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¿QUIÉN DEFIENDE AL CIUDADANO COMÚN?

 
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La clase política cree que todos los ciudadanos tienen que “participar”, cada uno dentro de un grupo de intereses propio y confiar en sus dirigentes, que son las personas que los representan.
Simpáticos, hábiles y confiables.
Y piensan que por ese camino, la sociedad llega a organizarse sola, sin mayores esfuerzos.
Con ese esquema de pensamiento, vive en una realidad de ficción, donde lo único que existe son grupos de intereses, asociaciones, cámaras, partidos, frentes, coaliciones, etc.
y la vida se reduce a una puja entre esos grupos por conquistar espacios de poder.
No importa si son representativos o no, ni tampoco la cantidad de miembros que las integran.

No hay lugar para el ciudadano común en ese país de fábula que sólo existe en sus cabezas.
Pocos piensan en el “común laburante”, ese hombre o mujer de carne y hueso a quien el día entero se le va en trabajar y viajar.
De casa al trabajo y del trabajo a casa.
Y que cuando llega a su hogar, cae reventado en la cama.
Y su participación ciudadana no consiste en asistir a reuniones interminables, sino en hacer bien su trabajo.
Eso es participar para él, y esa es la única contribución que hace a una nación, grande.

Tampoco hay lugar para razones o valores, los cuales suelen ser reemplazados por estadísticas y encuestas de popularidad porque creen que es lo único que cuenta.
Para ellos, ser político consiste simplemente en luchar por el poder y no en trabajar, produciendo, discutiendo y ejecutando proyectos que hagan al bienestar de toda la comunidad.
Olvidan que son las ideas y las obras lo que trae aparejado prestigio y poder, y no a la inversa.
Y que los destinatarios de ese esfuerzo son el señor José o la señora Clara, que van a hacer un trámite a una administración pública y no los atienden como corresponde.
Son los ciudadanos comunes que, confiados en los servicios públicos, cuando llaman por teléfono a las oficinas correspondientes se encuentran con un disco que les informa que “todas las líneas están ocupadas”, o con una musiquita que se repite de manera exasperante.
O peor, cuando entran a las páginas web de estas megaempresas de servicios, no encuentran allí ni siquiera quiénes son sus directivos.

Es el ciudadano o la ciudadana que está en su domicilio trabajando o descansando y debe atender llamadas telefónicas de variadas corporaciones ofreciéndoles tramposas ofertas para la adquisición de bienes o servicios que no necesita y hasta propuestas partidarias en épocas de elecciones…Ese es el destinatario genuino de toda organización política.
Claro está, cuando la política está bien entendida.

Lo que decimos no es una crítica puntual a ningún político ni funcionario en especial.
Se trata de señalar un error de concepto que afecta a la enorme mayoría de ellos.
Si la actividad política no sirve en última instancia al ciudadano común, no sirve.
Así de sencillo.
Mejor dicho, sirve a los intereses de los grupos de amigos que, pasando por alto jerarquías, funciones, constituciones y leyes, se encuentran periódicamente en asados domingueros y manejan el país a su antojo.

Pero como no es nuestro estilo criticar sin proponer, instamos a todos los que ejercen, en alguna medida, el poder o aspiran a ejercerlo, a tener en cuenta cosas como, por ejemplo:

  • Que la gente quiere ver que el dinero de sus impuestos se gaste en obras de bien común y no en publicidad estéril.
    ¿Alguien ha calculado todo lo que se gastó en propaganda con motivo de las últimas elecciones? ¿Habrán meditado seriamente los políticos en la conveniencia de insistir en malgastar el dinero de todos en tantos carteles coloridos y rientes? ¿Seguirán, cada uno, ofreciéndose a sí mismo como el mejor, sin aportar ideas? ¿Se han dado cuenta, acaso, que los ciudadanos tienen discernimiento propio y que la publicidad no sirve para cubrir la ausencia de idoneidad?

  • Que se gaste para organizar un servicio de Justicia rápido y confiable.
    ¿Alguien sabe cuántos años tarda normalmente el trámite de un juicio ordinario? ¿A alguno de ellos, verdaderamente, le importa las condiciones en que se imparte justicia y la lentitud calamitosa de los expedientes?

  • Que se gaste en simplificar el sistema impositivo.
    ¿Alguien se pregunta porqué cambian permanentemente las reglas burocráticas que lo rigen?

  • La ciudadanía necesita también que se auditen todas las corporaciones que viven de aportes obligatorios.
    Especialmente gremios y colegios profesionales.
    Que demuestren cómo emplean el dinero aportado obligatoriamente por los ciudadanos.

  • Que se termine el escándalo de la corrupción de la juventud reglamentando como corresponde las famosas “discos”, imponiéndoles controles y horarios decentes.

  • Que se nacionalice el negocio del juego, cuyas ganancias debieran ir íntegramente a hospitales y escuelas.

  • Que los cuerpos legislativos detengan la profusión de leyes redactadas sin conocimiento de la legislación ya existente en cada materia.

  • Que cuando hablan del derecho a manifestar que ejercen ciertos grupos obstruyendo calles, tengan en cuenta que estamos en un país organizado, con autoridades legítimamente elegidas por el pueblo.
    Y que si alguien debe recibir la protesta, deben ser los legisladores y representantes, y no el ciudadano común.

  • En fin, que cuando hablan de derechos, recuerden que detrás de cada uno, siempre existe una obligación, o una responsabilidad.
® Liga del Consorcista

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