Hoy, cuando la inflación devora los salarios y las esperanzas de la gente, cuando se pierden fuentes de trabajo, cuando muchas pymes cierran, los consorcios sufren particularmente esta situación.
Los consorcistas pagan con suma dificultad los servicios públicos de luz y gas, porque si no lo hacen se les suspende el suministro; pero muchos dejan de pagar las expensas porque en la disyuntiva económica de soslayar algún pago, lo menos riesgoso para el presupuesto familiar es ser morosos en las obligaciones consorciales.
Esto lleva a que los demás consorcistas soporten con mayor presión gastos consorciales ineludibles, como el pago de sueldos y cargas sociales al personal de encargados, la facturación global de AySA, los arreglos de ascensor, las reparaciones edilicias, etc.
La situación suele ser caótica.
No obstante hoy, cuando se escuchan voces altisonantes y destituyentes, pese a la razonabilidad de muchos reclamos auténticos, resulta imperioso sentir la PATRIA y no olvidar la manda expresa y clara de la Constitución de la Nación Argentina:
Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.
Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29*, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos.
Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
*Art.
29..........
Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
PENSEMOS........