Pasan los años, pasan los gobiernos y el Ordenamiento Jurídico Argentino sigue ostentando esa mancha de iniquidad que a ninguno de los tres poderes del Estado parece conmover, sea quienes fueren los administradores de turno.
Me refiero al injusto sistema de negociaciones paritarias que año a año va deteriorando la Propiedad Horizontal, alejándola cada vez más del bolsillo medio de la población.
Un sistema que sólo beneficia al Sindicato de Encargados, desvirtuando las bases mismas del sistema jurídico laboral de nuestro país.
Un sistema calcado del régimen de negociación salarial colectiva ideado para actividades empresarias, y que sin embargo se aplica a rajatablas sobre vecindades de gente trabajadora, como si el Consorcio de Propietarios fuese una empresa más dedicada a alguna actividad civil o económica.
Un sistema basado únicamente en la necesidad de proteger la tarea de limpieza de los edificios y, sobre todo, de agremiación de sus afiliados, con total ignorancia de las grandes diferencias que apartan a la Propiedad Horizontal del régimen de negociación salarial común, a saber:
# Como decíamos, mientras que en todos los demás convenios colectivos de trabajo la parte patronal son las empresas con alguna finalidad y actividad específicas lucrativas, en los Consorcios no se desarrolla ninguna actividad, porque son sólo conglomerados de familias que comparten un techo común.
# Ello trae aparejado una segunda gran diferencia: mientras que los empresarios pueden asimilar cada aumento otorgado a sus empleados trasladándolo sencillamente al precio de los bienes y servicios que ofrecen al público, los consorcistas deben sacar de sus salarios cada aumento otorgado a los empleados del consorcio, los cuales no siempre se equiparan a los salarios de los empleados.
Piénsese solamente en la gran cantidad de jubilados y pensionados, cuentapropistas o empleados con haberes mínimos que componen esos consorcios.
# Todo ello agravado por una tercera y la más perversa de las características de esas paritarias: que quienes se sientan a negociar todos los demás convenios colectivos son cámaras empresariales elegidas e integradas por cada industria, comercio o actividad específica, mientras que quienes se sientan a negociar a nombre de los consorcios no son los consorcios mismos, sino tres entidades de "administradores" de consorcios, a los que los consorcios les pagan para administrar, y que, siendo nada más que administradores, se atribuyen el derecho de representar a los consorcios en la discusión que determina lo que éstos deberán pagar a sus empleados.
Situación verdaderamente exasperante para la población en general y escandalosa e inicua en cualquier régimen legal del planeta.
# Mientras que en las empresas existen pocos empleadores y muchos empleados, en los Consorcios es al revés, existen pocos empleados y muchos empleadores.
# La situación cobra aún más relevancia cuando comprobamos que en cada liquidación de expensas, el rubro "salario de Encargados y Cargas Sociales" equivale a más del 60% de la totalidad de los gastos de cada consorcio, lo que si descontamos los insumos por mantenimiento, apenas si quedan fondos para mejorar las instalaciones y fachadas y sobre todo, para cumplir con la obligación de reparar balcones y saliencias.
Todo ello ocurre en nuestro país, afectando a la enorme mayoría de la población de los centros urbanos que vive en edificios de Propiedad Horizontal.
Desde hace 22 años, la Liga del Consorcista viene bregando por una legislación adecuada que termine con ese régimen oprobioso.
Hemos hecho innumerables proyectos de reformas legislativas, peticiones a los sucesivos Ministros de Trabajo y Legisladores, y hemos puesto en el ojo de la opinión pública la necesidad de terminar con tamaña injusticia.
La pregunta que simplemente nos hacemos ahora, en medio del molesto aluvión de publicidades partidarias, en víspera de elecciones, es: ¿Hasta cuándo?
¿Es que deberíamos entender que no cabe otro camino que recurrir a medidas de fuerza, como por ejemplo, dejar de pagar el ABL o alguna acción similar?
Esperamos sinceramente que prive el sentido común y los Partidos Políticos se decidan a tomar en serio el problema, produciendo prontamente una legislación que corrija tales abusos.