Llos actores, M.
M.
V.
y S.
P.
M.
R.
inician la presente acción de amparo en los términos de la ley 2145 contra la OBRA SOCIAL PROTEGER SALUD, a fin de que proceda a afiliar a la coactora en su carácter de conviviente del primero (afiliado a dicha Obra Social).Sustentan su pretensión en las disposiciones de la ley nacional 26.660, ley de la Ciudad 2894 (art.
44), decreto 259-GCBA-09, entre otras normas.En síntesis, luego de cuestionar la legitimidad de todos los recaudos impuestos por la obra social demandada, consideran que es clara la obligación impuesta a las obras sociales respecto de la obligación de afiliar a los convivientes, sin requisito de tiempo mínimo, pues sólo podrían exigir que se cumpla con lo establecido en el “Manual del Beneficiario de Obras Sociales”, emitido por la Superintendencia de Servicios de Salud, a saber: DNI del titular y del concubino/a; información sumaria (certificado de Convivencia); recibo de haberes del titular y carnet de su obra social.
Califican este incumplimiento no solo de arbitrario e ilegal sino de altamente lesivo ya que expone a una persona a un riesgo innecesario.Solicitan como medida cautelar la inmediata afiliación de la SRA.
M.
R., Luego de analizar la ley 23660, el juzgado señala que el decreto 259-GCBA-09 aprueba el Estatuto Constitutivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana, que como anexo forma parte de ese decreto (art.
1°) e instruye al Consejo Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana a solicitar la adhesión de la Obra Social al Sistema Nacional de Seguro de Salud en los términos de lo establecido en el artículo 1° incisos g) y h) de la Ley Nacional N° 23.660 (art.
2).La OSPM, mediante resolución UGA 1/2014 (v.
fs.
17/8), habría desestimado el planteo de los actores por cuanto la obra no se encontraría incluida en forma expresa dentro de las disposiciones de la ley 23.660 y por lo tanto tampoco integraría el Sistema Nacional del Seguro de Salud, por lo que dicha norma sería de aplicación supletoria.
Dicha resolución agrega que la reglamentación a que hace referencia el art.
9 de la ley 23.660 es la de la propia OSPM y no la de la Superintendencia de Servicios de Salud.
De este modo, señala que los requisitos que establece el Reglamento de la OSPM resultan ser los establecidos en la ley 24.241 en orden a la definición de los derechohabientes en el ámbito previsional.Es decir al no haber descendencia se requieren 5 años de convivencia acreditada.
El juez actuante entiende que , la exclusión sin más de dicha normativa del ámbito local por disposición del Consejo Directivo y teniendo en cuenta la restante normativa aplicable, carecería a priori, de razonabilidad, en esta esta etapa del proceso, con los elementos obrantes en autos y sin perjuicio de los que en definitiva se resuelva en la sentencia de fondo.
Por ello acreditada la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela juratoria, el juzgado resuelve HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada.y en consecuencia ORDENAR A LA DEMANDADA que incorpore en forma inmediata como beneficiaria de la OBRA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA – PROTEGER SALUD a la coactora S.
P.
M.
R., DNI xxxxxxxx, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos