Esta empresa y sus operarios, por negligencia, impericia o violación de sus deberes, causa daños reiterados y persistentes por varios días en Propiedad Horizontal.
Al cortar el suministro eléctrico en consorcios de altura, hace perder lo existente en la heladeras de todos los ocupantes (tremendo reponerlo dada la alta inflación), los deja sin uso de ascensor, les quita la posibilidad de refrigerarse con el calor excesivo que se está soportando en este febrero 2023, a las personas mayores o con problemas de salud o de movilidad les impide salir de las unidades funcionales, dificulta el acceso de terceros (médicos, enfermeros, parientes, amigos), ETC.
Una angustia rayana en la desesperación.
Lo peor es que el corte de suministro deja a la gente sin agua.
En efecto, para que el agua suba a los tanques de alimentación general, resultan imprescindibles bombas, que funcionan con electricidad.
El agua hace a la salud pública y no es posible cortarla. Si alguien debe el pago del servicio de agua y cloacas, se lo ejecuta, pero no se le corta el suministro. Esa pudo ser una de las razones empresarias de la implementación del servicio de pago global en consorcios.
El desamparo de la gente es total, no tiene forma de revertir la situación, nadie escucha y a nadie parece importarle lo que pasa. El consumidor de dicho servicio público es un rehén de la empresa.
Ante esta caótica y angustiante situación, me pregunto si no habría lugar a una tipificación penal a los responsables, es decir si la ominosa actuación de la empresa no importaría –además- una conducta delictiva.
El ENRE TIENE LA PALABRA Y LA RESPUESTA.