La Máquina de Inflación y el Nuevo Pacto Social
Señora Presidenta:
Ante todo, reciba nuestras felicitaciones y los mejores augurios para su nueva gestión, los que se lograrán sólo si cada uno se dispone a hacer un aporte sincero en la medida de sus posibilidades, si es que realmente nos interesa el país y no la cuota de mezquindad que podamos tener.
Con el mejor espíritu de colaboración, permítame acercarle un par de ideas acerca de un peligro que en forma recurrente, ha conspirado contra gobernantes y gobernados durante gran parte de nuestra historia: la pérdida constante de valor que sufre nuestra moneda debido a un continuo y artificial aumento de precios de bienes y servicios en general.
Me refiero a esa enfermedad del signo monetario llamada “inflación”.
Todos sabemos que es falso que la causa de la misma sean los aumentos de salarios, como también lo es que congelándolos se logra detener la escalada de precios.
Pero también es verdad que apenas se anuncian nuevas discusiones paritarias, las empresas proceden a prepararse a incrementar sus precios a fin de trasladar al consumidor los eventuales nuevos aumentos de salarios que van a tener que desembolsar como consecuencia de aquellas negociaciones paritarias.
El sistema de convenios colectivos de salarios tal como hoy está organizado, es un círculo vicioso del cual siempre sale perdiendo el consumidor.
Empresarios y sindicalistas pactan mayores salarios, pero inmediatamente los primeros trasladan esos aumentos a los precios de sus productos y servicios.
El resultado es beneficioso para ambos negociadores, porque las empresas salen ganando al cobrarle a todo el mundo los nuevos aumentos que deberán darle a sus empleados.
Y los sindicatos, por su parte, también salen beneficiados con los mayores aportes gremiales que esos aumentos significan.
Esta historia la hemos sufrido con demasiada frecuencia durante años y no podemos ignorarla.
Lo que llama poderosamente la atención es que no se haya reparado que de ese juego, sin duda perverso, es la población de asalariados en general la que se ve perjudicada, pues el aumento del salario logrado sólo rinde el primer mes.
A partir del segundo, los empleados resultan ser más pobres que antes frente al automático aumento de precios subsiguiente.
Por no hablar del deterioro que esa inflación produce en los sueldos de jubilados, obreros rurales y beneficiarios de planes sociales.
Quién le pone el Cascabel al Gato? Los incrementos concertados en las mesas de negociaciones colectivas de salarios, pues, terminan siendo un engaño a la población y un problema mayor para cualquier gobierno.
Ganamos más, pero al mes siguiente, cuando vamos al supermercado, comprobamos que el nuevo sueldo alcanza menos que antes.
Es cierto que el Estado ha subvencionado ciertos gastos como gas, luz, transporte, etc., pero ese método no puede ser duradero en una economía sana.
Todos sabemos que más tarde o más temprano, esos subsidios habrán de terminar y la realidad golpeará aún más duramente el bolsillo medio.
A ese brusco choque con la realidad se lo suele llamar “costo político”, aunque tiene más de económico que de político.
En rigor de verdad, el pacto entre corporaciones que lo origina, podría ser considerado ilícito en cuanto provoca una injusta transferencia de riqueza desde los sectores más pobres, hacia los bolsillos de empresarios y sindicalistas.
Los buenos salarios son, sin duda alguna, el eje de la reactivación económica.
Pero los mejores esfuerzos que se hagan desde el gobierno para aumentar el poder de compra de los trabajadores se ven frustrados si se permite a los empresarios, como decíamos, trasladar a los precios las mejoras que otorgan a sus trabajadores con la excusa de que “todos somos víctimas de la inflación”.
Sin ninguna duda, ese fenómeno es la principal fuente de la exclusión social, porque cuando hay inflación, los trabajadores se empobrecen y los dirigentes se enriquecen.
Gana el salario en un aparente aumento de cifra, pero pierde inmediatamente poder de compra.
