué pasa esto en algunos consorcios?
Existe un culpable, al margen del trabajador de mala fe?
Quién debe controlar al trabajador del edificio?
No resulta ser el mismísimo administrador del consorcio?
Llegué a una triste conclusión: las entidades signatarias, que formalmente dicen representar a los administradores de consorcios, cubren su ineficiencia, con esta cláusula.
O por lo menos, pretenden soslayarla.
Pareciera que las situaciones de violencia (furia, ira, saña, disgusto, intemperancia, terror, etc.) les son ajenas.
De tal forma, dejan abierta la posibilidad de concertar con los entes sindicales nuevos gravámenes, o crear innecesarias instancias para gravar aún más las exhaustas arcas de los consorcios con meros fines recaudatorios.
A confesión de parte, relevo de prueba.