Recientemente, nos hemos enterado por los diarios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proyecta aplicar un fuerte incremento al monto del ABL.
Nada menos que cercano al 40%.
Nadie duda que existe inflación en el país y en consecuencia, el gobierno de la Ciudad tiene derecho a actualizar los gravámenes que aplica.
Pero también es cierto que los actos de gobierno tienen que estar precedidos de una serena reflexión para adecuarlos al sentido común y a la justicia.
Por otra parte, aplicar un aumento tan desmesurado, no puede justificarse con el argumento de que durante muchos años no los hubo.
El sentido común indica que si no se aplicaron reajustes fue, o porque no fue necesario, o por desidia de la Administración.
Es un principio general del Derecho que nadie puede alegar su propia torpeza.
Pretender corregir errores del pasado por esa vía sería como recetarle a un enfermo ingerir de golpe todo el medicamento que dejó de tomar durante años.
Respecto a la justicia, cabe reflexionar que el ABL no es un impuesto, cuya finalidad natural es financiar los gastos del Estado, sino que es una “tasa”; es decir, es el “precio” que el ciudadano paga por un “servicio” que el Estado le presta.
En este caso, el servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la ciudad.
Por lo tanto, de concretarse el aumento que se proyecta, debiera ser sopesado con la baja calidad del servicio que se presta.
Si bien es cierto que, como decíamos, la inflación existe, también lo es que la ciudad de Buenos Aires nunca estuvo tan sucia y mal alumbrada como en la actualidad.