En verdad, el actual sistema de Paritarias es una máquina de socavar gobiernos produciendo empresarios y gremialistas ricos, y asalariados pobres.
No caigamos en la trampa de siempre: La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario, y si esto ocurre, es fundamentalmente porque empresarios y gremialistas establecen incrementos salariales que sólo sirven para justificar aumentos de precios.
Se hace necesario que las discusiones entre corporaciones de empleados y empleadores se limiten a las condiciones de trabajo, incluyéndose la participación de los empleados en las utilidades de las empresas, como lo ordena la Constitución Nacional en su Art.
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bis. Con artera ingenuidad, las negociaciones paritarias proclaman ser un paliativo de la “inflación”, cuando en realidad, la ocasionan.
Los gremios deben requerir a las empresas el compromiso de sufragar los nuevos aumentos con sus propias ganancias y no trasladándolos a los precios.
Si no lo exigen, es obvio que sólo les interesa embolsar mayores contribuciones.
Si bien es necesaria una ley para reglamentar la participación de los empleados en las ganancias de las empresas, la instrumentación de ese texto constitucional –por demás claro- debe provenir de cada mesa negociadora en cada sector de la economía, en relación a la rentabilidad de cada actividad.
Sólo de esta manera los aumentos pactados serán verdaderamente tales y no ficticios.
Y en caso de producirse inflación por otros motivos, lo que corresponde, es que sea el Estado, en su carácter de emisor de la moneda, quien corrija uniformemente el monto de todos los haberes, por ser la inflación un mal que aqueja a toda la población que vive de un ingreso fijo por igual.
¿De qué vale –por ejemplo- que los empresarios gastronómicos les hayan concedido un 30 % de aumento a sus empleados, si inmediatamente han aumentado sus servicios al público en una proporción harto mayor? Eso pasa en todos los sectores de la economía.
Las discusiones salariales encaradas de esa manera son el verdadero factor inflacionario, un estorbo a la gobernabilidad, la principal causa de exclusión social y uno de los principales escollos del despegue argentino.
Si en la primera época de Perón, para consagrar la justicia social bastaba simplemente con fomentar el acuerdo entre las asociaciones de empresarios y de trabajadores, hoy se impone la necesaria participación del poder público en defensa de toda la comunidad, evitando consecuencias indeseables nacidas del interés común que comparten ambos negociadores, en desmedro de la población.
Señora Presidenta, su alianza directa con el pueblo, nacida del contundente beneplácito que la población le ha brindado a su gestión, le otorga poder y legitimación suficientes para ponerle el cascabel a esos gatos corporativos, principales responsables de la inflación crónica de nuestro país.
Impida que la historia se repita una vez más.
No bastan los forzados controles de precios, ni los escamoteos de cifras estadísticas para detener la espiral inflacionaria.
Antes bien, no hacen más que acelerarla.
Sus asesores debieran comprenderlo.
El Ministerio de Trabajo, habituado a homologar los convenios colectivos teniendo en cuenta solamente el interés de ambos negociadores, debe actuar como defensor del bien general de la población, absteniéndose de convalidar acuerdos que excedan lo único que se debiera pactar allí: las condiciones de trabajo y en qué medida las empresas deben compartir sus ganancias con sus empleados.
Señora Presidenta: Confío en que esta opinión, proveniente de nuestra modesta ONG y absolutamente desinteresada, pueda llegar a sus oídos.
Y aunque sé que algunos pretenderán etiquetarme políticamente, vuelvo a desearle buena suerte en su gestión simplemente en mi condición de argentino y para el bien de la República.
Pasadas las elecciones, un solo cometido ha de unirnos a todos, que es el de trabajar de buena fe para hacer de nuestra Nación, de una vez por todas, la gran potencia a que está destinada por su geografía, por los sueños de nuestros abuelos inmigrantes y por la sangre de nuestros mártires.
Afectuosamente,